La organización EDUCAMOS denunció esta semana que el Departamento de Educación no respetó el compromiso de establecer un máximo de 15 estudiantes por grupo en su nueva Carta Circular de Organización Escolar, lo que ha generado preocupación entre el magisterio por el impacto que esto podría tener sobre la calidad educativa, especialmente en el Programa de Educación Especial.
La Carta Circular, enviada el 13 de enero de 2025, establece el 31 de mayo como fecha límite para completar los procesos de revisión de los Planes Educativos Individualizados (PEI). Sin embargo, representantes de EDUCAMOS sostienen que dicha circular evade el compromiso previo del Secretario de Educación, Víctor Ramos Otero, de reducir la cantidad de estudiantes por salón.
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“El proceso de organización escolar tiene que garantizar el mejor servicio educativo a nuestros estudiantes en todo el archipiélago”, expresó la organización en un comunicado. Cuestionaron además que el enfoque administrativo actual favorezca el cierre de planteles escolares bajo el argumento de la baja matrícula, en vez de abordar las causas sociales que han propiciado ese descenso.
El argumento central de EDUCAMOS es que la consolidación de grupos grandes perjudica directamente tanto al estudiantado como al personal docente, en especial a quienes laboran en Educación Especial. Según la entidad, cerca del 40% de la matrícula actual pertenece a ese programa, por lo que un aumento en la cantidad de estudiantes por grupo expone a los docentes regulares a asumir funciones que corresponden a especialistas sin contar con la preparación necesaria.
La organización también denunció que se han incrementado las tareas administrativas impuestas a las maestras y maestros, lo cual afecta su salud física y emocional. Señalaron que se ha vuelto común que el magisterio deba sustituir a personal ausente, cubrir licencias o asignaturas adicionales, e incluso laborar fuera del horario escolar sin compensación adecuada.
Además, EDUCAMOS expresó preocupación por lo que describen como una estrategia para “enfrentar a padres contra maestros”, al tiempo que denuncian un uso indebido de los facilitadores escolares, quienes —según alegan— están siendo empleados para tareas de evaluación y supervisión que no les corresponden.
La crítica se extiende a la relación entre el Departamento de Educación y la Junta de Supervisión Fiscal. A juicio de EDUCAMOS, la política de consolidación escolar y de reducción de plantilla responde a intereses externos al bienestar de las comunidades escolares. “Se justifica el cierre de cientos de escuelas ante la llamada reducción de matrícula, pero se olvida que para ofrecer una educación individualizada, los grupos deben ser pequeños”, apuntaron.
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La organización también cuestionó la redistribución de fondos dentro del Departamento, afirmando que se destinan a “contratos innecesarios, funcionarios de confianza y el atornillamiento de personal político”, mientras se precariza la infraestructura escolar. En ese sentido, hicieron un paralelo entre las acciones actuales y las ejecutadas durante la administración de la exsecretaria Julia Keleher, quien fue convicta por corrupción.
Otro punto señalado fue el incremento en las prácticas que podrían constituir acoso laboral hacia el magisterio. EDUCAMOS indicó que ha recibido múltiples testimonios de docentes que enfrentan dinámicas de presión por parte de direcciones escolares y regionales para cumplir con los PEI, muchas veces a costa del bienestar del personal.
Ante este panorama, EDUCAMOS reiteró su llamado a retomar el tope de 15 estudiantes por grupo, tanto como medida para mejorar la atención individualizada como para salvaguardar la estabilidad del magisterio. “No podemos utilizar el discurso economicista para justificar el cierre de escuelas públicas”, enfatizaron. También abogaron por una mayor autonomía de cada plantel escolar para tomar decisiones ajustadas a sus realidades comunitarias.
