La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) aprobó, bajo la Sección 207 de PROMESA, un financiamiento de $21,502,093 para la construcción de viviendas asequibles en el Municipio de Guaynabo.
Este acuerdo entre la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (AFV) y FirstBank Puerto Rico busca respaldar la edificación de un complejo habitacional con 102 unidades.
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“La Transacción de Deuda contempla que los recaudos serán prestados a Nordenblick LLC como prestatario de la AFV para financiar parcialmente los costos de construcción en la nueva construcción de un complejo de vivienda asequible de 102 unidades y para cubrir los costos financieros y legales de la Transacción de Deuda”, lee la misiva de parte del director ejecutivo de la Junta Robert Mujica.
El financiamiento, libre de garantías gubernamentales, será respaldado por fondos federales, como el Community Disaster Block Grant - Disaster Relief y el Low-Income Housing Tax Credit. Esta transacción representa el duodécimo proyecto de vivienda asequible aprobado bajo esta ley.
“La Junta de Supervisión aprueba por la presente la Transacción de Deuda propuesta para que la AFV celebre un contrato de crédito con Firstbank”, añade la carta enviada al Secretario de Estado Omar Marrero.
De igual manera, la Junta aprobó la transferencia parcial de fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR). La UPR había solicitado una revisión y aprobación de una transferencia de $20 millones bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), vinculada a la implantación exitosa de un Programa Piloto de Servicios Compartidos.
Tras revisar la documentación, la Junta de Supervisión determinó que una transferencia completa era prematura y aprobó una transferencia parcial de $10 millones.
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“La aprobación depende de la implantación exitosa del Programa Piloto de Servicios Compartidos”, lee la carta.
La UPR debe certificar transferencias presupuestarias entre recintos, ejecutar objetivos definidos en el programa piloto y mostrar progreso en indicadores clave de desempeño por campus, entre otros requisitos.
La Junta reconoció los esfuerzos de la UPR y exhortó a seguir trabajando en la implementación del Programa de Servicios Compartidos. Además, se instó a la UPR a centrarse en aspectos como la Política de Servicios Compartidos, métricas de evaluación del personal no docente y la actualización del Plan de Clasificación y Remuneración.
Se aprobó una extensión para el uso de los $10 millones restantes hasta junio de 2024, sujeta a la presentación de un informe final que detalle el progreso en la implantación del programa en recintos específicos. Se espera que la UPR presente documentos de apoyo, incluyendo métricas para el éxito del programa, antes del 31 de mayo de 2024.
“Una reevaluación para la transferencia de los $10 millones restantes se llevará a cabo una vez la UPR someta un informe final, certificado por la Junta de Gobierno de la UPR, detallando su progreso en la implantación total del Programa en los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado”, expone la misiva dirigida a Luis A. Ferrao presidente de la UPR.
Además, la Junta le pidió ala UPR someter los documentos de apoyo, incluyendo las métricas para el éxito del Programa, a más tardar el 31 de mayo de 2024.
