Nayib Bukele llevó el miércoles su campaña de reelección a la presidencia de El Salvador más allá de las fronteras del pequeño país centroamericano para capitalizar su creciente popularidad en toda América Latina.
Durante un foro “Space” de dos horas en la plataforma X, antes Twitter, Bukele acusó a los críticos con sus controvertidas políticas de seguridad de intentar mantener a El Salvador y otras naciones en desarrollo bajo control.
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El político arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e instituciones internacionales similares alegando que “parecieran tener la misión de mantenernos en el subdesarrollo”. La CIDH pidió en abril el final del estado de emergencia instituido en marzo de 2022 y que suspende los derechos fundamentales para permitir que el gobierno intensificara su lucha contra las poderosas pandillas del país.
Bukele explicó que para transformar la realidad de El Salvador iniciaron cambiando las leyes, removieron jueces y fiscales y su partido ganó la mayoría en el Congreso, añadiendo que no solo recibieron críticas “sino que nos condenaron públicamente”.
“No bastaron las condenas públicas, vinieron a El Salvador a exigirnos que regresaremos todo como estaba antes. Pero tuvimos la valentía de no escucharlos. Aguantamos las condenas en su momento y creo que se cansaron de condenarnos”, agregó.
El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó la declaración de estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser informada sobre la razón de su arresto y a solicitar la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes considere sospechosos.
El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas o maras, o de cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.
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El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se capturó a 74.000 personas, de las cuales los jueces dejaron libres a más de 7.000 por falta de pruebas.
Bukele se tomó una licencia temporal el mes pasado para postularse a la reelección — a pesar de la disposición constitucional que lo prohíbe — y nominó a su secretario privado para ocupar su lugar. La Corte Suprema, copada por jueces seleccionados por los aliados del mandatario en el Congreso, dictaminó en 2021 que podría buscar un segundo mandato de cinco años en las elecciones del 4 de febrero.
En una de las encuestas más recientes, el 70,8% de los consultados aprobó el gobierno de Bukele y 97,7% consideró que la violencia ha disminuido. El sondeo elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por los jesuitas, dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas.
Según la encuesta, el 61,7% votaría por el partido de Bukele, el 2,6% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMLN) y el 1,5% por el derechista Arena.
Preguntado por la posibilidad de reformar la Constitución para avalar una reelección indefinida, Bukele dijo el miércoles que la legislación actual no lo permite, como tampoco autoriza los plebiscitos para tratar de reformar la Carta Magna.
“Tampoco es algo que esté buscando, la reelección indefinida”, señaló.
Bukele agregó que habló con uno de esos políticos extranjeros en un país donde la gente estaba harta de los partidos tradicionales: el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, un autoproclamado “anarcocapitalista” que ganó las elecciones tras una campaña contra lo que denominó como la casta política del país.
Durante una conversación de dos horas, según contó Bukele, le dijo que tendrá que enfrentarse a un sistema que no está de acuerdo con él.
“Le dije que le deseaba suerte, le deseamos lo mejor y esperamos que pueda superar esos obstáculos, el obstáculo de la realidad, así como el obstáculo del sistema que va a intentar bloquearlo y que es ‘No le vamos a dejar hacer los cambios que quiere hacer’”, dijo Bukele.
En 2015, El Salvador estaba considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, la Policía Nacional Civil contabilizó 214 muertes violentas, incluyendo las de 37 presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos choques con la policía y fuerza armada.
Un informe de Amnistía Internacional indicó que, desde la entrada en vigor del estado de excepción y hasta el mes de octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas. Por su parte, la ONG Socorro Jurídico Humanitario aseguró que 218 salvadoreños “han muerto por tortura o falta de tratamiento médico en las cárceles que son centros de tortura y muerte”.
Las maras están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13) en una lista de organizaciones criminales en 2012. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró un grupo terrorista, igual que a la pandilla Barrio 18.
