Las autoridades del Ministerio Público de Panamá investigan posibles delitos ambientales tras el cese de operaciones de una mina de cobre de la empresa canadiense First Quantum Minerals que generó masivas protestas en el país centroamericano.
El subsecretario de la Procuraduría General de la Nación, Azael Samaniego, y la fiscal superior de ambiente, Fátima Sánchez, encabezaron el jueves un recorrido e inspección ocular en la mina en la localidad de Donoso, al norte de la capital panameña.
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Es la primera acción judicial en el gigantesco proyecto luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que a fines de noviembre declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la subsidiaria de First Quantum para extraer, procesar y comercializar el metal por los próximos 20 años y prorrogable por 20 más sobre una zona boscosa tropical de 12.955 hectáreas.
Samaniego dijo a la prensa que la finalidad es recabar indicios y elementos de convicción ante denuncias presentadas de posibles delitos al medioambiente.
En agosto, grupos de ciudadanos y ambientalistas alertaron sobre la supuesta muerte masiva de peces y la contaminación de fuentes de agua en la zona de la mina. Defensores del medioambiente también denunciaron una actividad que, según ellos, ocasionaba una extensa deforestación.
La fiscal Sánchez detalló que en la diligencia contaron con la colaboración de peritos de química, toxicología, biología forense y planimetría para “determinar estas afectaciones a fuentes hídricas, fauna y flora en el área”.
The Associated Press pidió un comentario a la subsidiaria de First Quantum, a través de la empresa que divulga sus comunicados en Panamá, sin obtener respuesta de inmediato.
Simultáneamente, las autoridades de Panamá han anunciado lo que califican como un plan de cierre ordenado y seguro de la mina que podría extenderse varios años, al igual que las acciones que se tomarían para afrontar arbitrajes internacionales con la empresa, que ya advirtió que defenderá su inversión multimillonaria en el proyecto.
