El presidente electo de Guatemala inicia 2024 con dos ítems en su agenda: preparase para asumir el cargo el 14 de enero y anticiparse con medidas legales a los intentos para impedírselo.
Bernardo Arévalo, ganador de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, lidia con una arremetida judicial, liderada por la fiscalía, contra él, su partido y contra el mismo proceso electoral que ha sido rechazada por organismos internacionales y países como Estados Unidos por desestabilizar la democracia guatemalteca.
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En conversación con The Associated Press, reconoció que los días previos a la toma de posesión seguirá presentando acciones legales “contra la persecución política corrupta que hacen desde el Ministerio Público”.
La prueba definitiva del traspaso de poderes será en menos de dos semanas, con el antecedente de que el presidente saliente, Alejandro Giammattei, ha prometido soltar el cargo. Pero antes, el 10 de enero, debe presentarse ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos — que ha presionado para que se respete la democracia— para contar su versión de la crisis que vive el país.
Si todo concluye como está previsto en la ley, es decir, con la asunción del nuevo presidente, el 14 de enero culminará un año de zozobra electoral en Guatemala caracterizado por la convulsión política y la incertidumbre.
Aunque, en paralelo, la fiscalía no ha cesado en sus requerimientos contra los actores electorales ni su investigación por un presunto fraude electoral y fraude en la compra del sistema informático que dio un conteo rápido de votos.
Ante la petición del Ministerio Público, el pleno del Congreso retiró la inmunidad el último día de noviembre a los magistrados electorales y estos abandonaron el país. La sede del Tribunal Supremo Electoral ya había sido allanada varias veces, algunos empleados han recibido órdenes de detención y las actas que recogían los resultados de las elecciones fueron secuestradas.
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En respuesta, Estados Unidos le restringió la visa de entrada al país a más de 100 diputados que votaron para retirar la inmunidad a las autoridades del TSE y a otros 200 empresarios, funcionarios y sus familias, que estarían apoyando frenar la transición de gobierno.
“Lo eligieron (a Arévalo) porque hay un pueblo que se siente que no ha participado de los beneficios de la democracia, que ha estado marginado, que ha visto corrupción; la democracia no se come, la democracia tiene que beneficiar a la gente”, dijo en una de las visitas a Guatemala José W. Fernández, subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos
Desde Washington se han impulsado sanciones contra actores antidemocráticos y enviado varias misiones para mostrar su respaldo a una transición pacífica y democrática.
Tras vivir una cruenta guerra de 36 años, que dejó miles muertos, Guatemala afronta hoy la incertidumbre de si el nuevo presidente electo podrá tomar posesión de su cargo mientras en las calles hay aún algunas protestas y un plantón frente a la fiscalía que dura casi tres meses.
En octubre, durante 20 días, líderes indígenas y campesinos mantuvieron bloqueos de carreteras y manifestaciones multitudinarias como rechazo a lo que consideran una cooptación del sistema judicial que se reforzó en el actual gobierno y que puso a tambalear la democracia y el futuro del país.
Arévalo, que participó en estas elecciones por primera vez como candidato, no gobernará en miel sobre hojuelas. El Congreso liderado por la oposición —que hoy es oficialista— ya le ha dejado las manos atadas con un presupuesto que entregó más recursos al Ministerio Público y desfinanció en parte carteras como Salud y Educación.
El nuevo gobierno ha denunciado que este reparto de asignaciones presupuestarias imposibilita cumplir con promesas de campaña.
“Lo que le espera a Arévalo, si logra tomar posesión, es un país profundamente polarizado donde no va a tener mayoría en el Congreso y por lo tanto donde va a tener muchas dificultades en concretar su agenda de gobierno”, dice Tiziano Breda, investigador experto en América Latina del Istituto Affari Internazionali de Italia.
“Se va a enfrentar constantemente a un Ministerio Público hostil “, subrayó además. Y “va a continuar siendo una situación de mucha volatilidad, polarización política y de conflicto entre órganos del Estado”.
Y esto aun cuando ganó la segunda vuelta electoral con un respaldo popular del 60,9% de los votos, en unos comicios que ya arrancaron con controversia por el impedimento del Tribunal Electoral a varios partidos para inscribirse.
