¿Cómo se dividen las 450 abdominales? 150 para cada juez.
No es que los jueces fueran a hacer ejercicio. “Es jerga criminal”, dice la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, sobre cómo se referían a los sobornos de miles de dólares con los que Leandro Norero, alias “El Patrón”, pretendía garantizarse salir de la cárcel.
PUBLICIDAD
Salazar es la cabeza detrás de una inédita investigación de la Fiscalía que reveló una trama delictiva sin precedentes en Ecuador, un país sumido en la violencia alimentada por grupos criminales ligados al narcotráfico y que lleva tres años superando sus propios récords de homicidios.
El llamado “caso Metástasis” fue revelado a mediados de diciembre, pero las autoridades han divulgado al paso de los días más detalles sobre la red de corrupción que puso en marcha “El Patrón”, quien fue asesinado en octubre de 2022 en la cárcel. Su muerte abrió el camino a una indagatoria que dio una radiografía de la mayor infiltración criminal en el sistema judicial ecuatoriano.
Los chat extraídos del teléfono celular del capo ecuatoriano, señalado por financiar a bandas delictivas locales y por sus vínculos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, son la médula del megaproceso judicial que revela los tentáculos de la corrupción y de la delincuencia organizada en las instituciones del Estado.
Hasta ahora, nueve jueces son investigados por delincuencia organizada. Entre ellos, un exmagistrado de la Corte Nacional que está en prisión preventiva y que llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura —el órgano rector judicial— hasta días después de que estallara el caso. También enfrentan cargos tres fiscales, tres funcionarios del sistema penitenciario —incluido un exdirector—, ocho policías y seis abogados.
Y esta semana, la Fiscalía formalizó ocho nuevas imputaciones, entre ellos, a su presunto testaferro, uno de sus abogados y varios operadores para planificar y gestionar delitos, según el Ministerio Público. En total, van 39 procesados.
PUBLICIDAD
Todo empezó con una denuncia anónima por lavado de activos en octubre de 2021 ante el aumento injustificado del patrimonio de la familia Norero y explotó hace un mes cuando llegó el resultado de la pericia a 15 teléfonos del capo ecuatoriano.
De uno de los celulares de “El Patrón” emanaron más de 19.000 folios de conversaciones que involucran a máximas autoridades judiciales del país, a miembros de la cúpula policial y penitenciaria, a políticos y a periodistas, según una revisión que The Associated Press hizo de los chats, llenos de faltas de ortografía y errores gramaticales.
—Recién acabo de hablar con ese j (juez) amor. Nada ahí hablando lo de Johanna en 10 días sale. Mañana iban a dar la resolución de isr (Israel). Pero están q piden mucho.
Así le contaba Norero a su entonces pareja su capacidad para sobornar a cambio de beneficios judiciales, en este caso, para su hermana Johanna y su hermano Israel.
— Y cuánto te pedía ese señor amor.
— Disque 300k (300.000 dólares).
Más adelante, Norero confirmaba la ayuda de policías para rescatar objetos que le fueron incautados. “Hasta los policías que están ahí ayudaron. El que nos está ayudando es un policía”.
De un juez de garantías penitenciarias decía: “Le voy a hacer un presente y tenerlo de nuestro lado”. Ese juez, identificado como la “momia”, recibió un departamento en la playa. Para una agente fiscal, el regalo del capo fue una cadena Cartier que la Fiscalía valoró en 8.000 dólares.
Resultado de la denuncia anónima por lavado de activos, “El Patrón” fue detenido en mayo del 2022 junto con su pareja, su madre, su media hermana y su hermano en un operativo en el que se incautaron 42 lingotes de oro, seis millones de dólares en efectivo, armas y varios vehículos.
Los diálogos de los chats del teléfono de Norero están llenos de palabras y expresiones que sirven como códigos para intentar enmascarar lo que realmente ocurría: sobornos a autoridades a cambio de ayudas.
Las “abdominales” son miles de dólares y los “j”, los jueces. Y a los “j” que reciben los sobornos se les llama “suicidas”, en una alusión a que son conscientes de la factura profesional que en algún momento pagarán por conchabarse con el capo ecuatoriano, según la descripción de las autoridades de las claves para entender las conversaciones.
“Peones” son los policías que filtran información, alteran pruebas, rescatan cuadros, esculturas y ropa que le fueron requisados de una casa al líder y que, en definitiva, “copian” (apoyan o responden) ante “El Patrón”.
El “ruso” es un asambleísta afín; el “turco”, un empresario de la ciudad de Guayaquil del que sospechaba “Ravioli”, “Marido”, “Po” o “Dady Yanky”, quien se presume que es el testaferro de Norero. “El estimado” es uno de sus abogados y recaderos; el “de la boina”, un periodista con el que mantenía una relación de camaradería; y “la momia”, el juez provincial que iba a ayudar a Norero y a su familia a salir bien librado del proceso penal y que era considerado una pieza clave.
