La crisis ambiental que atraviesa Puerto Rico no solo se debe a fenómenos naturales cada vez más intensos. También es el resultado de un patrón sostenido de retroceso institucional, desregulación ambiental y abandono de mecanismos de participación ciudadana. Así lo denunciaron la catedrática de derecho Erika Fontánez, miembro de la Coalición por los Derechos de la Naturaleza, y la científica y activista climática Isatis Cintrón, investigadora postdoctoral en justicia climática en la Universidad de Columbia.
Ambas expertas coincidieron en que, durante las últimas décadas, el gobierno de Puerto Rico ha debilitado los marcos jurídicos que protegían los recursos naturales y ha cerrado las puertas a la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales. Este proceso, según advirtieron, está empeorando las condiciones de vida en el archipiélago y aumentando la vulnerabilidad de las comunidades ante los impactos del cambio climático.
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“Desgraciadamente, en los últimos treinta años ha habido una involución de lo que conocíamos como derecho ambiental. Se ha desregulado. Se ha sacado de contexto cierta legislación. Lamentablemente se han cerrado las puertas a la ciudadanía para acudir a los tribunales y hacer valer cierta legislación y protección”, explicó Fontánez.
Desde su experiencia como jurista, sostuvo que la tendencia del aparato gubernamental ha sido facilitar la dilapidación de áreas naturales en lugar de protegerlas. “Ha habido un retroceso lamentable y muy peligroso respecto a las normas. El gobierno está básicamente facilitando la dilapidación del suelo y con eso empeorando la vida, aumentando la pobreza, poniendo en más riesgo a la ciudadanía”, denunció.
Isatis Cintrón coincidió en que el problema no está solo en la letra de los planes ambientales oficiales, sino en su ausencia de implementación efectiva.
“En los últimos años hemos visto que no importa cuántos planes climáticos se elaboren si no hay intención de ejecutarlos. Lo que sigue fallando en Puerto Rico es cómo se implementan los planes”, afirmó.
Según la investigadora, el llamado Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático —creado tras la aprobación de la Ley 33 de 2019— representa un ejemplo de ello: un documento extenso, pero sin mecanismos reales de fiscalización. “Ni siquiera cuenta con un sistema concreto para medir si se cumple. No se sabe quién fiscaliza ni qué consecuencias tiene no hacer nada”, dijo.
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Fontánez añadió que no se trata solo de omisiones, sino de decisiones deliberadas. A su juicio, hay una desconexión profunda entre lo que dicen la ciencia y las comunidades y lo que hacen las estructuras de poder.
“La ciudadanía se indigna porque sabe que cuando hablamos de inundaciones, de la falta de aire limpio, de tormentas cada vez más intensas, eso es consecuencia directa de decisiones irresponsables y de espaldas a la ciencia”, expresó.
También señaló que muchas de las agencias públicas encargadas de proteger los recursos naturales “han pervertido” la legislación vigente y, en lugar de defender el entorno, han facilitado su destrucción.
En su análisis, Cintrón identificó que el retroceso también tiene que ver con una fragmentación de responsabilidades entre agencias y la invisibilización del cambio climático como un asunto transversal.
“A menudo se presenta el cambio climático como un problema ambiental solamente, cuando en realidad es un problema de salud pública, de vivienda, de pobreza, de racismo estructural. Pero como el gobierno lo ve como un tema técnico, lo encajonan en un documento y ya”, explicó. En ese sentido, denunció que no hay voluntad de incluir verdaderamente a las comunidades más afectadas ni de crear estructuras permanentes para su participación.
Fontánez, por su parte, vinculó este abandono institucional con la necesidad urgente de reconocer los derechos inherentes de la naturaleza, un reclamo que ha cobrado fuerza en otros países y que la Coalición por los Derechos de la Naturaleza busca impulsar localmente.
“Nosotros somos parte intrínseca de la naturaleza. Si no reconocemos que somos ecodependientes, posiblemente no vamos a poder sobrevivir sin ser dramáticamente impactados”, afirmó. Según la catedrática, el retroceso en la protección legal del ambiente también se debe a que muchas veces el derecho va detrás de los principios éticos.
“No necesariamente tenemos que esperar a que la ley cambie para ponernos de acuerdo sobre los parámetros éticos de cómo vivir. Nosotros estamos desde ya reclamando, reconociendo y comprometiéndonos a defender esos derechos”, puntualizó.
Ambas voces señalaron que la situación actual está alimentando una doble crisis: ecológica y democrática. Para Cintrón, uno de los riesgos más grandes es que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones, lo que perpetuaría aún más la inacción estatal.
“La falta de transparencia en los datos climáticos, el desmantelamiento de juntas asesoras, la poca divulgación pública, todo eso va creando un vacío. Y ese vacío no se llena con promesas, se llena con participación real”, indicó.
Fontánez concluyó que, aunque los tribunales y las agencias fallen en aplicar la ley, la ciudadanía puede y debe asumir un rol activo.
“El derecho debería ser una herramienta ciudadana. Nosotros estamos haciendo un llamado para que, independientemente del sistema legal, la gente se comprometa con los derechos de la naturaleza”, expresó. Para ella, la defensa del entorno no es solo un asunto jurídico o técnico, sino una propuesta ética de vida. “Hay otra manera de vivir, de poner en el centro la importancia de los seres vivos y de las comunidades que nos rodean, que no solamente son humanas”, sostuvo.
