El constitucionalista Carlos Iván Gorrín Peralta advirtió sobre el impacto legal, administrativo y ético de las designaciones fallidas en el gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón, y planteó que el retiro consecutivo de nominaciones sin completar el gabinete principal ha provocado una situación inédita de disfunción en el gobierno.
“La Constitución ni siquiera contempla esa posibilidad del retiro de nombramiento, porque se supone que los nombramientos vienen avalados por un proceso previo de investigación”, sostuvo Gorrín en entrevista en Metro al Mediodía, en referencia a los tres nombramientos que fueron retirados en apenas 16 días, entre ellos los de Verónica Ferraiuoli y Janet Parra.
PUBLICIDAD
Aunque afirmó que “constitucionalmente no hay ningún problema” con los retiros en sí, Gorrín explicó que el patrón repetido refleja fallas graves en el proceso de selección. “Esto nunca ha ocurrido en la historia constitucional de Puerto Rico”, subrayó.
El también catedrático de derecho indicó que, a más de cuatro meses de iniciada la administración González Colón, aún no se ha conformado un gabinete completo. “Ya han transcurrido tres cuartas partes de la primera sesión ordinaria y todavía no tenemos un gabinete completo. Faltan los dos cargos que pueden suplir la vacante de la gobernación: la Secretaría de Estado y la Secretaría de Justicia”, expresó.
Actualmente, ambos puestos permanecen vacantes. En el caso del Departamento de Estado, el último nominado, Arturo Garffer, fue descartado luego de que la Comisión Estatal de Elecciones confirmara que no cumple con el requisito constitucional de residencia en Puerto Rico por los últimos cinco años. En ausencia de un secretario de Estado confirmado, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, funge como gobernador interino cuando la mandataria se encuentra fuera de la isla.
Gorrín reiteró que el artículo IV de la Constitución exige al secretario o secretaria de Estado cumplir con los mismos requisitos que la persona que ocupa la gobernación: ciudadanía estadounidense, al menos 35 años de edad y residencia en Puerto Rico por cinco años. “Es un requisito impuesto por la Constitución que no puede faltar”, dijo.
Sobre el caso de Garffer, el constitucionalista criticó que el nominado invocara el animus revertendi —la intención de regresar a un domicilio anterior— como justificación para validar su residencia. “La Constitución de Puerto Rico habla de residencia, y residencia es presencia física”, puntualizó.
PUBLICIDAD
A juicio del catedrático, la situación refleja improvisación, negligencia o incluso favoritismo.
“O es incompetencia o es mala voluntad en la gestión gubernamental”, afirmó, al comentar sobre los múltiples nombramientos retirados. Añadió que el proceso de selección ha carecido de escrutinio riguroso y podría estar limitado a un círculo estrecho de allegados.
“Parece que el banco [de talentos] no era de 7,000 como se había anunciado. O parece que no se pusieron a examinar bien los currículum vitae de esos 7,000 y se ha limitado todo a la camarilla de amistades”, opinó.
Algunos nombramientos, como el de Garffer —militar en funciones en el extranjero— podrían responder a estrategias para generar impresiones favorables ante el gobierno federal, sugirió.
“Uno se pregunta si todo esto no ha sido quizás intencional. Por ejemplo, designar a un militar en funciones podría perseguir el propósito de impresionar positivamente al Gobierno de los Estados Unidos”, comentó.
Gorrín también alertó sobre la falta de alternativas listas para ocupar los cargos más altos del Ejecutivo.
“O son superpersonas, superhombres o supermujeres, o sencillamente no hay gente suficiente de buen calibre que esté dispuesto a colaborar con el gobierno porque se sabe que va a ser un desastre”, dijo.
Para el profesor, la situación del gabinete incompleto no es solo un problema de procedimiento. Afecta directamente la capacidad del gobierno para operar con estabilidad. “Yo estoy profundamente preocupado. Se supone que al principio de su incumbencia, la persona que ocupa la gobernación forme un gobierno. Eso ocurre usualmente en uno o dos meses”, indicó.
Consultado sobre cómo definiría el estado actual del aparato gubernamental, Gorrín respondió con una sola palabra: “Disfuncional”. Añadió que la estructura encargada de garantizar la legalidad en las designaciones —La Fortaleza— ha fallado en su deber más elemental.
“El sistema, la estructura gubernamental, está fallando. La gente se está empezando a preguntar: ¿Adiós, cara? ¿Esto no iba a ser un gobierno distinto? Bueno, distinto es, porque esto nunca ha pasado”, comentó.
Puede ver la entrevista completa aquí:
