La jueza Joie-Lin Laó Meléndez determinó que no existe suficiente evidencia para proceder con los cargos de perjurio y falsedad ideológica contra la representante Mariana Nogales Molinelli, quien fue acusada de proporcionar información falsa en sus informes financieros presentados ante la Oficina de Ética Gubernamental.
Los cargos contra Nogales Molinelli se basaron en alegaciones de que había omitido información relevante en sus informes éticos gubernamentales, específicamente en relación con su participación en la corporación Ocean Front Villas durante un período de veinte años. La Fiscalía, liderada por la fiscal Zulma Fúster Troche, argumentó que estas omisiones constituían un acto deliberado de ocultamiento de información y presentó pruebas detalladas para respaldar su caso.
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Anteriormente, los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente formularon 51 acusaciones contra la legisladora, pero ninguna tuvo éxito.
Durante la vista preliminar, el debate entre la Fiscalía y la defensa, representada por el licenciado José Andreu, fue intenso y se centró en la interpretación de la ley de Ética Gubernamental y los estándares para la presentación de cargos por perjurio y falsedad ideológica. La defensa argumentó vehementemente que las omisiones no constituían un delito y citó precedentes legales para respaldar su posición.
El licenciado José Andreu presentó un planteamiento al tribunal cuestionando la intención detrás de las omisiones de su cliente: “En el delito de perjurio también se requiere intención específica como aquello se comete a propósito… consciente de la producción de un resultado en particular”. Esta declaración enfatizó la posición de la defensa de que las omisiones no fueron intencionales y, por lo tanto, no constituyeron un delito.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que las omisiones de Nogales Molinelli constituían una violación clara de la ley de Ética Gubernamental y que había pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. La fiscal Zulma Fúster Troche argumentó que, “El delito de perjurio… Ella estaba bajo juramento cuando presentó el informe de ética… ella ocultó la información, ella colocó NO APLICA… la sección 3 específicamente exige que divulgue su participación en una corporación… obviamente hay una intención”.
En sus declaraciones ante la jueza Joie-Lin Laó Meléndez, Andreu hizo referencia a un precedente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual estableció que la exclusión de un ingreso en una planilla no convierte automáticamente dicho documento en fraudulento. En su lugar, lo calificó como una “planilla incorrecta”.
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El licenciado Andreu citó el fallo del Tribunal, el cual dictaminó que la negligencia no puede ser equiparada con una acción deliberada, señalando que cuando se trata de omisiones en informes financieros, la falta de intención maliciosa debe ser tomada en consideración.
“El Tribunal Supremo decidió que cuando es negligente, no se actúa a propósito”, recalcó el abogado defensor.
De otro lado, al comenzar la vista se presentó el segundo testigo por parte del Ministerio Público, cuando la jueza llamó al caso.
El punto de conflicto central surgió cuando se discutió si el segundo testigo presentado por el Ministerio Público, un Contador Público Certificado (CPA) llamado Giancarlo Esquilín, debía ser considerado como perito. La defensa argumentó en contra de esta calificación, sosteniendo que el testigo no poseía las cualificaciones necesarias.
“No tiene conocimiento personal, no es investigador y mantiene contratos con el Departamento de Hacienda, entre otros con el gobierno y no tiene las cualificaciones para este caso”, sostuvo Andreu.
El fiscal, Ramón Mendoza objetó estas afirmaciones, insistiendo en que el Tribunal debería escuchar el testimonio antes de descalificar al testigo como perito. Se discutió intensamente sobre la pertinencia del testimonio del segundo testigo en relación con las acusaciones contra Nogales.
“Esta persona no va a testificar sobre el informe de ética, si no, sobre documentos y hallazgos relacionados de que usted pueda analizar la prueba que tiene ante sí”, destacó Mendoza.
La jueza intervino en varias ocasiones, e indicó que si el testimonio se refería a documentos del Departamento de Estado, no sería necesario traer al testigo. Además, se mencionó que se disponía de un certificado estatal que confirmaba la participación de Nogales en una corporación.
Finalmente, el Ministerio Público procedió con el interrogatorio al CPA Giancarlo Esquilín, quien se vio enfrentado a numerosas objeciones por parte de la defensa de Mariana Nogales. La jueza reiteró que el Tribunal podría revisar los informes pertinentes para llegar a una conclusión en el caso.
La vista se llevó a cabo debido a que el pasado 21 de diciembre, el juez Rafael Taboas encontró causa para arresto contra Nogales Molinelli, en dos de los 24 cargos presentados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
Taboas encontró evidencia en cargos de perjurio y falsedad ideológica por omisiones en el Informe de la Oficina de Ética Gubernamental. Estas acusaciones, enmendadas por el juez, se centran en la participación de Nogales en la corporación Ocean Front Villas hasta 2021.
Por otra parte el coordinador de la Comisión de Estrategias del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el licenciado Manuel Rodríguez Banchs, adelantó en Metro al Mediodía que si no se le encuentra causa para juicio a la representante, Mariana Nogales Molinelli, por los cargos de perjurio y falsedad ideológica que pesan en su contra— la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (FEI) iría nuevamente en alzada.
“Estoy convencido de que, en el caso de que haya una determinación de ´no causa´ probable para juicio en esta etapa, el FEI va a ir en alzada y vamos a seguir discutiendo el tema de Mariana Nogales por las próximas semanas”, expresó el abogado, quien agregó que las acusasiones por parte de los senadores novoprogresistas, Gregorio Matías y Thomás Rivera Schatz, son falsas y se hicieron con la intención de desviar la atención de los asuntos que realmente conciernen al país.
Cámara de Representantes reacciona
El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García aseguró que el cuerpo queda reivindicado luego de no convertir en querella la queja presentada por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló para que se sancione a la representante Nogales.
“Ante la determinación de la jueza Joie-Lin Laó Meléndez, del Tribunal de San Juan, de no causa contra la representante Mariana Nogales por los dos cargos imputados por el Panel del Fiscal Especial Independiente, la Comisión de Ética de la Cámara queda reivindicada, cuando hace dos años atrás, solo impuso una multa administrativa”, expresó Matos a través de declaraciones escritas.
