El alcalde del municipio de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, denunció este miércoles que la “Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico” —Ley Núm. 83 de 25 de 1963—, la cual prohibe la tenencia, uso, fabricación, importación y venta de estos artículos, “queda en letra muerta”.
Ortiz Velázquez señaló que, aunque la redacción del documento —enmendado en el 2004 y 2006— para él es adecuado y completo, “no se está aplicando con toda su fuerza”.
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“Mi mayor preocupación son los niños con condiciones especiales, las personas de edad avanzada y las mascotas, que se afectan particularmente con dichas explosiones”, dijo el funcionario en declaraciones escritas.
De hecho, según la presidenta del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico (CPTOPR), Anette Quiñones Miranda, los ruidos fuertes y estallidos que generan los fuegos artificiales pueden aumentar el estrés, ansiedad y provocar miedos que afectan la salud y estabilidad de las personas.
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El expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) hizo un llamado al Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía, y también a las autoridades federales.
“Este es un tema de análisis (...) pues en Puerto Rico no se fabrican estos explosivos. Vienen del extranjero y todos los puertos, aeropuertos y el correo están bajo jurisdicción federal”, añadió. “El resultado lo veremos más claramente según se vaya acercando le celebración del Año Nuevo (dentro de cuatro días). Ahí habrá un elemento de comparación”, señaló.
La Ley Núm. 83 prohibe el tener, usar y fabricar, así como la importación, venta, ofrecer o entregar a cualquier persona los productos de pirotecnia. De la misma forma, la ley añade las luces de bengala, “big bomb”, “saturn missile”, “flash cracker”, “artillery shell”, “pulling firecrackers”, “thunder bomb firecracker”, “whistling moon traveler”, entre otros.
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Asimismo, la medida establece hasta seis meses de cárcel y/o $5,000 de multa en los casos que se ocupe hasta diez unidades de material pirotécnico y más de seis meses de cárcel y multa mayor de los $5,000 cuando se ocupen más de diez unidades.
El pasado 4 de diciembre, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) informó que había decomisado 25 toneladas de pirotecnia ilegal para esta época navideña, sobrepasando por más del 60 por ciento las incautaciones de 2022.
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Cataño prohíben uso de pirotecnia
La semana pasada, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, reiteró la prohibición del uso de pirotecnia aérea y explosiva en las actividades oficiales del municipio, así como en las instalaciones bajo su jurisdicción.
Además, exhortó a la ciudadanía en general a limitar el uso de estos explosivos por los daños que producen.
La disposición se estableció mediante la Orden Ejecutiva 27, Serie 2022-2023, con el fin de cuidar por el bien común de los ciudadanos, en particular de los niños con autismo, adultos mayores, bebés, personas con stress post-traumático, como también las mascotas.
“Hemos establecido esta prohibición por el bien de nuestros ciudadanos más vulnerables, al igual que para para proteger y preservar la calidad de vida de nuestras mascotas” indicó el ejecutivo municipal en aquel momento.
