La ruta de transición hacia la generación de energía 100% renovable en Puerto Rico estará llena de riesgos e incertidumbres y conllevará numerosos riegos, que incluyen la toma decisiones difíciles de política pública.
Así lo plantea el Centro para la Nueva Economía (CNE) en su análisis del “Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable” (Estudio PR100), producto de un esfuerzo de dos años llevado a cabo por varios de los Laboratorios Nacionales junto con un amplio grupo de partes interesadas de Puerto Rico.
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Se trata de “un un diagnóstico completo del sistema eléctrico; y un análisis detallado de los retos para alcanzar el objetivo de utilizar únicamente fuentes de energía renovable para la generación de electricidad en Puerto Rico”, anunció el director de Política Pública de CNE, Sergio M. Marxuach.
El economista recordó que hace cinco años, Puerto Rico promulgó una ley que establecía el objetivo de generar el 100% de su electricidad con fuentes renovables para 2050. Asimismo, apuntó se ha retrasado en el cumplimiento del objetivo provisional del 40% de generación renovable para 2025 debido a fallas burocráticas y de coordinación entre las partes a cargo de la transición.
“El éxito (de alcanzar la meta de 2050) no está garantizado porque lograr ese objetivo también es increíblemente complicado. Las interrogantes de política pública requieren un análisis de limitaciones teóricas, técnicas y económicas, así como un difícil equilibrio entre objetivos económicos, técnicos y sociales complejos. Además, la tecnología sigue evolucionando. En ese sentido, existe una tensión entre la tecnología que ya está disponible actualmente y la tecnología que aún no es viable o no está disponible comercialmente”, dice el análisis del CNE.
Son muchos los factores a considerar en el camino hacia la generación renovable se encuentran, según el CNE:
El reto de estabilizar el sistema eléctrico
El análisis destaca que Puerto Rico inicia la transición a una generación 100% renovable con un sistema eléctrico frágil y que funciona muy por debajo de los estándares recomendados por la industria. “La primera prioridad, por lo tanto, debería ser estabilizar el sistema y llevarlo a los estándares del siglo XXI. Desde el punto de vista de la generación, el Departamento de Energía encontró que “la red actual de Puerto Rico no es confiable y necesita capacidad adicional para alcanzar un nivel aceptable de desempeño”.
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Problemas de coordinación
El CNE destaca que hay poca coordinación entre todas las agencias gubernamentales y entidades que jugarán un papel clave en la transición hacia la generación renovable. Entre estos, se encuentran en Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Genera, Luma Energy, el Departamento de Energía de Estados Unidos, la Administración Federal de Manejo de Emergencias, el Departamento de Vivienda de Estados Unidos y el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, entre otros.
“En nuestra opinión, el NEPR, como regulador energético de Puerto Rico, debería ser el actor principal que coordine la mejora de la red, el desmantelamiento de los activos heredados de la AEE, el aumento de la generación renovable tanto en los techos como a escala de servicios públicos, y en en general tomar las decisiones clave, en consulta con las partes interesadas relevantes, con respecto a la transición a largo plazo hacia una generación 100% renovable para 2050″, observa el análisis del CNE.
Altos costos
El DOE no realizó un análisis independiente de los costos necesarios para que el sistema eléctrico “volviera a estar en buen estado, sino que se basó en el Plan Fiscal Certificado 2023 de la JSF para la AEE para identificar tanto el nivel de inversión como fuentes de fondos para cubrir ese nivel de inversión”. Según el análisis del DOE, las inversiones relacionadas con la recuperación totalizan $15,441 millones, lo que incluye gastos en reparaciones y reemplazos de los sistemas de generación, transmisión y distribución, así como en las actualizaciones de la red de transmisión del Tramo 1 para conectar el primer grupo de proveedores de generación renovable a escala de servicios públicos.
“El monto de $15,441 mil millones no incluye la inversión de capital necesaria para financiar la nueva generación, así como las mejoras y extensiones del sistema de transmisión y distribución (“T&D”) necesarias para alcanzar la meta del 100% para 2050 (con la excepción del Actualización del sistema de transmisión Tramo 1).
Otros retos que enfrenta el proceso:
· Compensaciones (“tradeoffs”) entre costos, resiliencia y confiabilidad
· Pagos a los participantes en el programa de medición neta de energía
· Restricciones de política pública y reglamentarias sobre la contribución de la energía fotovoltaica distribuida al logro de los objetivos de los Estándares de Cartera de Energías Renovables (RPS, por sus siglas en inglés)
· Alcanzar el 40% de RPS en 2025 no parece ser factible
· La obtención de fondos para la modernización total de la red sigue siendo un reto
· Acceso de la AEE a los mercados de capital
· Incertidumbre sobre las medidas de eficiencia energética y los vehículos eléctricos
· Riesgo de deserción de la red/”espiral de muerte” de la empresa eléctrica
“Aún estamos a tiempo de reconstruir nuestra red eléctrica y abandonar por completo la generación con combustibles fósiles para 2050. Pero alcanzar esos objetivos requerirá pensamiento estratégico, una formulación de política pública eficaz, una ejecución competente, destreza táctica, la capacidad de actuar colectivamente a largo plazo y un liderazgo inspirado, recursos que han escaseado en Puerto Rico durante al menos una generación. No nos llamemos a engaño, este esfuerzo será difícil, duro y costoso. Habrá contratiempos en el camino. Pero es lo que Puerto Rico debe hacer por las generaciones venideras”, sentenció Marxuach.
Asimismo, aunque reconoció que el Estudio PR100 no es vinculante para Puerto Rico, urgió a los responsables de l a toma de desiciones a tomar en cuenta sus conclusiones.
