WASHINGTON (AP) — Casi dos años después de anular el derecho constitucional al aborto, la Corte Suprema de Estados Unidos considerará el miércoles hasta qué punto pueden extenderse las prohibiciones de los estados al procedimiento en caso de una emergencia médica.
Los magistrados están sopesando un caso de Idaho, en el que una estricta prohibición al aborto entró en vigor poco después de la decisión del máximo tribunal estadounidense en 2022 para anular el fallo del caso Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. El caso representa la primera ocasión que la Corte Suprema considera una prohibición estatal desde entonces, y se produce en momentos en los que los magistrados escuchan otro caso —que sigue pendiente— que busca restringir el acceso al aborto con medicamentos.
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El gobierno federal alega que se debe permitir a los hospitales poner fin a los embarazos en inusuales casos de emergencia en los que la vida o la salud de la paciente esté en peligro, incluso en los estados donde el aborto está prohibido. Idaho señala que su ley tiene una excepción para salvar la vida de la madre, y sostiene que el gobierno del presidente Joe Biden quiere definir las emergencias médicas de una manera más amplia para convertir los hospitales en “enclaves abortistas”.
Idaho es uno de 14 estados que ahora prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo con limitadas excepciones. La mayoría de los estados gobernados por republicanos han empezado a implementar nuevas prohibiciones o restricciones al procedimiento desde que el fallo Roe vs. Wade fue anulado, y 22 entidades presentaron documentos judiciales en apoyo de Idaho. La Corte Suprema ha permitido que la prohibición al aborto de Idaho entre en vigor, incluso durante emergencias, mientras se desarrolla el caso.
La prohibición de Idaho ya ha afectado la atención médica de emergencia en el estado, señaló el doctor Jim Souza, el médico jefe ejecutivo del Sistema de Salud St. Luke’s, con sede en Boise. Desde que la ley entró en vigor para las urgencias en enero, seis pacientes embarazadas han tenido que ser trasladadas en avión fuera del estado para recibir tratamiento. Sólo una necesitó un vuelo de emergencia similar en todo 2023, dijo.
