Un juez que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse perpetrado en julio de 2021 emitió un informe final el lunes en el que acusa formalmente a su viuda Martine Moïse, al ex primer ministro Claude Joseph y al exdirector de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, entre otros.
Se prevé que las acusaciones del juez desestabilicen todavía más a un país que ya enfrenta enormes dificultades debido a un repunte en la violencia de pandillas y que vivió recientemente una serie de protestas en las que se exigía la renuncia del primer ministro Ariel Henry.
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Decenas de sospechosos fueron encausados en el informe de 122 páginas dado a conocer el lunes por Walther Wesser Voltaire, el quinto juez en encabezar la investigación después de que los previos renunciaron por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados.
Charles, quien ahora es el representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos, enfrenta los cargos más graves: homicidio; intento de homicidio; posesión y portación ilegal de armas; conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación delictuosa.
Por su parte, Martine Moïse y Joseph están acusados de complicidad y asociación delictuosa.
Por el momento no fue posible contactar a Charles para que hiciera comentarios, y el abogado de Martine Moïse no devolvió los mensajes en los que se le solicitaron comentarios.
Mientras tanto, Joseph compartió un comunicado con The Associated Press en el que acusó a Henry de “socavar” la investigación y beneficiarse de la muerte del presidente.
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“Henry... está usando el sistema de justicia haitiano como arma, persiguiendo a opositores políticos como yo. Es un golpe de Estado clásico”, declaró Joseph. “Fracasaron en matarme a mí y a Martine Moïse el 7 de julio de 2021, y ahora usan el sistema de justicia haitiano para impulsar su agenda maquiavélica”.
Joseph volvió a exhortar a Henry a renunciar, e hizo notar que, cuando él aún era primer ministro, invitó al FBI para que ayudara a las autoridades locales a investigar el homicidio y le escribió a la ONU y a la OEA para solicitar ayuda.
“No dejaré de luchar. Se debe hacer justicia”, declaró.
En su informe, el juez puso de relieve que el ex secretario general del Palacio Nacional, Lyonel Valbrun, les dijo a las autoridades que recibió “fuerte presión” de parte de Martine Moïse para que pusiera la oficina presidencial a disposición de Joseph porque él la necesitaba para “organizar un consejo de ministros”.
Valbrun también testificó que, dos días después de que fuese asesinado su esposo, Martine Moïse visitó el Palacio Nacional y pasó allí casi cinco horas —desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada— retirando “un montón de cosas”.
Dijo también que dos días después del asesinato de Jovenel Moïse, Martin Moïse le llamó para decirle que “Jovenel no hizo nada por nosotros. Tienes que abrir la oficina. El presidente le dijo a Ti Klod que creara un consejo de ministros; él llevará a cabo elecciones en tres meses de forma que yo pueda convertirme en presidenta... ahora tendremos poder”.
Aunque el documento no identificó a Ti Klod, el ex primer ministro Claude Joseph es conocido por ese nombre.
En su informe, el juez también declaró que Martine Moïse “dejó entrever” que se refugió debajo de la cama para protegerse de los atacantes, pero hizo notar que las autoridades en el lugar hallaron que “ni siquiera una rata gigante... cuyo tamaño es de entre 35 y 45 centímetros” podría caber debajo de la cama.
El juez dijo que las declaraciones de la ex primera dama estaban “tan viciadas por contradicciones que dejan mucho que desear, y la desacreditan”.
Otras personas que enfrentan cargos, incluido el de asesinato, son: Christian Emmanuel Sanon, un pastor de nacionalidades haitiana y estadounidense que se consideraba a sí mismo como el próximo presidente de Haití y que dijo que pensaba que Moïse sólo sería detenido; Joseph Vincent, un ciudadano de nacionalidades haitiana y estadounidense y exinformante de la DEA; Dimitri Hérard, jefe de seguridad presidencial; John Jöel Joseph, un exsenador haitiano; y Windelle Coq, una jueza haitiana que, de acuerdo con las autoridades, se encuentra prófuga.
