El presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, expresó este lunes su respaldo con la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, luego de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) le impusiera una multa por supuestamente violar la Ley de Ética.
“La determinación y el manejo del caso de la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, es otro ejemplo de que en los pasados años dicha oficina se ha caracterizado por su activismo político contra alcaldes populares para alimentar las candidaturas del PNP en los municipios donde no pueden ganarnos con los votos. El PPD le ha llevado casos de corrupción a la OEG, como es el caso de los cabilderos estadistas que cobran sumas millonarias de fondos públicos para ejercer un trabajo de cabildeo a favor de otro plebiscito, contrario al claro propósito de la ley de buscar un proyecto de estadidad. En ese caso, la OEG se convirtió en cómplice. De igual manera, la OEG le perdona al gobernador su acción de nombrar a Jefes de Agencia que no reúnen los requisitos en ley”, expresó por escrito.
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Ortiz aprovechó para cuestionar las determinaciones del ente gubernamental, las cuales según el presidente del PPD demuestran que la ley es aplicada de forma diferente a los funcionarios del PNP.
“En el caso del Gobernador, la OEG o se ha convertido en un protector a cualquier precio del candidato a gobernador del PNP o tiene una agenda política contra los alcaldes populares. Nos solidarizamos con la alcaldesa Karilyn Bonilla y rechazamos el proceso injusto y desigual que han encaminado en su contra. El PPD reitera su compromiso con reformar nuestro sistema de justicia para garantizar procesos efectivos y sin agendas políticas en la lucha contra la corrupción”, finalizó.
La OEG emitió una serie de sanciones contra la alcaldesa de Salinas por la designación de una ayudante administrativa como directora de Finanzas interina en el municipio sin cumplir con los requisitos mínimos para ocupar el puesto.
Según la querella de la OEG, la alcaldesa violó la Ley Orgánica de Ética Gubernamental al designar en varias ocasiones a la ayudante administrativa Jessica González Carbonell al puesto para el cual no cumple con los requisitos mínimos necesarios. El documento también indica que la alcaldesa autorizó, indebidamente, el pago de un diferencial por interinato a González Carbonell.
En la resolución con fecha del 29 de febrero, se determinó que la alcaldesa debe pagar una multa administrativa de $4,000, además de restituir la cantidad de $15,914.42.
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Ante esto, la alcaldesa de Salinas emitió unas expresiones donde explica las razones por las cuales se le asignaron tareas de directora de Finanzas a la ayudante administrativa. Según la alcaldesa esto ocurrió mientras se buscaba a la persona que ocupara la posición en propiedad.
“Por necesidad de servicio a la persona se le asignaron tareas adicionales a su puesto de Ayudante Administrativa mientras se completaba el nombramiento de un director del Departamento de Finanzas en propiedad. De hecho, dicha asistente nunca fue nombrada en propiedad como directora, y en la actualidad ya no labora en el Municipio de Salinas”, expresó la alcaldesa. “El problema está en que la OEG resuelve el caso sin darnos oportunidad a vista, violando el debido proceso de ley. Este es un caso selectivo, compañeros alcaldes del PNP han tenido los mismos señalamientos administrativos sin ser multados, y ni siquiera existen querellas de parte de Ética”.
La alcaldesa comparó el caso con el del director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filimeno, quien ocupó el puesto de forma interina por tres años.
“Aquí lo que hubo fue el pago de un diferencial que se le dio a una empleada para realizar tareas adicionales, de conformidad con la extinta Ley de Municipios Autónomos, ante la renuncia del Director de Finanzas y no paralizar la operación municipal. Aquí no hay malversación de fondos públicos, ni intención de beneficio alguno. Además, la OEG no nos dió la oportunidad de expresarnos ni de presentar testigos”, añadió.
Bonilla Colón expuso que el Municipio, en medio de los eventos de huracán María y la pandemia, sufrió alteraciones en sus operaciones como en todo el mundo, lo que dilató el nombramiento en Finanzas. Las tareas de Finanzas son críticas en el funcionamiento de todo Municipio.
“La OEG da éstas razones para justificar sus atrasos en la atención de casos, sin embargo no lo toma en consideración en este caso y le priva a la alcaldesa de presentar los testigos que expliquen las circunstancias que experimentó el municipio”, añadió el licenciado Luis Avilés, abogado de la alcaldesa.