La empresa UTI Corp había sido contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para auditar la compañía Physician Correctional Services, en septiembre de 2023, revelando una gestión caótica en la administración y custodia de los expedientes médicos de los confinados.
Antes de que se desatara, en abril de 2024, el caso que mantiene bajo la lupa a la empresa privada a cargo de los servicios de salud de los reos, así como a la titular de la agencia gubernamental, Ana Escobar Pabón, ya UTI Corp había señalado la necesidad de revisar todos los expedientes de casos bajo la Ley 25.
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“(Se deben) revisar todos los expedientes de casos identificados con condiciones terminales, para asegurarnos que se cumplen los debidos procesos y tratamiento, así como activación del Comité para cumplimiento de la Ley 25″, lee una de las más de 25 recomendaciones que realizó UTI Corp en su primera auditoría a Physician Correctional.
Entre los hallazgos de la investigación, revelados ayer por la periodista Carmen Jovet en el programa televisivo Directo y Sin Filtro– y a los que Metro Puerto Rico también tuvo acceso– la recopilación de información médica por Physician Correctional no estaba centralizada.
Notas médicas sin fechas de evaluación, confinados aún hospitalizados días después de su alta, ausencia de evidencia de seguimiento posterior a las altas hospitalarias, documentación desorganizada y falta de resultados de laboratorio en los registros médicos, entre otros hallazgos fueron listados en la auditoría.
Luego de la contratación de UTI Corp por el DCR para investigar el cumplimiento de la compañía privada, Hermes Ávila Vázquez, un convicto de asesinato– liberado tras la aprobación del panel médico de Physician Correctional para un pase extendido bajo la Ley 25– fue imputado por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en abril de 2024.
Segunda auditoría a Physician evidencia que ignoraron incongruencias
Tras el feminicidio, el DCR le encargó otra auditoría a UTI Corp para que investigara a Physician Correctional; esta vez, por las circunstancias y hechos clínicos relacionados con la decisión de liberar a Ávila Vázquez.
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El pasado 2 de mayo, Escobar Pabón comunicó que había entregado los hallazgos preliminares al Departamento de Justicia.
Esta segunda investigación a la empresa reveló que los diagnósticos del exconfinado, desde 2009 hasta 2014, no incluían paraplejia.
Esto, en contradicción a las declaraciones de Escobar Pabón ante la Legislatura la semana pasada, cuando afirmó que Ávila Vázquez había sido diagnosticado con paraplejia desde 2009.
Conforme a la investigación, no hay suficiente claridad en los registros médicos para determinar por qué y en qué momento se cambiaron los diagnósticos iniciales de Ávila Vázquez– que incluían síndrome de cauda equina y paraparesia– por el de paraplejia.
“Lo que es absolutamente claro es la completa ausencia de pruebas diagnósticas específicas para confirmar este nuevo diagnóstico de paraplejia. No se realizó ninguna evaluación neurológica, no se hicieron pruebas de conductividad, ni evaluación fisiatra”, leen las conclusiones de la segunda auditoría de UTI Corp, reveladas ayer por la periodista Carmen Jovet en el programa televisivo Directo y Sin Filtro, y a las que Metro Puerto Rico también tuvo acceso.
La investigación recoge distintas notas médicas realizadas por doctores y enfermeras, desde 2009 hasta 2018, en las que se explica la condición de salud del entonces confinado.
Conforme a los documentos de UTI Corp, el 12 de marzo de 2009, el convicto de asesinato sufrió un accidente.
Una hoja de referido de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, de la autoría de la fisiatra Luz Torres el 12 de julio de 2010, indica que Ávila Vázquez padecía de síndrome de cauda equina, paraparesia, vejiga e intestino neurogénico, mas no estipula que era parapléjico.
En otra nota médica, fechada el 17 de septiembre de 2010, José Campos, médico de emergencias del Hospital Industrial, tampoco indicó que el reo sufría de paraplejia.