Sanon, Vincent y Joseph fueron extraditados a Estados Unidos, en donde un total de 11 sospechosos enfrentan cargos federales relacionados con el asesinato del presidente haitiano. Tres de ellos ya han sido sentenciados.
En tanto, más de 40 sospechosos siguen presos en Haití a la espera de juicio, aunque de momento no está claro qué tan pronto se realizará uno después de las acusaciones formales del lunes. Entre ellos hay 20 exsoldados colombianos.
Milena Carmona, esposa de Jheyner Alberto Carmona Flórez, declaró a The Associated Press que su marido es inocente.
“Lo que pasa es que este crimen es una conspiración de grandes magnitudes en la cual gente poderosa está detrás manejando todo, y por eso no les dan la libertad”, manifestó en referencia a los exsoldados colombianos.
Fiscales estadounidenses han dicho que se trató de un complot orquestado en Haití y en Florida para contratar mercenarios con el fin de secuestrar o matar a Moïse, quien tenía 53 años cuando fue asesinado en su vivienda privada cerca de la capital Puerto Príncipe.
El ataque comenzó la noche del 6 de julio y finalizó el 7 del mismo mes, según testigos.
Martine Moïse y otras personas que fueron interrogadas señalaron que escucharon una gran cantidad de disparos que comenzaron alrededor de la 1 de la mañana y se prolongaron durante 30 o 45 minutos hasta que los hombres armados irrumpieron en la habitación de la pareja presidencial.
Moïse dijo que estaba tendida sobre el suelo cuando escuchó que los atacantes gritaron: “¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa no es!”.
Indicó que los sospechosos realizaron una videollamada para identificar el lugar preciso de lo que buscaban mientras mataban al presidente. Añadió que se encontraba recostada boca abajo cuando los sospechosos le inclinaron la cabeza y le jalaron un dedo del pie “para asegurarse de que no estaba viva”.
Una vez que se fueron, Moïse dijo que se arrastró sobre el suelo y le susurró a su esposo que trataría de llegar al hospital.
“Fue entonces que se dio cuenta de que el presidente estaba muerto y que su ojo izquierdo estaba fuera de la cavidad ocular”, de acuerdo con el informe.
Moïse dijo que un grupo de entre 30 y 50 policías debía resguardar la residencia presidencial, pero el juez destacó que esa noche sólo había unos cuantos. Un agente dijo al juez que escuchó detonaciones y una voz por un megáfono que decía: “¡No disparen! ¡Es una operación de la DEA! ¡Ejército de Estados Unidos! Sabemos cuántos agentes hay dentro. Salgan con las dos manos abajo”.
Otro de los policías dijo que el jefe de seguridad de la primera dama la encontró en “estado crítico” y acompañada de sus dos hijos. También declaró que vio a un número no determinado de personas que salían de la residencia presidencial “con maletines y varios sobres en su poder”.
El reporte indica que el inspector general André Vladimir Paraison dijo que el mandatario lo llamó a la 1:46 de la mañana y le dijo: “¡Paraison! ¡Hombre, apúrate! ¡Estoy en problemas! Ven rápido y sálvame la vida”. Añadió que se encontró con hombres fuertemente armados y no pudo ingresar de inmediato a la residencia.
El informe del juez destacó que algunos de los policías en el lugar fueron desarmados y esposados, mientras que otros “tuvieron tiempo de arrojarse por un barranco” en busca de seguridad. Además, el oficial de policía que supervisaba la seguridad presidencial fue acusado de recibir 80,000 dólares para sobornar a ciertos agentes “para que permanecieran inactivos” durante el asesinato, según el informe.
También resaltó que “ninguno de los policías que brindaban seguridad al jefe de Estado estuvo en peligro. Desafortunadamente, el jefe de Estado fue asesinado con facilidad”.
