El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que todavía no ha tomado una determinación final sobre si va a enmendar o a derogar la Ley 10 de 2024 sobre el programa de medición neta, plazo que vence el martes 7 de mayo, según establecido por la Junta de Control Fiscal.
“Está bajo evaluación esa carta. No hemos tomado una postura, pero tengo que decir que yo firmé esa ley y todos los legisladores y legisladores le votaron a favor a esa ley. O sea que es la política pública de la administración. Entendemos que la ley es consistente con el mandato que tenemos bajo la ley 17, si mal no recuerdo, del 2019, que es la que establece la política pública energética en Puerto Rico. Esa ley es la que básicamente pide que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para fomentar, incentivar sistemas solares en Puerto Rico. Y el mecanismo actual de medición neta, que es lo que quiso esta ley que ahora la Junta está objetando, propicia eso. O sea, lo que hace es propiciar el que tengamos más sistemas solares. Así que nada, está bajo evaluación esa postura de la Junta”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
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“Yo reconozco, que ellos pueden recurrir al tribunal, pues si ocurre, pues ya veremos. Pero nuevamente, yo firmé esa ley de buena fe porque entendí que era consistente, vuelvo y digo, con otra ley preexistente, porque la Junta no puede legislar. La Ley 17 se aprobó antes de que la Junta estuviera en Puerto Rico y está vigente. Y el mecanismo y esta ley más reciente lo que hace es abonar a lo que ya establece la Ley 17. Nada, el asunto está bajo evaluación. No me quiero anticipar a los eventos. El mecanismo de medición neta, como acabo de decir, fomenta que tengamos más sistemas solares en Puerto Rico. Y esa es generación limpia, generación renovable, que es lo que queremos”, añadió.
En carta fechada el pasado 2 de mayo, el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica estableció que “Si el gobernador y la Legislatura no derogan o enmiendan la Ley 10, la Junta, que se reserva todos sus derechos, tomará las acciones que considere necesarias, incluyendo litigar, para lograr la anulación de la Ley 10″.
El estatuto que la Junta quiere enmendar o derogar, extendió para antes del año 2030 un estudio sobre el programa de medición neta para hacer ajustes en los costos o beneficios que reciben los llamados prosumidores.
Actualmente, los prosumidores reciben un crédito de un kilovatio hora consumido por cada kilovatio hora producido. Por ejemplo, si una persona consume 500 kilovatios por hora al mes y en su residencia produce 500 kilovatios hora al mes, el resultado es que solamente pagaría 4 dólares mensuales. Si la ley se enmienda o se deroga, los cambios aplicarían a prosumidores nuevos
