La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, detalló en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, los esfuerzos que asegura se están realizando para atender la falta de personal en la agencia, así como para modernizar sus sistemas tecnológicos y mejorar la atención a las poblaciones vulnerables.
“La necesidad de trabajadores sociales ha sido, es y probablemente siempre será una constante en el Departamento de la Familia”, expresó Roig, al subrayar que los retos económicos y sociales agravan la situación de muchas familias en Puerto Rico, lo que incrementa la carga de trabajo para su personal.
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Desde 2019, la agencia mantiene convocatorias abiertas, aunque el reclutamiento sigue siendo un proceso complejo. Según Roig, aunque hay profesionales disponibles, no todos están dispuestos a ejercer en el Departamento debido a las exigencias del trabajo y su nivel de dificultad. “Ya el asunto salarial ha sido subsanado”, dijo, al mencionar que el salario base actual para trabajadores sociales es de $2,800 mensuales, y que aquellos asignados a unidades de investigación reciben un incentivo adicional de sobre $500.
Indicó además que ya hay entre siete y diez trabajadores sociales recién contratados ejerciendo funciones y que actualmente se están entrevistando 45 candidatos más. Como medida para agilizar procesos, también están solicitando plazas transitorias que permitirían reforzar los equipos sin esperar por la apertura formal de puestos permanentes.
Roig aclaró que no solo hacen falta trabajadores sociales. “Por ejemplo, ya se han reclutado cocineros y hay muchas convocatorias abiertas en otras áreas”, dijo. Añadió que la labor del personal de enlace ha mostrado avances significativos.
El administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Ramón Burgos Bermúdez, precisó que se solicitó una asignación de $3.7 millones para reclutar 204 empleados adicionales. De estos, 101 serían sufragados con fondos estatales y 103 con fondos federales, mediante un pareo 50/50. “Al día de hoy ya hemos nombrado 28 compañeros nuevos, y mañana se integran 10 más”, informó.
En cuanto al plan de clasificación y retribución, Roig explicó que el proceso fue realizado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (ATRH). Sin embargo, reconoció que persisten inconformidades y que hay más de mil casos activos en la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) por reclamos de empleados. También confirmó que se corrigieron las situaciones en las que supervisores quedaron en escalas salariales inferiores a sus supervisados, incluyendo ajustes retroactivos desde enero.
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La administradora de ADFAN (Administración de Familias y Niños) también destacó una colaboración con la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana, mediante la cual estudiantes ofrecerán servicios al Departamento durante dos años, como parte de un programa de práctica profesional supervisada.
Uno de los ejes que Roig considera crucial para enfrentar las limitaciones operacionales es la inversión en tecnología. “Cuando tenemos carencia de personal, la tecnología puede ser un gran aliado”, afirmó. Indicó que aunque algunas plataformas digitales están actualizadas —como el sistema de adopciones— otras son obsoletas y no se comunican entre sí.
“Por ejemplo, el registro de antecedentes por maltrato infantil no se enlaza con el sistema que genera la certificación requerida, lo que obliga a personal a intervenir manualmente”, explicó. La meta es lograr interoperabilidad, mayor eficiencia y liberar recursos humanos para tareas prioritarias.
Roig sostuvo que trabajan en la creación de sistemas accesibles para adultos mayores y personas con baja alfabetización digital.
“Deben ser plataformas simples, que se puedan utilizar desde el celular”, dijo, resaltando que esa es una de las prioridades del gobierno actual.
Por otro lado, Burgos Bermúdez informó que tanto él como la secretaria participaron en una serie de reuniones en Washington, junto a la gobernadora, para cabildear a favor de la transición de Puerto Rico al programa SNAP.
“Ya hemos revisado políticas públicas, implementado la digitalización de procesos y evaluamos nuevas alternativas para el sistema de elegibilidad”, aseguró, en referencia a los requisitos federales para integrarse plenamente al programa de asistencia alimentaria.
