La decisión de la jueza de no encontrar causa para arresto contra los seis policías acusados por la muerte de Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, en una intervención en Puerto Nuevo en 2022, ha generado consternación y preocupación, especialmente entre los defensores de los derechos civiles. Fermín Arraiza, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), expresó su sorpresa y alarma ante esta determinación judicial.
“Nos tomó por sorpresa la decisión de la jueza”, declaró Arraiza, quien enfatizó que este caso requiere más que una simple “cintilla de evidencia” según lo establecido en la regla 6. “La Fiscalía, con la ayuda del negociado de investigaciones especiales, presentó mucho más que la mera cintilla de evidencia necesaria”, agregó.
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Según informes, las autoridades hacían una vigilancia para recuperar un vehículo hurtado en la madrugada de ese mismo día cuando comenzaron una persecución. Alegadamente, Cordero Nevárez retrocedió en el vehículo, se trepó sobre la acera e intentó escapar, acto que los guardias usaron como justificación para disparar.
El joven de 16 años falleció el pasado 1 de agosto de 2022 en el interior de un auto tras recibir 15 impactos de bala por siete agentes y un sargento. Los oficiales dispararon sobre el menor 60 veces.
“La Fiscalía con la ayuda del negociado de investigaciones especiales, llegó a allí al tribunal con mucha más prueba que la mera cintilla que hace falta. En ese sentido yo creo que la jueza se equivocó, se equivocó y no solamente se equivocó, sino que nos preocupa a nosotros que todavía hoy la judicatura de Puerto Rico no haya seguido las instrucciones que se le han brindado a través del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, aseguró el abogado.
Los agentes contra los que se radicaron diferentes cargos son: Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kelvin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.
Contra Ruiz Cisneros se radicaron cargos por asesinato en primer grado, dispara en una vía pública y apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras que contra Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari enfrentarán cargos por tentativa de asesinato y disparar en una vía pública y apuntar y disparar un arma de fuego.
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Por último, Meléndez Monsegur y Farías Santiago serán acusados por disparar en una vía pública y disparar en una vía pública.
“Si la jueza no pudo ver que lo que ocurrió fue una ejecución extrajudicial, tenemos un grave problema”, advirtió Arraiza, destacando las implicaciones de esta decisión en la seguridad y protección de la ciudadanía. “El mensaje que se le está enviando a la uniformada es muy equivocado”, subrayó. Arraiza dijo que la actuación de los agentes de policía en este caso constituyó una ejecución extrajudicial, lo que respalda sus afirmaciones con detalles sobre la presencia de los agentes en la escena y el número de disparos realizados.
“Es insólito que un tribunal en regla 6 haya determinado no causa contra estos policías. La prueba y los hechos indican que lo que hubo fue una ejecución extrajudicial”, insistió.
De igual forma, la directora ejecutiva de kilómetro cero, Mari Mari Narváez expresó su descontento con la decisión judicial, y señaló que, aunque no le sorprende debido a la aparente falta de una cultura democrática y respeto por los derechos humanos básicos en Puerto Rico, no están de acuerdo con ella. “Obviamente verdad pues no nos gusta esa determinación”, afirmó Narváez.
Además, destacó la importancia de que la Fiscalía haga su trabajo de manera diligente y transparente, para demostrar que la radicación de cargos no es simplemente un formalismo político en un año electoral. “Tienen que llevar a sus testigos”, instó Narváez.
Narváez expresó su frustración por la falta de acceso a información detallada sobre lo ocurrido en la audiencia anterior, y lamentó que las declaraciones juradas estuvieran cerradas al público. A pesar de esto, reiteró su convicción de que la Fiscalía tiene la responsabilidad de presentar la evidencia de manera clara y convincente.
La directora ejecutiva de Kilómetro Cero recordó el informe de 2022 que señalaba la preocupante situación en Puerto Rico, donde la policía parece tener “licencia para matar”. Según explicó a Metro Puerto Rico esta afirmación se basa en la percepción de que la policía puede tomar decisiones de vida o muerte de manera indiscriminada.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un resultado diferente en la vista en alzada, Narváez mantuvo la esperanza de que la prueba existente conduzca a un resultado más justo. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad recae en la Fiscalía para llevar a cabo su labor de manera efectiva. “Tiene que ser la Fiscalía la que tiene que hacer el trabajo”, concluyó Narváez.
Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que, si bien la mayoría de los miembros de la Policía cumplen con integridad su labor, aquellos que infrinjan la ley deberán enfrentar la justicia.
“No tengo duda de que la inmensa mayoría de los miembros de la Policía desempeñan su rol con verticalidad, compromiso, vocación y principios. Pero aquel que se aparte de estos preceptos e incurra en actuaciones contrarias a la ley, también tendrá que enfrentar la justicia”, aseguró a través de declaraciones escritas.
El secretario describió el caso como lamentable y complejo, y resaltó que la investigación realizada por el equipo del Departamento de Justicia concluyó que el uso de armas en la intervención no estaba justificado y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa.
“La Fiscalía cumplió con su labor y, por no estar de acuerdo con la determinación del tribunal, solicitó una vista en alzada para presentar los cargos nuevamente el 30 de abril. Nuestra solidaridad con la madre del joven Javier Cordero Nevárez y sus familiares. Esperamos hacerle justicia”, concluyó.
La fiscalía irá en alzada y se pautó la vista para el 30 de abril a las 8:30 a.m.
Por otro lado, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, destacó que este caso demuestra el compromiso de la administración con la transparencia y los procesos democráticos. “Este es el ejemplo más claro y contundente de que en esta administración, la transparencia y los procesos democráticos se honran y se respetan. A quienes lo han puesto en duda, hoy les debe quedar muy claro”, afirmó a través de declaraciones escritas.
El comisionado también hizo hincapié en la importancia de proteger vidas y propiedades, destacando el deber diario que enfrentan los policías. “Dios está con cada uno de mis policías, poniendo en claro nuestro deber al que nos enfrentamos día a día”, declaró.
