Por Centro de Periodismo Investigativo
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que no actuará bajo presión ni con prisa al evaluar la propuesta de ley que establecería la política pública del Gobierno de Puerto Rico para atender los efectos del cambio climático toda vez que los cuerpos legislativos tienen hasta junio de 2025 para aprobar la versión final de este documento. De esta forma, intentó justificar la inacción de la actual Asamblea Legislativa ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que tiene ante su consideración.
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El Plan fue creado por el Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático (CEACC), nombrado por el Gobierno en 2019. El documento está desde abril ante la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Cámara y Senado para su revisión y aprobación.
Según Dalmau, la propuesta del Plan se entregó muy tarde y cuestionó que se pretenda “presionar” a la Asamblea Legislativa para que apruebe a toda “prisa” el documento antes del 30 de junio próximo, cuando finaliza esta sesión. Por ser un año eleccionario, no habrá la sesión ordinaria de agosto. Podría haber una Sesión Extraordinaria antes de que finalice este cuatrienio en la que se considere esta medida, sólo si antes de que finalice esta sesión, la Comisión Conjunta legislativa evalúa el Plan sometido por el CEACC y presenta en Cámara y Senado los proyectos de ley que requiera el Plan.
“Permítanle a la Asamblea Legislativa evaluarlo… La ley dice cuánto tiempo tiene la Asamblea Legislativa… ¿Saben cuánto tiempo tiene? Hasta la próxima sesión ordinaria. Entiéndase, la sesión que empieza en enero de 2025 y que termina en junio 30 de 2025. Ese es el tiempo que tiene para evaluarlo la Asamblea Legislativa”, dijo Dalmau durante un turno en el hemiciclo del Senado a una semana de que el Comité sometiera el Plan.
“Esta ley se presentó en el 2019 y dice, en su Artículo 8, que este Plan de Mitigación tenía que ser presentado en la Asamblea Legislativa en un año. O sea, que para mayo de 2020, este plan tenía que ser sometido a esta Legislatura. Entonces, llegamos a casi mayo de 2024, someten el plan y dicen ‘hay prisa, que tienen que aprobarlo y evaluarlo rápido’, cuando se tardaron cinco años en presentarlo”, añadió el Presidente senatorial. “Claro que hay premura, pero la premura estaba en la cancha de ellos, no de nosotros”, añadió.
El Artículo 8 de esta Ley, aprobada el 22 de mayo de 2019, dice que el Plan de Mitigación debía someterse para evaluación de la Legislatura en un plazo de un año. Sin embargo, el estatuto fue aprobado justo antes de la crisis política que desencadenó en la renuncia obligada del entonces gobernador, Ricardo Rosselló en el Verano del 2019, por lo que no fue hasta septiembre de ese año que la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garced designó a los seis científicos miembros permanentes del CEACC para que fueran evaluados y confirmados por los cuerpos legislativos. Sus nombramientos se oficializaron el 22 de noviembre de 2019, pero no entraron en funciones hasta diciembre de ese año, siete meses después de aprobada la Ley.
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“No podíamos comenzar a trabajar hasta tener el adiestramiento de [la Oficina de] Ética que era a mediados de diciembre [de 2019]. No fue hasta el 2020 que empezamos a trabajar sin presupuesto. Aproximadamente entre febrero y marzo de 2020″, relató Maritza Barreto, miembro del Comité, quien es oceanógrafa geológica. Los funcionarios recién nombrados están obligados a tomar estos adiestramientos.
Los científicos del CEACC esperaron a ser convocados a la reunión inicial — nueve meses después de aprobada la Ley — por quien debía presidir el grupo de trabajo, el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), toda vez que entre 2019 y 2020 varias personas ocuparon esa posición. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, el DRNA tuvo cuatro secretarios: Tania Vázquez Rivera, que renunció en octubre pero fue efectiva su salida el 7 de noviembre de 2019, Armando Otero Pagán y Cynthia Rivera Morales en interinatos y luego Rafael Machargo que fue confirmado el 12 de marzo de 2020 como secretario en propiedad. El inicio de los trabajos del Comité coincidió con el inicio del cierre por la pandemia del COVID-19.
