El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez arremetió contra la Rama Judicial acusándolos de “legislar para aprobarse un aumento salarial” tras la determinación del Tribunal Supremo que da paso a esta determinación con la desestimación de un recurso legal por parte de la cámara baja.
A través de declaraciones escritas, el presidente cameral aseguró que tras la radicación del recurso legal se notificó a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), razón que el Supremo indicó no se hizo por lo que se tomó la determinación de desestimar la moción. Además, confirmó que se estará preparando un recurso de reconsideración.
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“Todas las partes fueron debidamente notificadas dentro del término dispuesto por nuestro ordenamiento y así lo acreditamos ante el propio Tribunal. El efecto inmediato de esta sentencia – sin la firma de ninguno de sus ponentes – es que el Poder Judicial – particularmente los propios Jueces que emitieron este dictamen – se han legislado para sí mismos privilegios y beneficios en menoscabo de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que juraron defender, en un momento histórico donde la credibilidad de las instituciones públicas se encuentra en precario”, expresó Hernández.
En sus expresiones, Hernández, también recordó los cuestionamientos que se han hecho contra los jueces por los casos de violencia de género que han atendido y han terminado en la muerte de la víctima.
“La propia Rama Judicial no está exenta de estos cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación que han provocado la re victimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país, y la pérdida injustificada de vidas por la incompetencia de ese sistema que hoy se compensa a si mismo con bonificaciones y privilegios. El llamado es a la prudencia”, añadió.
Por último, el presidente cameral confirmó que estarán radicando un recurso de reconsideración ante la determinación del máximo foro judicial.
“Nuestros abogados están preparando un recurso de reconsideración, fundamentado en derecho – para que el Alto Foro Judicial adjudique esta controversia en sus méritos. La Cámara de Representantes no claudicará a la defensa de sus prerrogativas constitucionales ante el uso desmedido de un tecnicismo inconsecuente para obtener un beneficio personal en menoscabo del Poder Legislativo. Confiamos en que el Tribunal Supremo desistirá de este nefasto precedente”, dijo Hernández Montañez en declaraciones escritas.
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En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Puerto Rico desestimó la apelación de la Cámara de Representantes a la determinación del Tribunal de Primera Instancia con la cual se dio paso al aumento salarial en la Rama Judicial.
Según la sentencia del máximo foro judicial, se desestima el recurso presentado por la Cámara de Representantes debido a que la representación legal de la cámara baja no notificó a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) sobre la apelación. Además, se indica que la omisión de notificación llevó a la falta de jurisdicción del Tribunal Supremo para revisar el caso. Esta decisión confirma la sentencia del 17 de noviembre de 2023 del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo así la decisión sobre el incremento salarial de los jueces.
“La Cámara de Representantes debió conocer que en nuestra jurisdicción una persona se considera parte una vez de diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre esta. El desconocimiento de esto no constituye justa causa. En todo caso, lo antes expuesto, incluyendo que la propia sentencia que pretendía apelarse consta notificada a la OAT, debería haber llevado a que se le notificara el escrito de manera oportuna. Es decir, considerando su cuestionamiento, el abogado no debió esperar a plantear el asunto por primera vez en apelación, tras optar unilateralmente por no notificar el recurso a un organismo que ha sido emplazado y que es objeto de una sentencia que precisamente se pretendía apelar”, lee la sentencia.
“Por tanto, la omisión en notificar a la OAT de la presentación de la apelación dentro del término dispuesto para ello conlleva la desestimación del recurso, por no haberse perfeccionado”, añade.
El pasado 17 de noviembre del 2023, el juez superior Anthony Cuevas Ramos falló a favor del aumento salarial de los jueces en Puerto Rico, en la que declaró que la Resolución Conjunta 39-2023 es una ley especial que dispone este incremento.
El fallo requiere que la Oficina de Administración de Tribunales solicite a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto proceda a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto.
El caso, iniciado el 10 de noviembre de 2023 por el juez Ricardo Marrero Guerrero, argumentaba que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, concediendo el aumento salarial previsto en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. La demanda sostenía que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados para el aumento.
Anteriormente, la jueza del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, se había expresado a favor y exigió a la legislatura que aprobara la medida que daba paso al aumento en la judicatura.
Los aumentos implicaban un incremento del veinticuatro por ciento para el juez presidente, llevando su salario a 154,556 dólares; un veinte por ciento para los jueces asociados, alcanzando los 144,480 dólares; un veinticuatro por ciento para los jueces apelativos, sumando 130,579 dólares; un treinta y dos por ciento para los jueces superiores, llegando a 118,133 dólares; y un treinta y dos por ciento para los jueces municipales, con un total de 91,764 dólares. a la determinación del Tribunal de Primera Instancia donde se dio paso al aumento salarial en la Rama Judicial.
Según la sentencia del máximo foro judicial, se desestima el recurso presentado por la Cámara de Representantes debido a que la representación legal de la cámara baja no notificó a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) sobre la apelación. Además, se indica que la omisión de notificación llevó a la falta de jurisdicción del Tribunal Supremo para revisar el caso. Esta decisión confirma la sentencia del 17 de noviembre de 2023 del Tribunal de Primera Instancia, manteniendo así la decisión sobre el incremento salarial de los jueces.
“La Cámara de Representantes debió conocer que en nuestra jurisdicción una persona se considera parte una vez de diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre esta. El desconocimiento de esto no constituye justa causa. En todo caso, lo antes expuesto, incluyendo que la propia sentencia que pretendía apelarse consta notificada a la OAT, debería haber llevado a que se le notificara el escrito de manera oportuna. Es decir, considerando su cuestionamiento, el abogado no debió esperar a plantear el asunto por primera vez en apelación, tras optar unilateralmente por no notificar el recurso a un organismo que ha sido emplazado y que es objeto de una sentencia que precisamente se pretendía apelar”, lee la sentencia.
“Por tanto, la omisión en notificar a la OAT de la presentación de la apelación dentro del término dispuesto para ello conlleva la desestimación del recurso, por no haberse perfeccionado”, añade.
El pasado 17 de noviembre del 2023, el juez superior Anthony Cuevas Ramos falló a favor del aumento salarial de los jueces en Puerto Rico, en la que declaró que la Resolución Conjunta 39-2023 es una ley especial que dispone este incremento.
El fallo requiere que la Oficina de Administración de Tribunales solicite a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto proceda a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto.
El caso, iniciado el 10 de noviembre de 2023 por el juez Ricardo Marrero Guerrero, argumentaba que la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 39-2023, concediendo el aumento salarial previsto en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. La demanda sostenía que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no había realizado los trámites necesarios para el desembolso de los fondos asignados para el aumento.
Anteriormente, la jueza del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, se había expresado a favor y exigió a la legislatura que aprobara la medida que daba paso al aumento en la judicatura.
Los aumentos implicaban un incremento del veinticuatro por ciento para el juez presidente, llevando su salario a 154,556 dólares; un veinte por ciento para los jueces asociados, alcanzando los 144,480 dólares; un veinticuatro por ciento para los jueces apelativos, sumando 130,579 dólares; un treinta y dos por ciento para los jueces superiores, llegando a 118,133 dólares; y un treinta y dos por ciento para los jueces municipales, con un total de 91,764 dólares.
