Un juez del Tribunal de Primera Instancia de Ponce sentenció este jueves a Sharif Fitzgerald Torres Oliveras, residente de Juana Díaz, por la posesión ilegal de una tortuga carey que está en peligro de extinción.
“Este caso resalta la importancia de la colaboración interagencial y el compromiso de la agencia en la lucha por la protección y conservación de nuestra biodiversidad. La decisión judicial no solo refleja la gravedad de los actos contra nuestra vida silvestre, sino que envía un mensaje claro sobre las consecuencias de ignorar las leyes y reglamentos que salvaguardan a nuestras especies en peligro extinción”, informó este jueves la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega.
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La investigación, liderada por los agentes del Cuerpo de Vigilantes, Miguel Pérez Colón e Israel Torres Ocasio, en colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, culminó con la imposición de una multa de $500 y 30 días de cárcel para Torres Oliveras por violación del Artículo 6, Inciso O, de la Ley 24, Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, que prohíbe la caza o colecta de especies vulnerables o en peligro de extinción.
“Desde el DRNA hacemos un llamado a la ciudadanía para que continúen colaborando en la preservación de nuestra biodiversidad, reportando cualquier actividad sospechosa. Proteger nuestras especies en peligro es responsabilidad no solo de la agencia, sino de todos los ciudadanos”, puntualizó Rodríguez Vega.
La tortuga marina carey es reconocida por su distintivo caparazón de colores vivos y patrones únicos. Considerada en peligro crítico de extinción, esta especie juega un papel crucial en la salud de los ecosistemas marinos, especialmente en los arrecifes de coral, al alimentarse de esponjas que podrían dominar estos hábitats y limitar la diversidad de corales. La conservación del carey es vital no solo para la biodiversidad marina, sino también para la salud general de los océanos.
