El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció que el 25 de abril de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a Aldrin Manuel Lara Martínez de conspiración para asesinar a personas en un país extranjero y descarga de armas de fuego en el curso de un crimen de violencia.
Según los documentos judiciales, el gobierno alega que el 16 de agosto de 2023, Lara-Martínez alquiló un automóvil en la República Dominicana. El 18 de agosto, voló desde el Aeropuerto Internacional Logan, en Massachusetts, a Santo Domingo, República Dominicana. En la madrugada del 20 de agosto, mientras dos hombres y una mujer salían de un club nocturno y se detuvieron en un semáforo, el automóvil alquilado por Lara Martínez se les acercó y Lara Martínez abrió fuego contra su vehículo. Dos víctimas murieron a causa de las heridas de bala y una persona resultó herida.
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El 22 de agosto de 2023, la Oficina de Servicios Judiciales de la República Dominicana emitió una orden de arresto para Lara Martínez, buscando presentarlo ante un tribunal por el asesinato de dos individuos en la República Dominicana.
Después de los asesinatos y la emisión de la orden de arresto, Lara Martínez tomó medidas extremas y utilizó medios de transporte irregulares para ingresar a Estados Unidos, viajando en una embarcación tipo yola con migrantes indocumentados para evitar el control de pasaportes y aduanas.
El 29 de septiembre de 2023, Lara-Martínez fue arrestado por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos después de saltar de la yola que lo transportaba a Puerto Rico. Posteriormente fue acusado de delitos federales relacionados con el incumplimiento de las órdenes de la Guardia Costera. Tras su acusación en este caso, Estados Unidos desestimó los otros cargos pendientes.
El acusado tuvo su audiencia de detención hoy ante el juez magistrado de Estados Unidos Héctor Ramos Vega del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y ha sido ordenado detenido en espera de juicio. Si es condenado solo por el segundo cargo, enfrenta una pena mínima obligatoria de diez años de prisión con una pena máxima de cadena perpetua. Si es condenado por el primer cargo, enfrenta una pena máxima estatutaria de cadena perpetua. Un juez de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El caso está siendo investigado por los Servicios de Investigación de la Guardia Costera de Estados Unidos, con la asistencia de la Administración de Control de Drogas.
