Un informe de la Contaloría de Puerto Rico reveló que el municipio enmendó un contrato de $84,500 para la construcción de una verja y tres mallas en el Auditorio Juan Pachín Vicens sin haber realizado cotizaciones para la construcción adicional de tres pórticos por $60 mil.
Esta situación contraria a la legalidad vigente, impidió que el municipio tuviese alternativas de mejores ofertas a su consideración.
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La auditoría de cinco hallazgos señala múltiples deficiencias con las conciliaciones bancarias y los inventarios de recibos y cheques. Por ejemplo, al 15 de junio de 2022, la preparación de las conciliaciones de las cuentas de Nómina y de Concentración estaban seis meses atrasada, y la conciliación de la cuenta de Libramiento, nueve meses atrasada. Además, el tesorero municipal, al asumir la responsabilidad del manejo de los cheques en blanco y las libretas de recaudaciones, no realizó un inventario, y el contador delegado para preparar el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos, no imprimía el Informe Mensual ni procuraba la aprobación de la directora de Finanzas.
Por otro lado, se hizo una transferencia de créditos por 649,050 dólares, sin la autorización de la legislatura el 5 de febrero de 2020. Para efectuar esta transferencia, que rebajó las asignaciones presupuestarias de 39 partidas, se utilizó una resolución que no estaba firmada por la entonces alcaldesa. Esta situación no permite mantener un control de los balances en los fondos y partidas presupuestarias, entre otras.
Los auditores detectaron que al 77 por ciento de los expedientes de los participantes del Programa de Asistencia Económica para el pago de hipotecas atrasadas, le faltaba la certificación o carta que validara que los participantes no habían recibido asistencia de otro programa federal. Este por ciento representó la cantidad de 97,485 dólares en pagos a los bancos. El Programa asistió a los dueños de viviendas afectados por la crisis económica tras la pandemia del COVID-19. Esta deficiencia podría afectar adversamente futuras asignaciones de fondos federales.
La encargada de la propiedad del Municipio, no realizó el inventario físico anual de la propiedad mueble desde el 2019 al 2021. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-21-24 del 29 de octubre de 2020.
La auditoría comenta que el Municipio tuvo que pagar 100,000 dólares al Departamento de Energía de los Estados Unidos, por haber contratado servicios profesionales para la instalación de un sistema fotovoltaico sin haber obtenido al menos, tres propuestas. Este hallazgo de incumplimiento con la regulación federal, publicado en el Informe de Auditoría M-16-49 de 2016, provocó el reclamo de estos fondos del Energy, Efficiency and Conservation Block Grants.
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Además, el Municipio tuvo que pagar 50,000 dólares para poner fin a las demandas presentadas por empleados municipales. Este desembolso disminuyó los recursos de Ponce para atender otras necesidades y servicios a los ciudadanos.
Al 30 de agosto de 2022 estaban pendientes de resolución por los tribunales, 17 demandas civiles presentadas contra el Municipio por la suma de 4,709,215 dólares.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Ponce cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
El presupuesto del Fondo General del Municipio fue de 82,733,960 dólares para el 2018, 82,436,605 dólares para el 2019, 82,546,631 dólares para el 2020, 93,852,685 dólares para el 2021 y 92,342,794 dólares para el 2022.
Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados por 48,311,306 dólares para el 2018, 33,058,781 dólares para el 2019, y 21,904,236 dólares para el 2020. Para los años fiscales de 2021 y 2022, los estados financieros reflejaron superávits de 3,605,502 dólares y 5,774,487 dólares, respectivamente.
Este segundo y último informe de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021.
