La directora de Administración y Operaciones de Physician Correctional (PC), Bárbara Méndez, señaló que le “sorprende” que la empresa fuera incluida en la demanda presentada por la familia de Ivette Joan Meléndez Vega quien fue asesinada por el confinado Hermes Ávila Vázquez.
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“Nos sorprende haber sido incluidos en la demanda, considerando que ningún foro que ha investigado el caso ha identificado falta alguna por parte de nuestra empresa”, dijo Méndez en declaraciones escritas.
Según la directora, las investigaciones realizadas por el Senado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no han establecido negligencia por parte de PC, y confirmaron que la empresa cumplió con su contrato.
Méndez explicó que el diagnóstico de paraplejia de Ávila Vázquez fue confirmado por 52 médicos, incluyendo profesionales de PC, de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y de la empresa Correctional Health Services. Este diagnóstico fue lo que motivó la consideración del pase extendido por parte del DCR.
La funcionaria recalcó que PC no tiene autoridad para liberar confinados y que su rol se limita a evaluaciones clínicas requeridas bajo contrato. Además, dijo que atenderán el proceso judicial junto a sus abogados, mientras reafirman su compromiso con la legalidad y la salud de la población correccional.
La familia de lvette Joan Meléndez, la mujer asesinada por Hermes Ávila Vázquez demandó civilmente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la empresa Physician Correctional, y múltiples funcionarios por su rol en la excarcelación de quien —según el nuevo recurso legal— “nunca debió haber salido de prisión”.
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“El Estado liberó a su asesino, a pesar de contar con toda la información para evitarlo”, sostiene el recurso en el que se reclaman daños ascendentes a $41 millones.
La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, alega que la liberación del convicto fue el resultado de una serie de decisiones negligentes, omisiones crasas y violaciones a procesos legales por parte de distintas agencias, incluyendo el Comité de Salud Mental Forense y la Junta de Libertad Bajo Palabra.
“Hermes Ávila Vázquez tenía un historial documentado de violencia doméstica, intentos de suicidio, diagnóstico de condiciones mentales severas y agresión física contra su anterior pareja. Aun así, fue excarcelado sin análisis riguroso, seguimiento clínico ni protocolos adecuados”, indica la demanda radicada por la abogada Mayra López Mulero.
Según el recurso, los funcionarios que participaron en el proceso de excarcelación ignoraron múltiples alertas sobre el perfil clínico y violento del confinado. Entre ellos figuran la exsecretaria del DCR, Ana Escobar, y miembros del Comité Evaluador de la Ley 25, que permite que confinados con condiciones de salud terminales o inmovilizantes puedan ser excarcelados.
Physician Correctional: señalados directamente
Una parte central del recurso apunta a la responsabilidad directa de la empresa Physician Correctional, contratada por el Estado para atender la salud física y mental de los confinados. Según el documento legal, esta compañía “falló en proveer una evaluación precisa y ética” del estado mental de Ávila, lo que facilitó que se le declarara apto para salir de prisión, a pesar de su peligrosidad.
“Physician Correctional fue negligente en sus evaluaciones clínicas y permitió que una persona con historial violento fuera liberada sin tratamiento ni seguimiento”, se indica en la demanda.
La familia reclama que tanto la empresa como sus empleados responsables sean incluidos en el proceso judicial y respondan por los daños ocasionados.
En las alegaciones específicas, se identifican a los médicos que intervinieron en el proceso que culminó en la excarcelación del convicto por asesinato.
