El Senado aprobó hoy, jueves, varios proyectos que buscan enmendar leyes relacionadas al sistema de salud en la Isla.
Una de las medidas es el Proyecto del Senado 1190— de la autoría de los legisladores Javier Aponte Dalmau y Rubén Soto River— que busca crear la “Ley de Servicio de Etiquetas Parlantes en las Farmacias en Puerto Rico” con el objetivo de establecer responsabilidades a las aseguradoras médicas en cuanto a los servicios especializados que requieran las personas ciegas o con impedimento visual.
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La pieza legislativa reveló que la mencionada ley no insertó una definición de ciego o ceguera y sus clasificaciones, cónsono con aquellos reconocidos a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante este panorama, la medida sostiene que reconocen que se deben viabilizar los mecanismos necesarios para las personas ciegas o con deficiencia visual grave, de modo que se garantice un balance en estos servicios y preservar los objetivos de la ley.
“Resulta igualmente importante que no solo las farmacias de comunidad, quienes reconocemos ejercen una función y servicio de calidad y con alto compromiso hacia el paciente, sino también otros componentes de la cadena de salud asuman una función y responsabilidad en esta gesta, de forma que los ciudadanos con ceguera y deficiencia visual grave puedan contar con las herramientas necesarias”, lee el proyecto senatorial.
Del mismo modo, se recibió el Informe conjunto del Proyecto del Senado 1205 que tiene como finalidad enmendar la “Ley de la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Código de Seguros de Salud” para imponer requisitos a las cubiertas de medicamentos de las aseguradoras o planes médicos que operan en el país.
Según la senadora Ana Irma Rivera Lassén, el propósito de la medida es “garantizar que lo único que determine los tratamientos necesarios que todas las personas necesiten siendo pacientes, sea el criterio médico; el criterio médico, no el criterio costo efectivo de las aseguradoras. Para el análisis de esta pieza legislativa, se recibieron los comentarios del Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico y la Asociación de la Compañía de Seguros de Puerto Rico. Todas las ponencias fueron favorables, excepto la de la Asociación y Compañía de Seguros de Puerto Rico”.
“Lo que es una realidad, todos los días, en cualquier farmacia, en cualquier instancia, no solamente de personas con carencia de dinero, las aseguradoras aseguran una consistencia en reclamar el derecho de atropellar al paciente. Se adjudican esa capacidad de poder decidir en favor de su bolsillo y en contra de la salud. Yo estoy seguro que todo el mundo va a votar a favor de esta medida. No hay forma de votarle en contra, porque como bien lo establece la senadora, cada uno de nosotros, directo o indirectamente, ha sido una víctima de este atropello, de este secuestro que tienen las aseguradoras”, sostuvo el senador José Vargas Vidot.
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El informe conjunto de la Comisión de Salud y la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales favorece el proyecto y expone que las expresiones realizadas por los sectores que lo avalan garantiza que no se intervenga con el criterio médico de los proveedores de salud para determinar los tratamientos necesarios para un paciente.
Asimismo, proveer servicios de salud adecuados, lo cual incluye garantizar acceso a medicamentos que requieren los pacientes según los proveedores de salud autorizados y con los conocimientos requeridos para manejar el tratamiento de las diversas condiciones de salud, es indispensable para el bienestar y la calidad de vida de los puertorriqueños.
Por otro lado, se avaló el Proyecto del Senado 668, y se recibieron los informes de las Resoluciones del Senado 235, 716. También, la Resoluciones conjuntas de la Cámara 66, 256, y 473, y la Resolución concurrente de la Cámara 74.
El cuerpo legislativo recesó los trabajos de la séptima sesión ordinaria hasta el próximo martes, 6 de febrero a la 1:00 p.m.
