La Cámara de Representantes considerará, en su sesión de este martes, una medida que crea la “Ley Natalia Nicole Ayala Rivera”, para imponer una pena de cárcel mandatoria a los conductores que abandonen la escena de un accidente, luego de provocarle grave daño corporal o causarle la muerte a una víctima inocente.
El P.C. 1957 busca evitar que se repitan casos como el de la joven de 20 años Natalia Nicole Ayala Rivera, quien fue víctima de un hit and run en el que perdió la vida el pasado 5 de enero de 2022, y cuyo responsable fue hallado culpable de su muerte y de abandonar la escena, pero no cumplirá un solo día de cárcel, ya que recibió una sentencia suspendida de 10 años.
“Luego de haber celebrado una vista pública el pasado 17 de enero en la que escuchamos de primera mano el sufrimiento de una madre al narrar la forma cruel, inhumana e injusta en la que le arrebataron la vida a su hija, estamos listos para aprobar este proyecto y honrar la memoria de Natalia Nicole para evitar que otras familias puertorriqueñas sufran este tipo de tragedias. El lunes, la Comisión de lo Jurídico celebrará un MarkUp Session y, el martes, la medida pasará al pleno para ser aprobada”, informó el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez.
El PC-1957, cuyos autores son los representantes Gretchen M. Hau y Héctor Ferrer Santiago, además de sancionar con mayor severidad a los conductores que abandonen la escena, impone una pena mandatoria de cárcel, sin el beneficio de una sentencia suspendida o la oportunidad de participar de un programa de desvío cuando se configura el agravante de fuga.
“Esta actuación criminal reduce las posibilidades de supervivencia de la víctima y, en escenarios más conservadores, agudiza los daños ocasionados. No obstante, la pena vigente es extremadamente leniente, al concederle la alternativa de libertad supervisada u otras opciones de desvío, a pesar de que los hechos probados más allá de duda razonable demuestren un claro menosprecio por la vida. Ante esta realidad, estamos declarando una política pública de cero tolerancia contra esta conducta reprochable”, señaló Hau.
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Asimismo, la pieza legislativa delimita la discreción judicial al requerir la imposición de supervisión electrónica cuando exista una determinación de causa probable para arresto por los delitos dispuestos, ante el riesgo real e inmediato de que la persona sospechosa evada la jurisdicción.
“De esta forma, se honra el legado de Natalia Nicole Ayala Rivera, víctima inocente de un conductor negligente que se benefició de una sentencia suspendida, a pesar de la temeridad de los actos probados más allá de duda razonable ante un Tribunal. En honor a la memoria de Natalia Nicole, ninguna persona que demuestre un claro menosprecio a la vida de una víctima inocente podrá ser acreedor de una pena leniente o un trato privilegiado mientras extingue la sentencia”, expresó, por su parte, Ferrer Santiago.