Los miembros del Comité de Expertos trabajan voluntariamente, pero era necesaria la contratación de investigadores, técnicos y especialistas para la elaboración del Plan. Por lo tanto, no pudieron comenzar a trabajar directamente en su redacción entrado el 2021 y 2022, cuando recibieron los fondos que viabilizaron estas contrataciones, explicó Carl Soderberg, miembro del grupo.
La primera partida de $300,000 fue autorizada por la Junta de Control Fiscal en marzo de 2021 y una segunda asignación de $1.2 millones en agosto de ese año, informó al CPI la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe). No obstante, problemas de reclutamiento retrasaron el proceso ya que todavía en 2022 faltaban recursos por reclutar, reseñó entonces El Nuevo Día.
Desde octubre pasado, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, advirtió durante una vista pública que había una demora en la elaboración del Plan porque durante el primer año el comité no tenía presupuesto asignado y, en el segundo año, el presupuesto se asignó en una partida incorrecta lo que provocó un retraso en la contratación de expertos.
Así las cosas, el retraso no puede atribuirse al CEACC, sino al Gobierno de Puerto Rico.
La Asamblea Legislativa, bajo el control popular de Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, tampoco enmendó la Ley para que el Comité tuviera más tiempo para entregar el plan. La Ley fue enmendada en dos ocasiones para extender el término de la Comisión Conjunta legislativa para evaluar y presentar el plan a ambos cuerpos legislativos. Originalmente la Comisión tenía hasta el 30 de junio de 2020.
En cambio, Dalmau, paralelamente al trabajo que hacían los científicos, anunció el año pasado un esfuerzo legislativo para crear un Código Ambiental “el cual establecerá la política pública de protección de nuestros recursos naturales y a la misma vez, darle coherencia y orden a nuestro estado de derecho”.
Se supone que su grupo de trabajo, compuesto de siete miembros, presentara un primer borrador del anteproyecto en abril del 2024. Según el portavoz de prensa del presidente del Senado, Ángel Raúl Matos, ese borrador se entregó a Presidencia, pero no mostró ninguna evidencia de que así fuera porque alegó que el documento no es público.
Aseguró que antes de que culmine esta sesión se presentará un informe al cuerpo legislativo. Dijo que ese borrador consta de 652 páginas. La intención de presentar este borrador contrasta con las expresiones de Dalmau, sobre la imposibilidad de pasar juicio sobre el informe del CEACC que tiene una extensión similar y su borrador fue discutido desde finales del año pasado en la Asamblea Legislativa.
Mientras el CEACC está compuesto por expertos probos en temas climáticos, y funcionarios gubernamentales, el grupo de trabajo nombrado por Dalmau está dirigido por el asesor legislativo Jorge Colberg y por el expresidente de la Cámara y exjuez del Tribunal de Apelaciones Carlos Vizcarrondo, Jorge Fernández Porto — asesor legislativo del Senado — , la presidenta de la Asociación de Constructores, Vanessa de Mari Monserrate, y la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Liza García.
¿Tienen hasta la próxima sesión?
De acuerdo con la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, el Comité de Expertos someterá a la legislatura el borrador del Plan que se considerará una recomendación. Recaerá en la Comisión Conjunta “estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar y aprobar” el Plan final que será sometido a la Asamblea Legislativa para su consideración.
“La Comisión Conjunta tendrá no más tarde de la culminación de la próxima sesión ordinaria para presentar el plan simultáneamente a ambos cuerpos de la Asamblea Legislativa”, lee la Ley.
Cuando el presidente del Senado dijo que no cedería a “presiones” para aprobar el Plan de Mitigación se escudó en que ese artículo no lo obliga a actuar en esta sesión, sino que le otorga un término hasta la próxima sesión. Esta Asamblea Legislativa termina el 31 de diciembre, pero este año solo efectúa una sesión ordinaria.
Según la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Yanira Reyes Gil, esta Asamblea Legislativa no tiene otra sesión, por lo que no es correcto decir que tienen hasta el 30 de junio de 2025 para atender el Plan de Mitigación, puesto que esta Asamblea Legislativa culmina con el cuatrienio, en diciembre.
Reyes Gil explicó que a partir del 30 de junio la Asamblea Legislativa podría sesionar si el Gobernador cita a una Sesión Extraordinaria.
“Están claudicando a su deber. El propósito de esta ley era que se actuara rápidamente. Están dilatando”, dijo Reyes Gil. Según la profesora de Derecho, de no aprobarse el plan ahora, el documento tendría que esperar a enero del 2025 para presentarse nuevamente a la consideración de la próxima Asamblea Legislativa.
