En vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes varios profesionales de la salud se pronunciaron en contra del Proyecto de la Cámara 1948 para crear la nueva “Ley de Vacunación de Estudiantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, la cual incluye exenciones a la vacunación y brinda a los padres el poder de decidir que vacunas pueden serle administradas a sus hijos.
El Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico expresó su rotunda oposición al proyecto de ley de vacunación escolar. La Dra. Inés Esquilín, en representación de la Dra. Dharma Vázquez Torres, rectora interina del RCM, expuso la importancia de mantener la Ley Núm. 25 de 1983, la cual ha sido un pilar en el aumento de las tasas de vacunación y la prevención de enfermedades prevenibles en la población escolar y la comunidad en general.
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La doctora explicó que esta ley ha demostrado ser efectiva en la reducción significativa de enfermedades como la meningitis por Haemophilus influenza y neumococo, que pueden tener consecuencias devastadoras, incluyendo sordera, discapacidades físicas y mentales, e incluso la muerte.
“Vacunar a los niños no solo les confiere protección a ellos, sino que protege a otras personas con las que tienen contacto, como a los recién nacidos, y a los pacientes con condiciones de salud como cáncer, inmunodeficiencias, o condiciones reumatológicas, en quimioterapia o medicamentos que suprimen su sistema inmunológico. Esto es lo que se conoce como “herd immunity” o inmunidad de rebaño. Esta inmunidad nos provee la oportunidad de proteger a los no vacunados, a nuestra población de inmigrantes de países con acceso limitado a vacunas, y a los individuos de alto riesgo de complicaciones de estas enfermedades”, explicó la Dra. Esquilín.
En el memorial explicativo también se refuta diversas objeciones infundadas contra las vacunas, como la supuesta asociación entre las vacunas y el autismo, argumento que ha sido desacreditado repetidamente por la comunidad científica. Asimismo, se aborda la seguridad de las vacunas, señalando que pasan por rigurosos procesos de evaluación y monitoreo por parte de las autoridades sanitarias, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
El RCM advirtió sobre los riesgos de derogar la Ley Núm. 25 y permitir exenciones amplias a la vacunación escolar, lo cual podría poner en peligro la salud pública y revertir los avances logrados en la prevención de enfermedades infecciosas. Además, se subrayó el principio de que el gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar el derecho a la salud de la población, por encima de los derechos individuales.
Por otra parte, la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría resaltó la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para prevenir enfermedades graves. Destacaron que, si bien reconocen el derecho constitucional de los padres en la crianza de sus hijos, incluyendo decisiones médicas, también subrayaron que este derecho no es absoluto y puede ser intervenido por el Estado en casos en que el bienestar del menor esté en peligro.
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“En Puerto Rico se permiten sólo dos exenciones a la vacunación: por razones médicas y por razones religiosas. La exenciones médicas son necesarias porque es posible que el menor no pueda recibir ciertas vacunas si es alérgico a un ingrediente de la vacuna, o si tiene un sistema inmunológico debilitado a causa de una enfermedad, una enfermedad crónica o está tomando ciertos medicamentos que pueden debilitar su sistema inmunológico”, lee la ponencia.
La intervención estatal en asuntos de vacunación se basa en el principio de parens patriae y el interés superior del menor, según establecido en la Ley Núm. 57 de 2023, la cual define el Mejor Interés del Menor como el conjunto de acciones orientadas a garantizar su desarrollo integral y bienestar. En este marco, la vacunación se considera una medida crucial para proteger la salud física, mental, y emocional de los niños y adolescentes.
La Sociedad Puertorriqueña de Pediatría enfatizó que la vacunación no solo protege a los individuos vacunados, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, necesaria para proteger a aquellos que no pueden recibir vacunas por razones médicas. Por tanto, limitar las exenciones a la vacunación es vital para mantener altas tasas de inmunización y prevenir brotes de enfermedades prevenibles.
Respecto a las objeciones por razones religiosas, los pediatras expresaron respeto por este derecho de los padres, pero advirtieron que ampliar las exenciones podría socavar los esfuerzos de vacunación y poner en riesgo la salud de la población infantil. Argumentaron que la ciencia respalda la seguridad y eficacia de las vacunas, y que cualquier duda o preocupación de los padres debe ser abordada con información precisa y orientación médica.
De igual forma, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos catalogó el proyecto como uno “anti-ciencia”.
“El Gobierno debe fomentar la información clara, precisa y accesible sobre la ciencia detrás de las vacunas y precisamente, para eso existe el Departamento de Salud y Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, entre otras entidades. En vez de derogar leyes que le han servido a nuestro país el Gobierno debe invertir recursos en desmentir mitos de manera proactiva, ofrecer explicaciones sobre cómo es realizan y monitorean las investigaciones científicas para asegurar la seguridad y eficacia de las intervenciones”, aseguró.
También se expresó en contra del proyecto cameral, la presidenta de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP) y de la Universidad Central del Caribe (UCC), la doctora Waleska Crespo Rivera. “Es el Gobierno el que principalmente tiene que proteger el derecho fundamental a la salud, y establecer programas para fortalecer los sistemas de salud”, sostuvo Crespo Rivera.
Asimismo, la presidenta de la Universidad Central del Caribe, la Dra. Waleska Crespo no endosa dicho proyecto. Además, abordó la necesidad de recalcar que las políticas de inmunización, como estrategias de salud pública, son efectivas en la medida en que se apliquen a toda la población para lograr la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Si se abre la puerta para que una cantidad significativa de personas opten por no vacunar a sus hijos se romperá esa cadena protectora del colectivo.
En cambio, el licenciado y sacerdote católico Carlos Pérez Toro, acudió para mostrar su apoyo al proyecto de ley. Basándose en el derecho a la Libertad de Conciencia, Pérez Toro aseguró que debería considerarse como fundamental el derecho de los padres a rechazar las vacunas en nombre del menor.
“La falta de informar a los padres para que sean ellos los que últimamente decidan sobre lo que conviene para la salud de sus hijos, llevaba a decisiones gubernamentales sobre vacunación forzosa que muchas veces no eran basadas en la necesidad de proteger a la comunidad escolar de enfermedades contagiosas”, insistió el licenciado.
