A la luz de la sentencia de Oscar Santamaría, la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sembrando Sentido, Issel Masses, reveló datos sobre la gestión de contratos gubernamentales en Puerto Rico. Según el sistema de Contratos En Ley, desde marzo de 2015 hasta el 26 de marzo de 2024, se ha levantado la bandera roja sobre más de 91,670 contratos de un total de 700,000, lo que representa aproximadamente el 13% de los contratos analizados.
Masses señaló que, aunque actualmente el número de banderas rojas es bajo, cada una de estas señales indica un posible riesgo de corrupción o ineficiencia en la gestión de los contratos. Explicó que cerca del 12% de los contratos levantan una o más de las tres banderas identificadas como indicadores de riesgo, lo que sugiere la necesidad de una evaluación preventiva para garantizar un uso adecuado de los recursos públicos.
PUBLICIDAD
Las tres banderas rojas que detecta la herramienta son: contratistas donantes políticos, corporaciones con menos de 24 meses de constituidas contratadas por más de $250,000, y contratos cuyas enmiendas aumentan en más del 30% el monto original.
“Las empresas que (Oscar Santamaría) montó en su gran mayoría eran empresas estratégicamente desarrolladas para compañías que o sus procesos de competencia eran bastante manipulables o no requería de procesos competitivos y eso no solo tenía que ver en el tema de la basura, sino también en los servicios profesionales que él ofrecía a través de sus otras compañías”, explicó Masses.
La directora también destacó la preocupación respecto a la falta de procesos competitivos en la contratación de servicios profesionales, los cuales representan más del 9% del gasto público anual. Masses mencionó que, a pesar de existir una orden ejecutiva que establece requisitos mínimos de divulgación para estos contratos, no se promueve un proceso competitivo adecuado. Esto crea un ambiente propicio para la discreción y la falta de competencia en la asignación de recursos.
Ante la pregunta sobre si los municipios representan el foco de mayor riesgo de corrupción, Masses indicó que, si bien pueden ocurrir irregularidades a nivel municipal, la mayoría de los fondos públicos se concentran en la rama ejecutiva del gobierno.
Señaló que más del 90% del presupuesto gubernamental se destina a la rama ejecutiva, lo que indica que el dinero y, por ende, el potencial de corrupción, se concentran principalmente en esa área. Aunque reconoció que los municipios tienen menos recursos y, por lo tanto, pueden tener menos capacidad de monitoreo y control, indicó que la responsabilidad última recae en el gobierno central.
PUBLICIDAD
“Ahora bien, estamos hablando de un caso que se ha llevado un sinnúmero de alcaldes en el proceso que ha redundado en denuncias de otros alcaldes, pero todo viene de un contratista en particular. O de muy pocos contratistas que se enlazan con diversos municipios y también tenemos que recordar que Óscar Santamaría no solo tenía contratos con los municipios, tenía contratos con las agencias también”, comentó la directora ejecutiva.
Para Masses el hecho de que no se haya procesado no significa que no se esté investigando o que no haya podido suceder este en las agencias también. “No diría y no trataría de generalizar este y de ponerle más luz al municipio cuando realmente los municipios ahora mismo están pasando por una situación de una escasez de recursos sin precedentes que también debilita su capacidad de monitorearse y de proteger los recursos públicos”, continuó.
Masses destacó que el mayor gasto gubernamental se destina a la contratación de servicios, especialmente en un contexto donde las políticas de austeridad están reduciendo el tamaño del gobierno. Esta reducción, explicó Masses, conlleva a una mayor externalización de servicios esenciales a través de contratistas.
“El mayor gasto gubernamental es la contratación”, señaló Masses. Además subrayó que más del 50% del presupuesto se destina a contratos o compras públicas. En este sentido, enfatizó la necesidad urgente de implementar controles más sólidos en todos los niveles del gobierno para proteger el uso eficiente y equitativo de estos recursos. “Tenemos que tener controles mucho más robustos donde sea que estemos en el gobierno”, afirmó Masses.
Un estudio realizado sobre auditorías de la Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló que aproximadamente el 45% de los hallazgos están relacionados con procesos de contratación y compra pública. Aunque la proporción de hallazgos es mayor a nivel municipal, la cantidad total de posibles pérdidas económicas es mayor a nivel estatal, superando los USD 141 millones.