Una legislatura no puede comprometer a otra a presentar legislación de algún asunto, ni a emitir informes negativos o positivos sobre algún asunto, ni a votar a favor o en contra sobre algún asunto. Si la Comisión Conjunta no actúa, en enero de 2025 los presidentes de la nueva Asamblea Legislativa designarán los nuevos integrantes de esa comisión.
“La razón es ésta: cada vez que comienza una Asamblea Legislativa [en Puerto Rico cada cuatro años] está reflejada la voluntad popular dictada en cada proceso electoral. Esa voluntad cambia cada cuatro años, aunque repita el partido. ¿Cómo va a amarrarse la nueva voluntad a lo decidido por la voluntad anterior?”, explicó el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Ramos González.
“Se está politizando la ciencia”
Para el doctor Pablo Méndez Lázaro, miembro del CEACC, el presidente del Senado crea una polémica donde no la hay.
“Se está tratando de politizar la ciencia. El borrador para vistas públicas en las comunidades se entregó en septiembre, o sea, lo tienen hace siete u ocho meses”, dijo Méndez Lázaro, profesor e investigador asociado en el Recinto de Ciencias Médicas y en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico.
“Después de tantas horas, esfuerzo y tiempo dedicado en poder hacer este plan, por favor utilicémoslo como una herramienta de planificación, que es lo que es”, pidió Méndez Lázaro.
Por su parte, otro de los miembros del Comité, el doctor Rafael Méndez Tejeda añadió que el plan es un documento técnico científico que pudieron terminar luego de mucho esfuerzo para vencer todos los obstáculos que encontraron en el camino que le impidieron avanzar al ritmo deseado.
“Quien preside el Comité es la secretaría del DRNA y en ese departamento hubo cinco secretarios en ese tiempo. Nosotros trabajamos contra todas esas adversidades para resolver esto desde un punto de vista científico y lo menos que esperamos es que nos dieran las gracias no que nos regañaran de la forma que lo han hecho”, sostuvo el Catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Carolina.
Si la Asamblea Legislativa tuviera voluntad para atender con urgencia el tema del cambio climático sin otras consideraciones políticas, se pudiera aprobar el Plan de Mitigación antes que culmine esta sesión, dijo al CPI el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón.
“Hay tiempo para atenderlo si hubiera voluntad. Aquí se hacen muchas cosas por descargue, sin estudios y sin análisis, y por el otro lado se aprueban medidas todos los días. Esto no es nuevo para nosotros [el Plan]. En octubre pasado el Comité de Expertos compareció a la Asamblea Legislativa, incluso hubo dos vistas públicas”, indicó Márquez Lebrón.
Aunque el representante del Partido Nuevo Progresista Joel I. Franqui Atiles, de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, reconoce que es complicado aprobar el plan, dado que solo tienen dos meses, favorece que en las áreas que haya consenso se adelante con legislación.
Mientras Dalmau se sostenía en postergar la discusión de la crisis climática y sus consecuencias, 22 municipios fueron declarados en estado de emergencia por los daños causados por un evento de fuerte lluvia, a finales de abril y principio de mayo, que provocó además la cancelación, posposición y desvío de decenas de vuelos en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Las copiosas lluvias se sumaron a un tornado con vientos de 75 millas por hora registrado en Arecibo en cuestión de días y la más reciente ola de calor con avisos de altas temperaturas de hasta 112 grados Fahrenheit en municipios en la franja norte del país.
Las expresiones del presidente senatorial son engañosas porque dan a entender que el retraso en la entrega del Plan de Mitigación se debió a la irresponsabilidad de los científicos, cuando en realidad fue causada por la dilación en sus nombramientos, la pandemia, la falta de presupuesto y trabas administrativas con el DRNA para la contratación de personal para hacer las debidas investigaciones, entre otros escollos que enfrentó el grupo.
Son engañosas además porque esta Decimonovena Asamblea Legislativa no tiene hasta junio de 2025 para atender el Plan de Mitigación porque se encuentra en su séptima y última Sesión Ordinaria que culmina el 30 de junio, aunque su mandato termina el 31 de diciembre. A partir de enero entrará una nueva Asamblea Legislativa, que tendrá que reiniciar el proceso de evaluación del Plan.
