Entre criaderos de cangrejos de río, altos pinos y cafeterías que sirven los tradicionales sándwiches en las zonas rurales de Luisiana, unas siete mil personas se encuentran detenidas en centros de inmigración, esperando noticias sobre si serán deportadas de Estados Unidos.
Si la administración del presidente Donald Trump logra implementar sus planes, se ampliará la capacidad para albergar a decenas de miles de inmigrantes en centros de detención a lo largo del país, en un intento por reforzar aún más un sistema que ya es el mayor del mundo en su tipo.
PUBLICIDAD
Los esfuerzos del gobierno federal para realizar deportaciones masivas —tal como se prometió durante la campaña presidencial de 2024— podrían representar una gran oportunidad económica para las empresas privadas que gestionan cárceles, pero también implican un reto significativo para las agencias estatales encargadas de gestionar las expulsiones. Algunos opositores advierten que parte del plan incluye aislar intencionalmente a los inmigrantes, manteniéndolos detenidos y desarrollando sus procesos legales lejos de abogados y redes de apoyo.
El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés), Todd Lyons, dijo la semana pasada en una conferencia de seguridad fronteriza en Phoenix que la agencia necesita “mejorar en lo referente a tratar esto como un negocio” y dejó entrever que el sistema de deportaciones del país podría funcionar “tipo Amazon, tratando de entregar su producto en 24 horas”.
“Así que encontrar la forma de hacer eso con seres humanos y tratar de llevarlos a prácticamente todo el mundo es algo que realmente quisiéramos”, indicó Lyons.
ICE toma medidas para aumentar camas en centros de detención
Este mes, el ICE invitó a varias empresas para que presenten ofertas para la operación de centros de detención en diversos puntos del país por hasta 4 mil millones de dólares, en un omento en que la agencia empieza a incrementar su presupuesto actual para unas 41 mil camas a cerca de 100 mil.
Los fondos aún no están disponibles, pero ya se empezaron a adjudicar las licitaciones. La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen una iniciativa de gastos que incluye 175 mil millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, lo que representa aproximadamente 22 veces el presupuesto anual del ICE. Los más de 100 centros de detención de la agencia en todo el país albergan actualmente a unas 46 mil personas, lo que causa hacinamiento en lugares como Miami.
PUBLICIDAD
La agencia otorgó la semana pasada un contrato por hasta 3,850 millones de dólares a Deployed Resources LLC para operar un campamento de detención en la base del Ejército de Fort Bliss, en Texas. La empresa le ha dado un giro a su negocio luego de construir campamentos de la Patrulla Fronteriza para personas que llegan a Estados Unidos —la mayoría de los cuales ya están cerrados— a la construcción de instalaciones del ICE para personas que están siendo deportadas.
The Geo Group Inc. obtuvo un contrato para mil camas en Newark, Nueva Jersey, con un valor de mil millones de dólares durante 15 años y otro para 1,800 camas en Baldwin, Michigan. CoreCivic Inc., ganó un contrato para albergar a 2,400 personas en familias con niños pequeños en Dilley, Texas, por cinco años.
El mercado de valores ha recompensado a ambas empresas privadas. El precio de las acciones de Geo ha aumentado un 94 por ciento desde la elección de Trump, y las de CoreCivic registran ganancias del 62 por ciento.
Luisiana ocupa el segundo lugar del país en espacio de detención para inmigrantes
Luisiana, que tiene relativamente pocos inmigrantes y no tiene frontera con México, podría no parecer una opción obvia para establecer un centro de detención de inmigrantes. Pero las circunstancias convergieron hacia el final de la última década que le permitieron al ICE asumir el control de cinco penales del estado tan sólo en 2019.
Ahora, el estado se ubica únicamente detrás de Texas en cuanto a espacio de camas para inmigrantes detenidos. El ICE se sintió atraído al estado en parte por los costos laborales relativamente bajos, un entorno político en su mayor parte favorable y un suministro de cárceles que quedaron vacías recientemente.
En 2017, las leyes estatales redujeron las penas criminales, disminuyendo la necesidad de camas en cárceles y prisiones. En zonas rurales, donde una instalación correccional es a menudo uno de los principales motores de la economía local, las autoridades están ansiosas por adjudicar contratos para la detención de inmigrantes.
“Como Luisiana era uno de los principales encarceladores del mundo, no es como si hubiera legisladores locales que estén en contra de las prisiones o en contra de tener un complejo industrial penitenciario con fines de lucro que venga y realmente se asegure que estos continúen funcionando”, dijo Nora Ahmed, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Luisiana.
Los tribunales federales conservadores en el Distrito Oeste de Luisiana y en la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito hacen que sea más difícil para las personas encarceladas en los centros de detención de Luisiana impugnar las condiciones de detención o apelar los fallos de las cortes de inmigración, dijo Mary Yanik, profesora y codirectora de la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane.
“El ICE básicamente puede elegir las cortes donde se atienden sus casos al ubicar centros de detención en ciertos lugares”, señaló.
Los centros de detención están a menudo a horas de distancia de las ciudades y abogados
Los nueve centros de detención de inmigrantes de Luisiana se ubican en zonas rurales en el norte o el occidente del estado. Eso significa un viaje de varias horas desde sus ciudades más grandes, en donde se concentran los abogados y los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. Los detenidos se han quejado durante mucho tiempo de estar aislados.
Ser retenido en “condiciones deplorables” y aislado de sus familias y de las redes de apoyo puede hacer que las personas dejen de luchar contra su deportación y facilitar su expulsión a manos del ICE, resaltó Carly Pérez Fernández, portavoz de Detention Watch Network, un grupo que ayudó a organizar protestas a nivel nacional el jueves.
“La detención realmente juega un papel crucial en facilitar la cruela agenda de deportación masiva de Trump”, afirmó. “Una mayor capacidad de detención exacerbará las condiciones de detención que ya sabemos que son inhumanas”.
La mayoría de las instalaciones de detención se ubican a una distancia relativamente corta de Alexandria, en donde el ICE habilitó una antigua base militar en un centro de detención de corto plazo con capacidad para 400 camas y una pista de aterrizaje adyacente para vuelos de deportación.
Una instalación se encuentra en Jena, que es hogar de 4,200 personas, a unos 355 kilómetros (220 millas) de Nueva Orleans. La comunidad tiene sólo un hotel, llamado Townsmen Inn.
El centro de detención de Jena, operado bajo contrato con el Geo Group, está rodeado de letreros de “prohibido el paso”, cercas con alambre de púas y guardias armados.
Homero Lopez, abogado de Immigration Services and Legal Advocacy, que brinda representación gratuita en los centros de detención de Luisiana, dijo que su ubicación tan lejana “hace que sea mucho más difícil protestar y organizarse”.
La implementación de las audiencias por video en las cortes de inmigración ha disminuido -pero no ha eliminado— las críticas de que el ICE intenta distanciar deliberadamente a los detenidos de sus familias, abogados y otras formas de apoyo.
Lopez dijo que está contento con el uso de videoconferencias para asuntos preliminares, pero prefiere hacer el viaje para presentarse en persona en audiencias más relevantes.
Añadió que los enlaces de video pueden ser “deshumanizantes” y llevar a los jueces a no apreciar lo que está en juego cuando no están frente a los inmigrantes.