Los “gatos” son miembros de su grupo criminal que enviaba para vigilar a sus objetivos, como hizo con el asambleísta y luego candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, por sacar a la luz datos que incomodaban a su círculo de confianza.
También pidió a los “gatos” seguir a la fiscal que llevaba su caso por lavado de activos. Incluso, planteó atacar su vehículo o a su familia si no se doblegaba ante los sobornos:
— Por último le hago meter unos Chiclazps
— Al carro de ella
— Para meterle miedo
Su abogado le responde que la fiscal siempre tiene custodia policial y él insiste en las amenazas.
— Podrán cuidarla a ella
— Full
— Pero no a la mamá hermanos
— Saquemos información de toda la familia
Instantes después, Norero, que estaba en la cárcel de Cotopaxi y manejaba su red delictiva desde su celular, recibe por mensaje y reenvía las coordenadas geográficas de la ubicación real de la fiscal en ese mismo momento. Pese a que “El Patrón” y su defensor, con el que chateaba, temían que estuviera en Estados Unidos pidiendo asistencia penal internacional para su caso por lavado de activos, la funcionaria aún estaba en Quito.
No se ha esclarecido cómo o quién enviaba al capo las ubicaciones en directo de sus objetivos.
Norero fue asesinado a principios de octubre de 2022 en la cárcel —sin ninguna condena en su contra—, el mismo día en que estaba prevista una audiencia para imputarle cargos por narcotráfico. En ese entonces, sólo lidiaba con un proceso por lavado de activos.
Con su muerte en una masacre carcelaria que dejó otras 14 víctimas y 60 heridos, se destapó la trama con extensas ramificaciones en lo público que era tan críptica en su lenguaje como explícita en sus intenciones.
“Que ponga precio y le damos pero nadie puede quedar preso”, requería el líder en una de las decenas de conversaciones sobre sobornos a los jueces que podían liberar a sus familiares o favorecerle en su causa penal.
“Dale a una periodista como que fue un accidente, a esa Sara Ortiz, nadie más jode. Que se le lleven el Cel (celular), se escapó en el forcejeo”, le sugería su supuesto administrador de bienes, que está prófugo de la justicia ecuatoriana en Miami por otra trama de corrupción hospitalaria, para acallar con actos de violencia publicaciones periodísticas sobre la trama.
Norero se arrogaba con ligereza y risas los elevados índices de muertes en las calles, contra los que el hoy presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha prometido luchar. “Jajaja están limpiando”, decía en un chat, para que “cuando salga tener todo limpio”, en referencia a la eliminación de miembros de bandas rivales.
También cuidaba a sus aliados. “Debemos dejar un precedentes para que vean que no dejamos botados a los jueces. Que vean el apoyo” o “Ayúdeme a sacar a esos policías del pito (problema). Que nos ayudaron ese día”.
Y pagaba por un trato favorable en la cárcel. “Ayudeme con unos depósitos”, “Pero. Q no registren sus cédulas”, ordenaba “El Patrón” premios de 1.000, 2.000 y 500 dólares. “Q les estoy dando a los guías de acá igual se están portando de altura”, decía sobre los guardias penitenciarios de la prisión de Cotopaxi. “Acá parece q yo fuera el director”, aseguraba en otra conversación.
Decía tener “llegada” y poder pedir “directamente a Pablo Ramírez”, director del servicio penitenciario del gobierno de Guillermo Lasso, que trasladasen a su hermana a otra cárcel por temas de salud. “Y sin ningún centavo”, presumía.
Ramírez salió del cargo dos días después de la masacre carcelaria en la que fue asesinado Norero.
Su influencia llegaba también a un “coronel que copia” hasta el punto de que el capo asumía gastos policiales. “Me pasó la factura de los mantenimientos de los patrullero jajaja”, decía en otro chat.
E incluso le consultaban antes de emitir sentencias sobre sus casos o los de sus parientes. “Jefe ese es el proyecto de sentencia que nos manda el J de Sto Dgo.!! Así saldría; igual léalo con detenimiento y nos hace saber cualquier observación; son 37 páginas”, le enviaba su abogado con dos documentos adjuntos a finales de julio de 2022.
“De una vamos con fe”, respondía sobre la petición de habeas corpus presentada en un juzgado de Santo Domingo para ser liberado.
Sin embargo, no volvió a ver la calle.
No hay ningún acusado por su asesinato, pero la montaña de chats expuestos ha abierto una brecha en el sistema judicial y policial del país, en lo que la fiscal general considera “una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado”.
