Un informe de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) que examinó 11 de 31 contratos de publicidad del Departamento de Salud (DS), incluyendo los vinculados a la pandemia por COVID-19, detalla una serie de deficiencias en controles internos, fiscalización de pagos y cumplimiento con normas de contratación de servicios profesionales.
Entre el primero de enero de 2021 y el 15 de mayo de 2024, bajo la incumbencia del exsecretario Carlos Mellado López, Salud formalizó 31 contratos de publicidad por un total de $27.3 millones. Tres millones de dólares de ese monto son cuestionados por la evaluación de la OIG, que incluyó también las enmiendas a esos once contratos auditados, por lo que constituye el 78 % del total contratado.
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“Las situaciones comentadas tienen el efecto de representar $3,052,168.18 de costos cuestionados debido a la ausencia [de documentos] y errores con respecto a los justificantes e informes de labor realizada en los pagos realizados lo que puede propiciar errores, desviaciones, fraude y otras irregularidades en los desembolsos y que los mismos no puedan detectarse a tiempo para fijar responsabilidades”, subraya el informe.
Según datos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, consultados por Metro Puerto Rico, entre ese período auditado, la agencia Tere Suárez recibió alrededor de $23.2 millones en contratos por servicios de publicidad, que alcanzan 58 en total, incluyendo enmiendas.
Otras empresas identificadas en la Contraloría a las que les otorgaron contratos por estos servicios son DigiMedia, Culture Create, Inprende, Mundo Editorial y JJ Investment Group. Entre todas, el monto alcanzó casi $13 millones, poco más de la mitad de lo que obtuvo Tere Suárez.
El informe de la OIG documentó deficiencias en procesos de competencia para la adjudicación de contratos, como la ausencia de evidencia del aviso de publicación de subastas, la falta de ponche de registro en las propuestas recibidas, hojas de evaluación sin firma de los miembros del Comité y la ausencia del informe dirigido al secretario de Salud, que es requerido con el resumen de las evaluaciones y la recomendación de adjudicación.
Tampoco se encontró el Aviso de Adjudicación ni evidencia de su notificación a los proponentes.
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Además de la falta de evidencia documental, la OIG observó incumplimientos en aspectos contractuales y fiscales, como errores en la aplicación de la aportación especial del 1.5%, dispuesta por la Ley 48 de 2013, y la pérdida de descuentos por pronto pago, al no contar con los controles mínimos en la tramitación de las facturas.
Otro de los hallazgos destacados es la ausencia de procedimientos escritos y aprobados para la preintervención e intervención fiscal de las facturas. Según certificación de la directora de Finanzas, los manuales existentes no habían sido revisados desde 2019 y no contaban con aprobación, lo que impidió establecer criterios uniformes en las distintas áreas responsables del proceso fiscal.
La OIG emitió una serie de recomendaciones dirigidas al Secretario de Salud que incluyen la adopción de procedimientos fiscales formales, la revisión de la política de contratación, la evaluación de posibles recobros y la implantación de medidas correctivas que garanticen el uso adecuado de fondos públicos.
Además, se requirió la enmienda de la Orden Administrativa Núm. 581 para asegurar que los procesos de competencia se documenten adecuadamente y cumplan con los requisitos mínimos establecidos.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
