El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este lunes, un recurso judicial contra de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) por no atender una petición de acceso a información pública sobre la composición y las minutas de su Junta de Gobierno.
Desde el 23 de enero de 2024, la periodista y fundadora de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo, quien fue becada por el Instituto de Formación Periodística del CPI, solicitó por correo electrónico a Irving Rodríguez, director ejecutivo de la ATPR, las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, la composición de la Junta, y quiénes han sido sus secretarios desde el 2018 al presente. Tras varios días sin recibir respuesta, la periodista acudió a la sede de la Autoridad de Tierras para dar seguimiento. Le indicaron que era necesario presentar su solicitud de información, nuevamente, por escrito. Luego de hacer las gestiones solicitadas e informar a al menos tres funcionarios de la agencia sobre la solicitud, en persona y por escrito, incluyendo al director ejecutivo de la ATPR, Irving Rodríguez, la periodista esperó varios días sin recibir respuesta y luego llamó a la agencia varias veces hasta que le volvieron a indicar que estaban trabajando con su petición. Pero al día de hoy, a más de 10 semanas de la petición original, no se ha recibido la información solicitada.
PUBLICIDAD
El CPI solicita al tribunal que ordene a la Autoridad de Tierras proveer las minutas o actas de las reuniones de la Junta de Gobierno de la agencia, en formato digital PDF. Además, los nombres de todas las personas que han formado parte de dicha Junta de 2017 al presente, incluyendo las fechas en las que han ocupado dichos cargos y de quiénes han sido sus secretarios o secretarias, señala el recurso radicado por los abogados Luis José Torres Asencio, Steven P. Lausell Recurt y Judith Berkan de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en representación del CPI.
“Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico. Lo solicitado no está protegido de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijado bajo algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
En casos anteriores, el mismo Tribunal de Primera Instancia ha ordenado la divulgación de actas de las reuniones de Juntas de Directores de entidades gubernamentales. En el caso del CPI vs Rivera Ríos se ordenó la entrega de las actas de las reuniones de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado entre el 2009 y el 2012. En el caso Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, se ordenó la entrega de minutas de su Junta de Directores en las que aprobaron emisiones de bonos y colocaciones privadas entre el 1988 y el 2015.
“Las actuaciones y omisiones de la Autoridad de Tierras al no proveer la información pública solicitada laceran nuestros derechos constitucionales de acceso a la información y de libertad de prensa, por lo cual el Tribunal debe ordenarle a la agencia cumplir con su deber”, destacó la directora ejecutiva del CPI.
