La Comisión de Gobierno del Senado llevó a cabo una vista pública para dialogar sobre la auditoría de la Oficina del Contralor a la Oficina de la Región Educativa de Ponce que revela condiciones de deterioro en escuelas en desuso, pérdida de 400 mil dólares en equipos y el desecho de miles de expedientes con información sensitiva de estudiantes.
“Todos [legisladores] formamos parte de las funciones del Gobierno y estamos abiertos al escrutinio público. Dentro de ese espacio, se crea la Comision Conjunta de Evaluacion de los Informes del Contralor. En muchas ocasiones, se convierte en solo evaluar el informe, lo firmo, se informa al pleno y ahí se acabó. No se trata de más dinero o compras, se trata de darle más utilidad a lo que tenemos”, indicó el presidente de la comisión, Ramón Ruiz Nieves.
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Según Yesmín M. Valdivieso, contralora de Puerto Rico, indicó que visitaron cinco de las 49 escuelas que la OREP cerró en los años 2017 y 2018, y entre sus hallazgos, encontraron documentos con información confidencial. Además, al 28 de febrero de 2023, 551 unidades de propiedad, valoradas en $492,737, continuaban cerradas y registradas en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (DE).
“Una escuela de la OREP fue designada como Centro de Récord para conservar los documentos inactivos de las escuelas de la región […] La ORE no realizó gestiones para transferir al Centro los expedientes inactivos de las cinco escuelas visitadas […] Habían gavetas de archivos y cajas con expedientes, apiladas en el piso de una escalera sin protección contra elementos de la naturaleza. La persona encargada del Centro indicó que correspondían a una escuela que fue cerrada en el 2018 y fueron transferidos al Centro en marzo de 2022. Estos no habían sido clasificados por las condiciones en que se encontraban”, lee la ponencia de la Oficina del Contralor, quienes indicaron que, al momento, no cuentan con respuesta del DE sobre los hallazgos.
Por su parte, la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera, resumió que la Oficina del Inspector General guarda deferencia a los hallazgos y conclusiones presentados en el informe discutido. También, reconoció la importancia en el proceso de vigilancia y rendición de cuentas en la lucha contra la corrupción gubernamental.
El DE, representado por la abogada de la secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública, Carol V. Serrano Lebrón, dijo que, junto a la OREP, de manera proactiva, están corrigiendo los señalamientos plasmados en el informe.
“El personal de la agencia se encuentra desarrollando un Plan de Acción Correctiva para asegurar que las deficiencias no se repitan. Es inaceptable para el Departamento que se repitan los hallazgos como los recogidos en el informe. Se tomaron acciones inmediatas y drásticas para atender la situación”, lee la ponencia de la agencia.
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A preguntas del senador Ruiz Nieves, Serrano Lebrón, representante del DE, dijo que le informaron que no contemplan el cierre de escuelas.
“No juguemos a la política. La secretaria nos dijo que se espera una reducción de 27 mil estudiantes. No hay estudiantes para llenar los salones. Vamos a hablar claro: estoy hablando de proyecciones. Esto es lo que se dijo en las vistas públicas. El que le dijo que no vislumbran el cierre de escuelas, dígale que esto no se lo inventó Ramón Ruiz Nieves”, indicó el senador a Serrano Lebrón.
Por otro lado, la contralora añadió que entiende que esta situación es causada por la falta de voluntad.
“Todos sabemos el problema del 2014 luego del anuncio del cierre de las escuelas. Los padres, los estudiantes, los directores y maestros no querían moverse de escuela. Esa molestia con la idea llevó a que todas estas cosas pasaran. Nunca he defendido a Julia Keleher, pero pese a lo que hizo, le estuvieron mintiendo. Mandó a cerrar escuelas del siglo 21 porque la información que le llegó era incorrecta”.
El senador realizó unos requerimientos de información a los deponentes para completar el informe que la comisión presentará sobre este asunto. Además, le indicó a la contralora que le gustaría reunirse para analizar si pueden enmendar la Ley para así establecer consecuencias para “salvaguardar la buena utilidad de los fondos públicos”.
