El intento de Erik y Lyle Menéndez de obtener una reducción de sentencia y la posibilidad de salir en libertad volvió a retrasarse debido a disputas entre los fiscales y los abogados defensores.
El juez Michael Jesic, de la Corte Superior de Los Ángeles, fijó una nueva audiencia para el 9 de mayo con el fin de abordar dos asuntos clave en el proceso de re-sentencia: si se puede usar en el tribunal material de las evaluaciones de riesgo realizadas por la junta de libertad condicional por orden del gobernador, y si la Fiscalía del Condado de Los Ángeles debe ser apartada del caso. Las audiencias de re-sentencia quedarán en pausa hasta que se resuelvan esos temas el próximo mes.
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Los hermanos fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber asesinado a tiros a su padre, José Menéndez, ejecutivo de la industria del entretenimiento, y a su madre, Kitty Menéndez, en su residencia de Beverly Hills en 1989. En ese entonces, Erik tenía 18 años y Lyle 21. La defensa argumentó que actuaron en defensa propia tras sufrir años de abuso sexual por parte de su padre. Los fiscales, en cambio, alegaron que los crímenes fueron motivados por la herencia millonaria que recibirían.
El caso ha captado la atención pública durante décadas, y recientemente volvió a ser foco de interés gracias a la serie de Netflix “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” y un documental posterior. El jueves, decenas de periodistas se agolparon dentro y fuera del tribunal.
Confusión y más retrasos
La oficina del gobernador Gavin Newsom notificó esta semana a la fiscalía y al tribunal que parte de la evaluación de riesgo que había ordenado recientemente ya estaba completada. El miércoles por la noche, los fiscales presentaron una moción para aplazar las audiencias, de modo que el tribunal pudiera obtener y considerar esos informes antes de tomar una decisión.
El jueves, hubo confusión en la sala sobre el contenido exacto de dichos informes y si eran admisibles.
“Creíamos que se trataba de hechos adicionales que el tribunal debía considerar para determinar si los hermanos Menéndez representan o no un peligro para la sociedad”, declaró el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, a las afueras del tribunal.
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Las audiencias, que estaban pautadas para el jueves y viernes, debían centrarse en si los hermanos se han rehabilitado durante su tiempo en prisión y si merecen una sentencia más leve que les permita optar por la libertad.
El exfiscal de distrito George Gascón había solicitado reducir sus condenas a 50 años con posibilidad de libertad condicional. No obstante, el abogado defensor Mark Geragos indicó que pedirá al juez reducir los cargos a homicidio involuntario, lo que permitiría su liberación inmediata.
El proceso ha sufrido múltiples aplazamientos. Una audiencia inicial prevista para enero fue pospuesta debido a los incendios en Los Ángeles y al intento de la fiscalía de retirar su petición de re-sentencia.
Disputas en la sala
Ni el juez ni los abogados defensores habían visto el informe de la junta de libertad condicional que generó acaloradas discusiones el jueves.
“Necesito una aclaración de la oficina del gobernador”, dijo el juez Jesic. “Esto es una estupidez”.
Los fiscales, que sí habían visto el documento destinado a una audiencia de clemencia programada para el 13 de junio, insistieron en que debía usarse. El fiscal adjunto Habib Balian argumentó que el informe era pertinente y necesario.
“Si existe un informe que evalúa el riesgo de violencia, ¿cómo no usarlo?”, planteó Balian.
La oficina del gobernador confirmó que parte del informe fue compartido con las partes relevantes para su revisión, como lo exige la ley estatal, 60 días antes de la audiencia de clemencia. También notificaron al juez sobre el estado del informe y ofrecieron entregarlo si era solicitado, aunque aclararon que no se trataba de una evaluación independiente.
Los hermanos siguieron la audiencia por videollamada desde una prisión cerca de San Diego. Vestían uniformes azules de prisioneros y no mostraron ninguna reacción visible durante los alegatos.
Familia critica a Hochman
Geragos criticó duramente a Hochman por hablar del informe durante una rueda de prensa esa misma mañana y anunció que presentará una moción para recusarlo del caso. Hochman, elegido en noviembre de 2024, se opone al proceso de re-sentencia.
El mes pasado, Hochman revocó el respaldo de su oficina a la reducción de sentencia de los hermanos, alegando que no han admitido haber mentido durante el juicio ni haber pedido a amigos que mintieran en su defensa. Su oficina también niega que hayan sido víctimas de abuso sexual por parte de su padre y sostiene que, al hablar de su infancia, no han asumido plena responsabilidad por el crimen.
La familia extendida de los Menéndez —salvo un tío que falleció el mes pasado— ha expresado su perdón y deseo de que los hermanos sean liberados. Según sus abogados, Erik y Lyle han trabajado durante décadas para rehabilitarse y aportar positivamente dentro de la prisión.
En marzo, la prima de los hermanos, Tamara Goodell, presentó una queja formal acusando a Hochman de violar sus derechos como víctima bajo la ley de California y de haber sido “hostil, condescendiente y despectivo” durante una reunión familiar.
“No me siento segura con él”, dijo Goodell tras la audiencia del jueves.
En una audiencia celebrada el viernes anterior, los fiscales mostraron una imagen gráfica de la escena del crimen sin previo aviso.
“Eso no es dignidad”, expresó el abogado Bryan Freedman, quien representa a miembros de la familia Menéndez. “Eso es una falta de respeto. Es acoso”.
Balian se disculpó por no haber dado una advertencia, pero añadió: “Erik y Lyle Menéndez causaron esa masacre, no yo”.
