Mientras los jefes de los principales negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP) indicaban que no enfrentan cancelaciones de fondos federales, en las vistas públicas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes se revelaron preocupaciones relacionadas con la retención de personal, en particular en áreas como emergencias médicas y bomberos.
La Policía, según su comisionado Joseph González, ha logrado mantener a la mayoría de los nuevos cadetes activos. González explicó que desde enero de 2024 hasta la fecha se habían separado 39 cadetes, mientras que el salario base de $2,860 mensuales ha funcionado como un incentivo.
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Mientras que el secretario del DSP, Arthur Garffer precisó que el número de policías activos en Puerto Rico actualmente se sitúa en unos 11,431.
“Como sociedad, quisiéramos desarrollar una que tuviese menos criminalidad, lo que podría implicar menos necesidad de policías. Pero, basados en estudios previos, se estima que se necesitarían 10,177 policías adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de Puerto Rico”, explicó Garffer.
Por otro lado, los datos más recientes indican que, debido a la disminución de la población y el uso de tecnologías, la cifra óptima de agentes debería rondar los 14,000 policías, una estimación que varía dependiendo del análisis poblacional y las capacidades tecnológicas del sistema de seguridad pública.
Por otro lado, el comisionado del Negociado de Emergencias Médicas, Ángel Jiménez Colón, indicó que su dependencia pierde entre 30 y 40 paramédicos anualmente, lo que afecta los esfuerzos de reclutamiento.
Según explicó, desde 2022 mantienen convocatorias abiertas para 245 plazas, pero solo han reclutado a 40 personas. Atribuyó esta situación a un bajo interés y a los requisitos académicos establecidos por la Junta Examinadora.
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“No es que no hay jóvenes interesados. Es que no tenemos a los jóvenes cualificados que cumplan con lo que exige la Junta Examinadora”, señaló. Agregó que algunos egresados optan por trabajar en Florida, donde sus licencias son reconocidas automáticamente, a raíz de una orden emitida por el exgobernador Rick Scott tras el huracán María.
Jiménez Colón mencionó que una reprogramación presupuestaria aprobada recientemente por la Junta de Supervisión Fiscal permitirá elevar el salario base de los paramédicos a $2,800. Consideró que esta medida podría tener un impacto en la retención.
En cuanto al Cuerpo de Bomberos, su comisionado, Josué Piñeiro Torres, indicó que han logrado retener a la mayoría de los nuevos reclutas, aunque el salario mensual de $1,500 representa un reto. “Se han ido uno o dos solamente desde la última academia, pero no podemos obviar que el ingreso es muy bajo. Eso limita nuestro alcance para atraer y mantener gente”, expresó.
Los comisionados coincidieron en que el principal desafío es la dificultad para atraer y mantener personal en posiciones con alta demanda. “No se trata solamente de reclutar. Es que se nos van rápido, y cada vez cuesta más conseguir nuevos que quieran quedarse”, comentó Jiménez Colón.
Mencionó que esto podría estar vinculado a un cambio generacional y a la percepción sobre las condiciones laborales.
González señaló que el gobierno federal emitió una orden ejecutiva para aumentar el apoyo a la seguridad pública en estados y territorios. Aclaró que no se precisó cuánto dinero se asignaría a Puerto Rico, pero entendió que podría representar una oportunidad.
Charbonier declaró que la vista permitió documentar el uso de fondos locales y federales, al tiempo que resaltó los retos en la retención de personal. “Los fondos pueden estar, pero si no hay manos para ejecutar, se nos cae el sistema”, expresó. Añadió que la comisión continuará investigando el estado fiscal y operacional del DSP con miras a presentar recomendaciones al Comité de Presupuesto.
“Nos toca entender si necesitamos más dinero o mejor gerencia. Pero hoy quedó claro que la retención de personal debe ser la prioridad número uno”, indicó.
El representante Félix Pacheco Vargas planteó la posibilidad de implementar el programa por fases, como ocurre con otros entrenamientos de la Policía. También propuso establecer acuerdos con instituciones educativas como la Universidad Ana G. Méndez para facilitar la capacitación. El asesor del DSP, Garffer, indicó que esa propuesta podría canalizarse mediante un proceso de solicitud de propuestas (RFP) para seleccionar la institución que ofrezca el mejor programa.
Además del tema de la certificación, Pacheco expresó inquietud por el bajo reclutamiento y retención de personal.
“El talón de Aquiles es el componente médico. Necesitamos reforzar los esfuerzos de reclutamiento con campañas agresivas. En Estados Unidos, en cada esquina hay un anuncio invitando a unirse a la seguridad pública. Nosotros debemos hacer lo mismo”, opinó.
Garffer señaló que existen partidas presupuestarias para actividades de reclutamiento en escuelas superiores y centros comerciales. Reconoció, no obstante, que campañas en radio, televisión y vallas publicitarias requerirían fondos adicionales, los cuales podrían gestionarse a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Pacheco preguntó sobre la situación de más de 50 sargentos de la Policía que no aprobaron un examen de ascenso por márgenes mínimos. González indicó que el asunto sigue pendiente.
“Estamos haciendo ‘forecasting’ para planificar futuras juntas de evaluación y atender esta problemática”, agregó Garffer.
