El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogió este lunes la recomendación emitida por el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, de no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde del municipio de Ceiba, Samuel Rivera Báez.
Según la organización, la investigación realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia (DIPAC), determinó que las alegaciones no procedían por no estar sustentadas con evidencia.
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“La DIPAC determinó que las alegaciones se basan en especulaciones y comentarios. Por ello, concluyó que no existe causa suficiente para creer que el alcalde incurrió en conducta de naturaleza delictiva”, detalló el organismo. “No se encontró causa suficiente para entender que Rivera Báez hubiese incurrido en ningún delito de naturaleza criminal, según dispuesto en el Código Penal de Puerto Rico”, abundó.
El primer ejecutivo municipal fue acusado de realizar mejoras en su hogar sin incluirlas en los informes de la Oficina de Etica Gubernamental (OEG), ceder el uso de un salón de una escuela libre de cuotas de arrendamiento y contratar a una compañía para que prestara servicios profesionales relacionados con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
El PFEI halló que el querellante, identificado como Ángel E. Vega Santiago, brindó información “muy vaga y general”, de la que no tenia propio y personal conocimiento. Además, especificó que las alegaciones de Vega Santiago consistieron en especulaciones y en opiniones, tanto suyas como de terceros, provenientes de redes sociales y programas radiales.
De igual manera, la agencia indicó que el exalcalde de Ceiba, Angelo Cruz Ramos y su pareja, Wanda Motta Arenas, se hicieron eco de las expresiones del querellante.
En marzo de 2023, el PFEI designó recursos para investigar la comisión de posibles actos contrarios a la ley por parte de Cruz Ramos y la exdirectora de Recursos Humanos de ese municipio, Briseida Medero Osorio. Sin embargo, en octubre de este mismo año el ente decidió archivar el caso. La investigación se originó por una querella de Rivera Báez.
