En momentos en que la Autoridad de Puertos le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una extensión hasta el 2041, sin subasta, del contrato de escaneo de furgones con la compañía Rapiscan Systems, Inc. (“Rapiscan”), la senadora Joanne Rodríguez Veve presentó una resolución para investigar todo lo concerniente a este contrato y solicitud de extensión.
En su origen, se justificó la otorgación de este contrato en el 2009 como una herramienta de seguridad con el objetivo de identificar armas, material explosivo y drogas, entre otros factores de riesgo. No obstante, se ha cuestionado públicamente la efectividad de este contrato en la consecución de los objetivos descritos.
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Por otra parte, el contrato en controversia ha sido objeto de críticas por parte del sector productivo del país, que planteado que el mismo ha implicado un costo injustificado de más de $20 millones de dólares anuales. Este costo no solo afecta directamente a los importadores, sino que, se convierte en un tipo de impuesto que termina pagando el consumidor.
A esto se le suma los señalamientos de la Oficina del Contralor, que ha identificado cláusulas contractuales que benefician a Rapiscan. El Informe Especial número CP-19-04 del Contralor señala que, mediante enmiendas al contrato original, se estipuló pagar a la compañía contratada una tarifa base por el 100% de los furgones que entran al puerto independientemente de que estos sean inspeccionados o no.
“La eficiencia y la reducción de costos en los servicios gubernamentales deben ser una prioridad para este gobierno. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad evaluar el contrato en controversia de manera tal que aseguremos que no se ignore el interés público, ni se encarezca la vida de nuestras familias sin un retorno significativo para la seguridad y la economía”, puntualizó Rodríguez Veve.
Aspectos clave de la investigación ordenada
La Comisión de Gobierno del Senado analizará múltiples áreas, entre ellas:
- La efectividad y el costo de los servicios brindados desde 2009.
- Las justificaciones para extender contratos hasta 2041 sin procesos de subasta competitiva.
- Impacto económico y su relación con la competitividad de las empresas locales y el costo asumido por los consumidores.
- La legalidad de las contrataciones y alineación con leyes locales y federales.
