Proyecto Dignidad (PD) comunicó que repudia la orden impuesta por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, obligando al uso de mascarillas en las facilidades físicas del cuerpo legislativo durante el mes de febrero.
Este martes, la representante y portavoz de la colectividad, Lisie Burgos Muñiz, fue expulsada del hemiciclo por no cumplir con la directriz.
PUBLICIDAD
“Estamos conscientes que hay personal que al presente ha optado por continuar con el uso de la mascarilla. También, se respeta a aquellos empleados, funcionarios o ciudadanos que voluntariamente escogen utilizarlas. Ahora bien, que se prive a los ciudadanos, empleados y hasta funcionarios electos del acceso a las facilidades de la Cámara de Representantes, incluyendo el hemiciclo, es una crasa violación a los derechos individuales de las personas en una democracia representativa como la nuestra. No podemos quedarnos impávidos ante estos atropellos que el pueblo lleva padeciendo desde el 2020”, explicó Burgos mediante declaraciones escritas.
Por su parte, el presidente y candidato a la gobernación de PD, Javier Jiménez, afirmó que apoyan “las libertades constitucionales de Lisie Burgos en su decisión informada y consciente de no utilizar la mascarilla, al igual que defenderemos a todos los ciudadanos que de manera informada y consciente así decidan no hacerlo. El gobierno, en su gestión constitucional, está impedido de infringir las libertades individuales de sus ciudadanos. Nos oponemos a este tipo de medidas impositivas sobre la obligatoriedad de uso de mascarilla y siempre defenderemos el derecho de los ciudadanos a ejercer su libertad de escoger si usa una mascarilla o no”.
Según informaron, como partido político, PD tiene como objetivo “defender las libertades individuales que protegen a los ciudadanos bajo un sistema constitucional republicano de gobierno. En estos asuntos el Estado tiene la función de brindar información fidedigna y certera a las personas de manera que puedan tomar decisiones y asumir responsabilidades, no de imponer mediante decretos de obligatoriedad el criterio de los funcionarios de gobierno de turno”.