Sin embargo, informó que Ávila Vázquez sufría de cierto grado de discapacidad en las extremidades inferiores que limitaba su movilidad y requería el uso de un andador, por lo que recomendó que fuese ubicado en una habitación terrera con un baño al que pudiera acceder con el andador.
Más adelante, en 2015, el informe de alta del Hospital Universitario de Adultos informa que el entonces confinado podía realizar una “carga completa de peso”, es decir, caminar sin ayuda, soportando todo el peso de su cuerpo, y se le instruyó a evitar inclinarse o levantar objetos pesados.
“Esta nota es notable en varias dimensiones. En primer lugar, la nota se realiza casi cinco años después de las notas de SIF y DCR indicadas anteriormente. Esto permite a los evaluadores médicos hacer una inferencia razonable sobre la evolución de la condición del interno con el tiempo. El primer hallazgo notable en la nota es que no se hace mención de la lesión lumbar, el síndrome de cauda equina o la limitación de movilidad de las extremidades inferiores”, indica el comentario de UTI Corp al respecto.
UTI Corp aclaró que, para su auditoría, su equipo no tuvo acceso a documentos, actas o información que el panel médico evaluador de Physician Correctional haya utilizado para evaluar el estado de salud del recluso y determinar su elegibilidad para la liberación bajo la Ley 25.
Sin embargo, dentro de los documentos que, sí ,tuvieron a su disposición– de Physicians Correctional Services, el Hospital Industrial y el Fondo del Seguro del Estado– la primera vez que el expediente de Ávila Vázquez menciona que se encontraba en un sillón de ruedas fue en 2017, en una nota de la enfermera Omayra Hernández de la Facilidad Médica Correccional Ponce 500.
“Independiente en sus tareas del diario vivir, rehúsa asistencia del personal de enfermería para sus procedimientos de cateterización y vaciado fecal en los cuales él refiere se realiza, aunque nunca se ha visto realizarlos, en sillón de ruedas. Rehusó signos vitales, cumple con medicamentos con los cuales es selectivo. Independiente en sus tareas del diario vivir”, lee la nota de la enfermera.
La auditoría encontró que fue el 8 de junio de 2018 cuando por primera vez se estipula que Ávila Vázquez sufría de paraplejia, según una nota del médico Brian Montalvo Lozada.
“Curiosamente, aunque el paciente presenta paraplejia de años de evolución, no ha presentado pérdida de masa ni de tono muscular de los miembros inferiores. Paciente se autocateteriza a diario y se realiza vaciado intestinal manual. Rehúsa asistencia de personal de enfermería para estos procedimientos”, lee la nota del galeno.
Tras su investigación, UTI Corp recomendó que se revisen, lo antes posible, todos los casos de liberación de reclusos bajo la Ley 25.
“En el caso de reclusos liberados debido a enfermedades terminales, el DCR debe asegurarse de si la evolución de la enfermedad hacia la muerte natural del recluso está ocurriendo realmente; si no es así, el recluso debe ser reevaluado y, si es adecuado, se debe reinstaurar su encarcelamiento”, lee la recomendación.
Señalamientos a Physician Correctional se remontan a antes de la renovación de su contrato
El DCR renovó, en septiembre de 2023, el contrato de Physician Correctional hasta 2028, a pesar de señalamientos previos realizados por el senador independiente José Vargas Vidot, presidente de la Comisión senatorial de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción.
Dicha comisión investigó, el año pasado, los acontecimientos alrededor de la muerte de Shannet Colón Ponce, una confinada que supuestamente se suicidó tras no ser atendida apropiadamente ni se le hiciera una evaluación de salud mental.
Aún cuando la comisión senatorial concluyó que hubo negligencia de parte de Physician Correctional, la empresa fue contratada nuevamente, pues la secretaria de Corrección indicó, en aquel momento, que esta fue la única compañía en la subasta que cumplía con los requisitos necesarios, por lo que fue la escogida.
