El presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, teniente José J. Taboada De Jesús, dejó entrever su preocupación con relación al proyecto anunciado por el Gobierno en el cual se pretende instalar unas 50 mil cámaras de vigilancia electrónica en puntos de alta incidencia criminal.
El líder de los policías expresó sus reservas con el proyecto y solicitó al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, que nombre una Comisión Especial que discuta y trabaje con la estrategia de vigilancia criminal y la utilización de la inteligencia artificial para la captación de imágenes digitales del comportamiento de la ciudadanía.
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“La Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico levanta “bandera roja” ante el anuncio realizado por los directivos de las Fuerzas de Seguridad del País, como reacción al asesinato en el problemático Residencial Sabana Abajo en Carolina del compañero policía Eliezer Ramos Vélez. Nuestra organización apoya el uso de la inteligencia artificial, eso incluye el uso de cámaras de vigilancia o cualquier método o herramienta legal disponible para combatir y prevenir el crimen. Sin embargo, con todas las experiencias que hemos tenido en este país, debemos planificar y actualizar una estrategia como esa. Antes de realizar el proyecto, antes de adjudicar una subasta para comprar esas cámaras es necesario que el Gobierno cree una Comisión Especial que incluya a miembros de la Comisión de Derechos Civiles, miembros de organizaciones de Base de Fe, compañeros Policías jubilados, militares que hayan trabajado en el área de seguridad en las Fuerzas Armadas, fiscales del Departamento de Justicia, empleados de seguridad en el Sistema de Corrección, agentes del Negociado de la Policía a cargo de vigilancia electrónica y otros. Se debe contratar a un grupo de expertos que conozcan y sugieran el tipo de artefacto electrónico digital que se debe instalar”, señaló el teniente Taboada De Jesús mediante declaraciones escritas.
Según explicó, ninguna cámara instalada debe apuntar hacia una residencia o puerta de un negocio.
“Me opongo a cualquier acción o método de uso de cámaras de vigilancia del Gobierno que se instalen para recrear la entrada y salida de una residencia o negocio. El Gobierno no puede “grabar el movimiento de sus ciudadanos sin ninguna razón a menos que un Tribunal emita una orden para tales fines”. Que quede claro que la Asociación de Miembros de la Policía no auspicia la vigilancia de ningún ciudadano sin razón alguna, de eso ocurrir es una violación de los derechos a la intimidad y libre movimiento de los ciudadanos. Conociendo la creatividad de los altos funcionarios del Gobierno es necesario que hagamos esta advertencia, ya que no hay duda que aquí existió un carpeteo que en su mayoría estuvo dirigido hacia las convicciones políticas de algunas personas. Esta idea de las cámaras no es mala, sin embargo, la misma no debe implementarse hasta que se entienda que están salvados y protegidos los derechos civiles que tiene la ciudadanía para que no los persigan o invadan su privacidad”, argumentó el líder de los Policías uniformados.
De igual forma, la Asociación de Miembros de la Policía dejó entrever su preocupación por la proliferación de cámaras de vigilancia en negocios y residencias, cuyo ángulo de observación muchas veces no se conoce. Sugirió la creación y publicación de un reglamento y registro oficial para permitir la instalación de cámaras de vigilancia en el exterior de una vivienda, negocio, iglesia o cualquier tipo de estructura pública o privada. El uso e instalación de una cámara de vigilancia electrónica externa debe estar asociado con la disponibilidad “pública” de la data recopilada, de manera que cualquier ciudadano afectado debe tener acceso a la grabación que le hicieron en un momento dado, el reglamento a crearse debe contener la disposición inmediata de lo grabado y de no brindarse debe ser sancionado el dueño u operador del sistema.
“Lo que parecía ser un lujo, ahora se ha convertido en una necesidad. El uso de cámaras de vigilancia sigue aumentando, ya sea dentro o fuera de un hogar, edificios, estructuras y hasta estacionamientos. Aquí en Puerto Rico se han dado casos de uso ilegal de cámaras como lo fue el médico en el área oeste que instaló una cámara en el baño de su oficina para vigilar la intimidad de sus pacientes y empleados, caso que fue sancionado por un Tribunal. De igual forma, tras la muerte de la puertorriqueña Nancy Santana García producto de una cirugía estética en Colombia, los agentes que investigaron el caso se encontraron que habían borrado los videos de las cámaras instaladas en el Salón de Belleza donde se reclutó a la paciente y días después, se dio a conocer del robo del equipo electrónico que se utilizaba para grabar por lo que se perdió la evidencia del caso. El ofrecimiento de los comerciantes para ayudar a que se instalen más cámaras debe ser evaluado ya que no sabemos a dónde irá a parar esa “data” que recoge una cámara en 24 horas. Por último, la AMPPR exhorta a los directivos de Seguridad Pública a que se instale en cada semáforo (esquina) el mismo sistema de vigilancia que tienen las ciudades grandes de Estados Unidos. Es necesario que tengamos cámaras en los semáforos para detener las violaciones de no respetar las señales de tránsito y la presencia de luces para detener el tráfico y permitir un orden logístico del flujo vehicular. Es necesario tener un buen sistema de cámaras en las carreteras que a la misma vez capten las violaciones a la ley de tránsito y emitan una notificación con el monto de la multa la cual sea enviada automáticamente a los conductores que han violado la ley. Aunque hubo un intento con un experimento hacia esos fines, el mismo fracasó porque se escogió a una compañía que no tenía experiencia, si vamos a entrar en ese tipo de vigilancia, se debe contratar a la mejor compañía que exista en Estados Unidos que esté operando y pueda mostrar su efectividad”, terminó diciendo el teniente Taboada De Jesús.
