El juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró ha lugar una petición realizada por la Cámara de Representantes para que el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) haga entrega del expediente de la investigación que se llevó a cabo contra el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado.
La petición fue realizada por la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública que preside el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer. El fallo ordena a la OEG entregar el expediente en cuestión antes del 10 de mayo.
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El juez Martínez Piovanetti destacó la importancia de la transparencia y el acceso a la información en asuntos relacionados con la administración pública, subrayando que la OEG había incumplido el mandato del tribunal y había obstaculizado la transparencia al no entregar el expediente.
“La comisión tiene jurisdicción para requerir la información [...] En efecto, los requerimientos caen dentro del alcance de la Resolución de la Cámara 272″, aseguró el juez Martínez Piovanetti.
La abogada de la parte promovida, la licenciada Nimia Salabarría Belardo explicó que no se entregó el expediente debido a que tiene información confidencial.
“El expediente investigativo es confidencial. La Oficina de Ética Gubernamental tiene un interés apremiante en que se proteja la confidencialidad del expediente. Es una confidencialidad categórica, estos no son documentos públicos”, declaró la licenciada.
Ante ello, el juez permitió a la OEG tachar partes del expediente relacionadas con procesos mentales o deliberativos.
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De igual forma, la OEG planteó objeciones, alegando que la información requerida no estaba dentro del alcance de la resolución o estaba sujeta a privilegios.
Por su parte, el representante Ferrer, al comentar sobre el fallo judicial, criticó el gasto innecesario de fondos públicos en recursos legales por parte de la OEG, y señaló que este caso es solo un ejemplo más de mal uso de recursos. Ferrer enfatizó que estos fondos podrían haber sido mejor empleados para fortalecer investigaciones y garantizar el cumplimiento de la ley de ética entre los funcionarios públicos.
“Queda patente que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), bajo la dirección de Luis Pérez, incumplió el mandato del tribunal y, en cambio, obstaculizó la transparencia y el acceso a la información. Tras la vista judicial donde la OEG hizo alegaciones de confidencialidad para no hacer entrega del expediente de la investigación al ex secretario de DRNA, Rafael Machargo, el juez determinó que la agencia está en desacato y tiene que cumplir con la orden de entregar el expediente”, indicó el representante.
El caso se remonta a un referido presentado por Ferrer y la representante Estrella Martínez Soto, que derivó en una investigación de la OEG sobre Machargo Maldonado. Durante su gestión como secretario del DRNA, Machargo se vio envuelto en controversias, incluida una reunión con el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, que generó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. La gestión de Machargo en el DRNA estuvo marcada por controversias y denuncias ambientales, culminando en su renuncia en medio de investigaciones parlamentarias en 2022.
