Denuncian estrategias del gobierno contra comunidad LGBTQ+

CABE mencionó la reciente aprobación el Senado del “mal denominado proyecto de libertad religiosa (PS1)” y otro para criminalizar las terapias de afirmación de género (PS350)“.

Asimismo, denunció las expresiones de la gobernadora González dirigidas a prohibir la utilización de los baños acorde a la identidad de género de las personas, así como la determinación de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico de eliminar el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad.

También repudió las intenciones de la senadora Joan Rodríguez Veve de imponer a las agencias del ejecutivo que eliminen sus políticas de diversidad, equidad e inclusión “en un intento más de limitar los derechos de las comunidades LGBTQ+ utilizando como excusa las órdenes ejecutivas de Trump”.

El organismo advirtió que el denominado Proyecto de Libertad Religiosa “lo que propone es dar una licencia e inmunidad para que en Puerto Rico se pueda discriminar abiertamente contra miembros de las comunidades LGBTQ+, entre otras, y dar inmunidad a sectores que utilizan la religión como pretexto para ocultar sus prejuicios y políticas de exclusión”.

Igualmente, CABE rechazó todo intento de invisibilizar y negarle la dignidad y disfrute pleno de sus derechos a las personas de experiencia trans en nuestro país.

“Las medidas aprobadas en el día de ayer en conjunto con otras muchas presentadas en ambos cuerpos legislaturas, las desafortunadas expresiones de la gobernadora, las actuaciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, las pretensiones de la senadora Rodríguez Veve, entre muchas otras, unidas a las políticas discriminatorias del presidente Trump constituyen un esfuerzo maquiavélico y concertado para eliminar los derechos y la mera existencia de los miembros de las comunidades LGBTQ+ como parte de nuestra sociedad y no estamos dispuestos a permitirlo”, afirmó el Lcdo. Osvaldo Burgos Pérez, portavoz de CABE.

“Tan peligroso y abiertamente discriminatorio es el denominado proyecto de libertad religiosa que permite la negación de servicios y exime de la obligación de actuar conforme a los cánones de sus correspondientes disciplinas a personas cuyas profesiones están reguladas por el estado cuando se escuden bajo el manto de la religión. Aun cuando el proyecto incluye una sección para supuestamente prohibir el discrimen, cuando el propio texto es discriminatorio en sí mismo, que el proyecto aprobado eliminó expresamente la identidad de género como grupo protegido contra la discriminación. Esto unido a la criminalización de los procesos de afirmación de género que son necesarios para proteger la dignidad e incluso la propia vida y existencia de las personas de experiencia trans”, añadió Burgos Pérez.

“Las políticas de diversidad, equidad e inclusión van mucho más allá de los derechos de nuestras comunidades LGBTTIAQ+[1], aparte de que independientemente de lo que pueda indicar el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, estas políticas en Puerto Rico están fundamentadas en los principios recogidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que esta senadora y los jefes de agencia están llamados a proteger”, expuso por su parte la doctora. Ángeles Acosta Rodríguez, portavoz de CABE.

“El hecho de que la senadora Rodríguez Veve se sienta con la autoridad de exigir al secretario de Salud que elimine políticas de diversidad, equidad e inclusión en su agencia así como llamar a otras a agencias a identificar tales políticas no es más que un intento burdo de intimidar a los funcionarios públicos en cuestión en su afán de limitar derechos a nuestras comunidades”, añadió Acosta Rodríguez.

“Esta obsesión patológica y freudiana de la senadora Rodríguez Veve, cuya visión de los derechos de diversidad, equidad e inclusión no van más allá de las diversidades sexuales y de género no tiene otro fin que adelantar sus intereses particulares de mantenerse en un puesto a costa de la limitación de los derechos de las comunidades”, sostuvo Burgos Pérez.

“Nuestra constitución protege derechos que son mucho más amplios que los reconocidos a nivel federal tales como la dignidad humana, el derecho a la intimidad y la protección contra el discrimen, base fundamental para las políticas de diversidad, equidad e inclusión en nuestro archipiélago”, indicó la profesora Janice Solivan, otra de las portavoces de CABE.