El senador del Partido Popular Democrático (PPD) Javier Aponte Dalmau presentó, esta mañana, un interdicto radicado por seis educadores ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en el que solicitan que el Departamento de Educación (DE) detenga la designación de superintendentes auxiliares, tras denunciar supuestas irregularidades en el proceso de reclutamiento de dichas plazas.
El portavoz de la mayoría en el Senado insistió hoy, miércoles, en sus reclamos de un alegado discrimen por parte de la agencia gubernamental durante los primeros nombramientos de un total de 94 puestos, reclutados como permanentes pese a que se supone, según la Ley 85 de 2018, sean transitorios.
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“Tanto la secretaria del Departamento de Educación como el gobernador han hecho caso omiso a los señalamientos que hicimos y, por hacer caso omiso, hoy estamos radicando este injunction preliminar y permanente para detener estos nombramientos ilegales e inconstitucionales”, expresó el legislador, quien temprano en el mes le solicitó, al Departamento de Justicia y al Departamento de Educación federal, abrir una investigación sobre el asunto.
Aponte Dalmau señaló que, aunque este radicó una querella ante Justicia federal a inicios de mayo, continuaron los esfuerzos por parte del DE para contratar los superintendentes auxiliares de las zonas pilotos que se establecieron como parte de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR).
Conforme al senador, el 20 de mayo, la agencia reclutó el tercer grupo de diez superintendentes auxiliares, y las próximas diez plazas serán concedidas el 28 de mayo.
La acción legal surgió como resultado de la investigación realizada por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, que celebrará una segunda vista pública la próxima semana, para la que están citados portavoces de la compañía consultora para el proceso de descentralización del DE, IOTA Impact.
Los demandantes son José Luis Jiménez Negrón, Nitza M. Sánchez Cartagena, Rubén Diaz Flores, Jessica Ortega Irizarry y Ramón Burgos Rosado.
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Estos maestros fueron rechazados para ocupar los puestos de superintendente auxiliar, a pesar de que aseguran obtuvieron una mayor puntuación en el proceso de reclutamiento, en comparación con las personas escogidas.
“Los demandantes no son miembros del Partido Nuevo Progresista o no son simpatizantes de la reelección del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Las personas seleccionadas para ocupar estas posiciones obtuvieron una evaluación inferior a la alcanzada por los demandantes, pero son miembros del Partido Nuevo Progresista que respaldan la reelección del gobernador Pierluisi”, lee el recurso legal.
Otra de las violaciones que alega el interdicto es el otorgamiento de puntos a los candidatos que hayan fungido como ayudante especial docente de la secretaria de Educación por un periodo de un año hasta diez años.
En una carta circular, emitida el pasado 23 de abril por la actual jefa de la agencia, Yanira Raíces Vega, se desglosan los criterios para adjudicar puntos a las personas que soliciten ocupar los puestos de alguna convocatoria del DE.
Si el candidato ha sido ayudante especial docente de la secretaria de Educación, este recibirá de 31 a 40 puntos, rango de puntuación que supera las demás categorías.
“Lo que nosotros vemos aquí es un atornillamiento claro e inaudito, sin precedentes en este país, de utilizar dinero del gobierno federal para atornillar 94 directores y superintendentes auxiliares”, sostuvo Aponte Dalmau.
La convocatoria de puestos regulares, por conducto oficial de Raíces Vega, para la selección de superintendentes auxiliares de escuelas I establece que dichas plazas serán permanentes.
Sin embargo, la Ley de Reforma Educativa estipula que los nombramientos especiales de los puestos gerenciales en el DE serán por el término de un año.
“Sin perjuicio de la posición de carrera que ya ostentan algunos directores de oficina, superintendentes auxiliares y demás personal gerencial que se reporta directamente al superintendente regional, cuyos derechos serán respetados y garantizados, los nuevos nombramientos para dichos puestos serán por el término de un año, que podrá ser renovado sujeto a su desempeño y al resultado de las evaluaciones correspondientes”, reza el estatuto.
También, el interdicto hace mención de una carta enviada al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, el pasado 16 de mayo, por la Junta de Supervisión Fiscal, en la que el organismo federal explica que denegó los fondos adicionales solicitados para IDEAR, unos $21 millones, debido a falta de información.
“La Junta de Supervisión reconoce la necesidad de implementar la iniciativa de descentralización. Sin embargo, la información proporcionada durante el proceso presupuestario (para solicitar fondos adicionales) fue insuficiente para evaluar efectivamente la propuesta presentada por el DE”, lee la misiva.
“El DE no proporcionó claridad sobre la posible duplicación de cargos ni esbozó la metodología utilizada para determinar la necesidad, cantidad y compensación de los puestos propuestos. Además, el DE debe presentar información para verificar que los salarios de los puestos propuestos se compararon tanto con el sector privado como con el público dentro del mercado laboral local, para garantizar que los empleados del DE reciban una compensación competitiva, justa y justificada”, continúa.
