Una jueza de El Salvador ordenó la captura del expresidente Alfredo Cristiani y de varios exdiputados que conformaron la junta directiva del Congreso salvadoreño en 1993, a los que se les acusa del presunto delito de encubrimiento en relación con la masacre El Mozote perpetrada en 1981, al impulsar una ley de amnistía que según los críticos benefició a militares señalados por ese caso.
En la resolución publicada en la red social X, la jueza de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, indica que los imputados ayudaron a un grupo de militares, algunos de ellos de alto rango, “a eludir la acción de la autoridad mediante una Ley de Amnistía”, promulgada el 22 de marzo de 1993. Agregó que con esa ley “les garantizaba plena y absoluta impunidad” a los autores materiales e intelectuales de la masacre, “haciendo imposible que las autoridades judiciales pudieran hacer justicia a las víctimas”.
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La matanza El Mozote fue perpetrada por la fuerza armada en 1981 en pleno conflicto armado en el país centroamericano y dejó casi millar de campesinos fallecidos, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, según las investigaciones.
Cristiani, del derechista Partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y quien gobernó entre 1989 y 1994, está prófugo de la justicia. El exgobernante también está siendo procesado por el supuesto delito de comisión por omisión relacionado con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ejecutado por un comando de las fuerzas elite del ejército, el 16 de noviembre de 1989.
La orden de detención girada por Portillo de Cruz también va para los ex directivos del Congreso Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores. Asimismo contra los exdiputados René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
Más de tres décadas después de la masacre, un juez salvadoreño reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema derogó la Ley de Amnistía General de 1993 que impedía investigar delitos de lesa humanidad y crímenes cometidos durante la guerra civil.
De los 18 exmilitares citados por la justicia en marzo de 2017, varios habían fallecido o fueron retirados del proceso y los que se presentaron negaron su participación alegando que muchos archivos se perdieron durante el conflicto o fueron destruidos.
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Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, entonces comandante del batallón Atlacatl, al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia, y a otros seis oficiales que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por Cristiani.
Monterrosa y Azmitia murieron en El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando el helicóptero en el que viajaban explotó por una bomba colocada por la guerrilla.
