Un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) responsabilizó directamente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por los frecuentes apagones y el estancamiento en la modernización del sistema eléctrico de la isla, tras casi una década de control federal.
En una declaración pública por escrito, afirmaron que, tras casi una década de control federal y cerca de medio billón de dólares en honorarios a asesores, la JSF no ha logrado transformar a la AEE en una corporación capaz de brindar un servicio confiable. Esta expresión surge en momentos en que la jueza que atiende el caso de la quiebra de la AEE extendió el plazo de mediación para tratar de buscar un plan de ajuste a la deuda de la corporación pública.
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La declaración se emitió tras el apagón general ocurrido durante la Semana Santa, el cual los bonistas describieron como una muestra más del fracaso de la Junta para manejar efectivamente a la corporación pública. “El pueblo de Puerto Rico merece algo mejor. Merece una red eléctrica que funcione, con tarifas razonables y asequibles”, expresaron los acreedores, entre los que se encuentran Assured Guaranty, GoldenTree Asset Management, National Public Finance Guarantee, el grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE y Syncora Guarantee.
Según los bonistas, la Junta ha prolongado innecesariamente el proceso de quiebra de la AEE al cambiar de postura legal en múltiples ocasiones y romper acuerdos previamente alcanzados. También denunciaron que, mientras la corporación se mantiene en quiebra, no ha podido acceder a los mercados financieros ni a la mayoría de los fondos federales asignados para la reconstrucción de la red eléctrica, lo cual incide directamente en el deterioro del servicio.
Además, criticaron que los aumentos en la tarifa eléctrica desde 2017 no se han destinado al pago de la deuda y aseguraron que los bonistas no han recibido ningún pago en casi una década, a pesar de haber financiado miles de millones de dólares para la infraestructura energética de Puerto Rico. “La Junta ha desperdiciado años en litigios frívolos y costosos, mientras el pueblo sigue pagando las consecuencias con apagones constantes y tarifas altas”, sostuvieron.
El grupo recalcó que está dispuesto a negociar un acuerdo que permita a la AEE salir de la quiebra, acceder a financiamiento y encaminar una transformación real. Indicaron que hace seis meses presentaron una propuesta que incluía una inversión adicional de $2,500 millones por parte de los bonistas para comenzar de inmediato con la reconstrucción del sistema, pero fue rechazada por la JSF. A pesar de ello, aseguraron que la oferta aún sigue sobre la mesa.
“Si la Junta no es parte de la solución, es parte del problema”, concluye el comunicado, en el que exhortan al organismo federal a actuar de buena fe por el bienestar del pueblo de Puerto Rico.
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Por su parte, la JSF ha planteado que un aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contemplado en el nuevo plan fiscal no será suficiente para pagar la deuda en proceso de reestructurarse bajo el Título III de la Ley PROMESA, por lo que la negociación con los bonistas y el pago de las pensiones debe identificar otra fuente de recursos en el gobierno de Puerto Rico.
Actualmente, la AEE enfrenta más de $10 mil millones en reclamaciones de bonistas, incluyendo capital e intereses de deuda en bonos, otras obligaciones de deuda financiadas y otras reclamaciones de acreedores no garantizados. Además, la corporación pública tiene un plan de pensiones con un déficit actuarial de aproximadamente $4.4 mil millones.
El Quinto Plan de Ajuste a la Deuda (PAD) enmendado de la AEE que plantea el pago de $2,600 millones a bonitas, un mecanismo alterno para el pago de las pensiones y elimina el cargo heredado que se contemplaba en las versiones anteriores del documento. El PAD enmendado ya establece que la AEE recibirá inyecciones de fondos por parte del gobierno de Puerto Rico, pero es específico en el uso de estos dineros externos.
