El portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico y expresidente de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan (VSJ), Juan Fernández, dijo en entrevista con Metro al Mediodía que los comerciantes temen que la privatización de los muelles de la ciudad capital los desplace como ha pasado en otros países e islas del Caribe.
“En Cozumel en México, en Labadee en Haití, en el puerto de Jamaica y otros del Caribe, se crean estos muelles con un laberinto de tiendas donde se dasanima que el turista salga de ahí, porque además les ofrecen libres de impuestos las ventas con una competencia desleal con el comercio de los pueblos. Y por poner un ejemplo del pueblo de Cozumel, que se parece en la distribución de tiendas al Viejo San Juan, el pueblo ahora no tiene ni un 20% de las ventas desde que hicieron un laberinto que te desanima a salir y te dicen que si sales, es a tu propio riesgo”, aseguró Fernández.
“Creemos que esto va a pasar también en el Viejo San Juan porque estas personas ya crearon corporaciones en el Departamento de Estado y alquilaron unos pisos en el Banco Popular de la calle Tetuán para la operación de todo esto. Su negocio no es los cruceros, su negocio es explotar lo que se le va a quitar al tejido turístico y a nosotros como comerciantes”, agregó.
El pasado lunes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó una resolución presupuestaria de $320 millones de dólares del presupuesto general para financiar un Acuerdo de Liquidación entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y la Autoridad de Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento del Gobierno de Puerto Rico (ARD).
Inicialmente, en la legislatura se presentó la Resolución Conjunta de la Cámara 594, con el fin de otorgar el dinero para dar paso al Acuerdo de Consesión entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (APP) y la empresa, San Juan Cruise Port, una subsidiaria de Global Ports Holding PLC, quienes finalmente estarán encargados de “reparar, mejorar, operar y mantener” los Terminales de Cruceros de la Bahía de San Juan por 30 años. Sin embargo, aunque varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) le dieron paso a la medida en la Cámara de Representantes, en el Senado no contó con los 14 votos que necesitaba para ser aprobada.
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Posteriormente, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, presentó ante la JSF una resolución presupuestaria, por lo que el ente fiscal se amparó en la Sección 202 (d)(2) de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), y dio paso al desembolso del dinero.
Según se había informado, el contrato establece que Global Ports Holding debe pagar a la APPR una tarifa de concesión de $75 millones de dólares, que se utilizará para cubrir deudas y otras necesidades corrientes de la agencia. En adición, la Autoridad de Puertos recibirá de la empresa, otros $1.6 millones de dólares para el pago de labores de dragado en la Bahía de San Juan.
Al cierre de la transacción, el ente privado debe haber obtenido el financiamiento para realizar los proyectos de la fase de inversión inicial, cuya cantidad ronda en $74.8 millones de dólares. Esta cantidad es parte de los $425 millones de dólares que San Juan Cruise Port se comprometió en invertir.
Adicional, dicho contrato le otorga la exclusividad a la empresa para realizar el diseño y construcción de la infraestructura de los muelles 1, 3, 4, 11, 12, 13 y 14 en el Frente Portuario de San Juan, y Panamericanos l y II en Isla Grande, que son propiedad de la APPR.
Fernández detalló que, aunque la organización que representan lleva cinco años levantando su voz en contra de este proyecto, entiende que la decisión de la Junta es “final y firme” y no ve con “esperanza” que haya un cambio.
“Estuvimos reunidos con dos gobernadores sobre el asunto y siempre se choca con el aspecto de la secretividad que rodea las alianzas público-privadas. En concreto, se le requiere a quien quiera saber sobre el asunto que firme unos acuerdos de confidencialidad, y la Alianza Turística por Puerto Rico se negó a firmarlo porque tal cosa significaría una ley de mordaza”, contó Fernández.
El comerciante expresó que la deuda realmente es producto de la mala administración en los distintos puertos del país, en especial, en los nueve de la capital. Especificó que, cuando traspasaron el Aeropuerto Luis Muñoz Marín a manos de Aerostar Airport Holdings, LLC, el Gobierno no pagó la deuda que tenía. Asimismo, no costearon la deuda de la APPR cuando le cedieron los muelles de carga a Luis Ayala Colón y Tote Maritime.
“Hace 16 meses la deuda aparecía de $160 millones y, por alguna casualidad, ahora aparece de $300 y pico de millones. Y esos $160 millones los dijo el gobernador hace 16 meses. Global (Ports Holding) no puedo pagar ni siquiera el pronto en las dos ocasiones en que se le venció el plazo para hacerlo. No han invertido un centavo y se van a llevar gratis una infraestructura que, si tuvieramos que levantarla desde cero, costaría entre $2 mil y $4 mil millones de dólares. Los muelles de San Juan son la joya de la corona”, sentenció.
No obstante, Fernández puntualizó que lo más que le sorprende es que la JSF validó la transacción, que es contraria a los intereses de salud fiscal para Puerto Rico a largo plazo.
“Aquí hay un populismo que dice ´cuando venga Global lo muelles van a operar de maravilla´. Igual sí, igual los muelles operan de maravilla, pero el dinero que van a generar no se va a quedar en Puerto Rico, se lo van a llevar de aquí”, añadió.