La comisionada residente, Jenniffer González Colón, llevó a cabo una mesa redonda donde se discutió con el Departamento del Tesoro Federal y la banca local temas sobre las transacciones ilícitas, el lavado de dinero en la isla, tráfico de drogas y corrupción, así como regulaciones y capacitaciones al personal de la industria bancaria para asegurar la seguridad financiera.
”En los pasados años ha habido en la lista de las instituciones bancarias que fueron multadas por el gobierno federal, por ejemplo, el caso de Bancrédito, hace unos años atrás por 15 millones de dólares, por no reportar, por no cumplir con la reportación de información que pudiera considerarse sospechosa o ilícita. Ya que el gobierno de Puerto Rico está fuera de esa lista así que las instituciones bancarias han cumplido a cabalidad, que casi ninguna institución de la banca local ha sido señalada, o ella cumple eficientemente, y pues tenemos un aumento en la cantidad de bancos internacionales que están en Puerto Rico que es otro de los temas que se discutió aquí […] luego de la aceptación del bancrédito se han corregido y se coordinan ese reporte. […] Se discutió aquí en los adiestramientos que se le da a los bancos fundales, adiestramientos al personal, y los nuevos requerimientos a nivel federal“, comenzó la comisionada.
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En el último estudio por parte de la Red de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) en el pasado mes de febrero, el archipiélago no ubica en la lista de las jurisdicciones con mayor incidencias de lavado de dinero.
“Existen múltiples riesgos financieros particulares para Puerto Rico. La isla se encuentra en una zona de alto tráfico de drogas, lo que nos hace altamente susceptibles a la actividad criminal. Nuestras instituciones financieras deben estar bien informadas y equipadas para reportar cualquier actividad sospechosa”, estableció González Colón.
El subsecretario del Departamento del Tesoro Federal, Brian Nelson, indicó que tienen como prioridad combatir estas amenazas, fortaleciendo la colaboración entre las instituciones bancarias del sector privado y las fuerzas del orden.
Según detallaron, la discusión enfatizó en la colaboración del gobierno federal, estatal y la banca para identificar y mitigar los riesgos asociados con este tipo de transacciones. También, se dialogó sobre cómo contrarrestar la financiación del terrorismo.
”La ubicación de la banca de Puerto Rico nos hace muy vulnerables a tráfico ilegal, normalmente de drogas […] en algunas ocasiones se deposita en bancos y son los bancos los que tienen que cumplir […] los bancos son los que pueden levantar las banderas sobre algunos de estos depósitos, transacciones que se dan en un mismo momento. Recientemente, las compras de propiedades también en efectivo, eso es otra bandera que se levanta a nivel federal. La criptomoneda que tenemos muchas personas que tienen a través de su banca local o su banca internacional […] Muchos de este dinero ilegal cuando llega se utiliza para financiar el terrorismo”, manifestó la comisionada residente.
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De la misma forma, reveló que la conversación dio paso a que el gobierno federal como la banca local puedan ”ponerse al día” con los nuevos requerimientos, para que la industria de la isla cumpla con los mismos requisitos a nivel federal.
Ante preguntas de la prensa sobre la incidencia de este tipo de transacciones que provienen de inversionistas que se benefician de la Ley 22, aseguraron que la banca debe cumplir con las regulaciones locales y federales.
Nelson afirmó que a nivel federal una de sus prioridades es atender la compra en efectivo de propiedades, no solo en la isla, sino en los Estados Unidos también.
Para ello, informó que una de sus propuestas, presentadas en el mes de febrero, es crear un rol que requiera que todas las transacciones en efectivo sean registradas a FinCen. Asimismo, establecer que los asesores virtuales sean consistentes en todas las jurisdicciones.
“El Departamento del Tesoro está comprometido en apoyar nuestro socios en la protección del sector financiero de Puerto Rico contra el abuso. Combatir amenazas prioritarias como el lavado de dinero, tráfico de drogas y la corrupción requiere una estrecha colaboración con las fuerzas del orden, los reguladores y el sector privado. Me alegra estar hoy aquí en la isla para continuar trabajado en estos importantes de temas de finanzas ilícitas”, dijo el subsecretario.
En la mesa redonda estuvo también presente el director adjunto de FinCEN, Jimmy Kirby; el subsecretario adjunto de la oficina de asuntos legislativos, Christopher Burdick; la asesora principal de FinCEN, Viviana Muñoz Fernández; el asesor principal del subsecretario de TFI, Michael White; la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Zoimé Alvarado; gerente senior y oficina ALD del Banco Popular, Vanessa Rodríguez y Consuelo Sifre; la vicepresidenta senior y directora de cumplimiento de First Bank, Carmen Pagán; el jefe de riesgos oficial de Oriental Bank, César Ortíz; la consejera legal interna del Banco Cooperativo de Puerto Rico, María L. Vila y la jefa de riesgos de Nave Bank, Beatriz Ramírez de Arellano.
