SANTIAGO (AP) — Un hombre con carteles colgando de su cuerpo en los que se lee “No votar o anular”, “Rechazo”, “Que se vayan todos” vocifera contra los políticos apoyado en una valla frente a la casa de gobierno de Chile. Está solo y nadie parece escucharlo aunque habla a través de un altavoz.
La escena contrasta con las masivas protestas de 2019 en reclamo de más derechos sociales y que forzaron el inicio de un proceso que pretendía enterrar para siempre la Constitución elaborada por los militares en 1980.
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Hubo una propuesta ambiciosa y progresista, pero el texto fue rechazado en las urnas en 2022.
A cuatro años del violento estallido social que sorprendió al mundo por darse en uno de los países considerados más estables de América Latina, Chile votará el domingo por una segunda iniciativa constitucional.
Los votantes tendrán que elegir entre seguir con el texto del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), que han usado durante más de tres décadas de democracia con numerosas reformas, o aprobar uno todavía más conservador que prevé un Estado con menos peso y menos recursos y podría limitar algunos derechos.
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el centro de Santiago, donde estudian muchos de los que participaron en el estallido de 2019, cunde el desánimo. Apenas hay publicidad electoral cerca de un par de muros descascarados que recuerdan a algunos de los muertos en los enfrentamientos con la policía.
“La esperanza se fue perdiendo con el tiempo”, explicó Malen Riveros. “Ya se olvidó por qué salimos a la calle”, se lamentó la joven de 19 años que, pese a todo, dice que protestar tuvo sentido aunque ahora deban elegir entre lo malo —un segundo fracaso constitucional— y lo peor —un retroceso—.
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Las últimas encuestas dan una ventaja al rechazo al texto aunque la diferencia se ha ido estrechando en las últimas semanas, el porcentaje de indecisos alcanza los dos dígitos en algunos sondeos y nadie descarta sorpresas.
“Es una vergüenza como país que la clase política haya desaprovechado esa energía redactando primero una propuesta de Constitución con populismos de izquierdas y ahora de derechas”, se quejó Francisco Sepúlveda, un joven que con solo 21 años ya ha ido ocho veces a votar, un ejercicio que ha acabado hartando a muchos chilenos.
La angustia de Sepúlveda es comprensible. Chile ha oscilado entre la izquierda y la derecha mientras buscaba una especie de renacer político y social de la mano de una nueva Constitución, un objetivo apoyado en 2020 por el 80% de los electores en un referendo no obligatorio.
Conseguir una nueva carta magna no sólo era simbólico por ser un legado de la dictadura sino también necesario si se quería dotar de más herramientas al Estado para resolver problemas tan básicos como la salud o la educación, explicó Pamela Figueroa, de la Universidad de Santiago de Chile. Como ejemplo recordó que durante la pandemia hubo que aprobar reformas constitucionales para poner en marcha medidas de salud universales y gratuitas dado el papel prioritario que la Constitución otorga al sector privado.
Desde 2021 los chilenos han elegido en las urnas dos asambleas constituyentes, con un cambio de gobierno de por medio. La primera tenía una mayoría de izquierda muy diversa --apoyada por el actual presidente Gabriel Boric— y redactó un texto rechazado abrumadoramente en 2022 en un plebiscito obligatorio.
La segunda, de tinte totalmente opuesto, presentó la propuesta actual, considerada por el oficialismo y la centroizquierda un retroceso en algunos derechos básicos pero que según la oposición conservadora dará certidumbre y estabilidad a Chile además de atajar las principales preocupaciones de la sociedad como la inseguridad.
Para Javier Couso, académico chileno y experto en constitucionalismo global en la Universidad de Utrecht, en Holanda, el nuevo texto no atenta contra el Estado de Derecho o la democracia pero supone una “insólita profundización del modelo neoconservador económico” que reduce la presencia del Estado. Además, agregó, es una carta magna que aunque incluye algún derecho nuevo —como el de los pueblos indígenas—, está llena de contradicciones que tendrán que decidir los tribunales.
El texto declara a Chile un Estado social democrático que “promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales” a través de instituciones estatales y privadas. Para el oficialismo, aunque haya libertad de elección en salud, educación y pensiones sólo podrán escoger quienes tengan recursos económicos.
Algunos de sus puntos más controversiales se centran en cambios como el artículo que protege a “quien está por nacer” y que para muchas organizaciones de mujeres allanaría el camino para derogar el aborto terapéutico en tres causales —violación, peligro de vida de la madre o inviabilidad del feto— que rige desde 2017.
Otro artículo polémico es el que deja exentos del pago de contribuciones a los inmuebles destinados a la vivienda principal. Muchos alcaldes lo rechazan porque aseguran que el 58% de los ingresos municipales destinados a las obras públicas provienen de esas contribuciones.
Según los académicos, varios factores explican el viraje político tan radical. Uno es la incapacidad de los políticos de generar consensos amplios y transversales y otro el cambio de prioridades de la sociedad en los últimos años. Hoy Chile ya no piensa tanto en la desigualdad social sino en temas como la delincuencia.
“Todo lo que tenga que ver con la seguridad es el tema en boga”, dijo Oscar Vargas, administrativo de un museo. Por eso esta semana consiguió una copia gratuita de la propuesta constitucional para repasar los puntos relativos a la delincuencia y poder determinar su voto más informado.
Las estadísticas oficiales muestran un aumento en los robos, homicidios y otros delitos violentos y pese a que el país sigue estando a la cola de América Latina en criminalidad, para los chilenos el tema es procupante. Eso ha alimentado los discursos de mano dura de los conservadores y ha forzado al gobierno de Boric a establecer políticas más contundentes contra la delincuencia común, el crimen organizado y la inmigración irregular.
De hecho uno de los puntos del texto constitucional que los académicos consideran más polémico es el que incluye el derecho “a la seguridad ciudadana”. Según Couso, convertirlo en un “derecho judicializable” puede tener un efecto contrario al deseado y que le haga perder agilidad al Estado frente al crimen organizado.
Las promesas de una vida más segura han sido las más utilizadas por la campaña conservadora y atraen incluso a migrantes ya instalados en el país.
“La situación últimamente con los migrantes ilegales está cada día peor”, dijo Sofía Bonilla, una enfermera colombiana que ya tiene derecho al voto en Chile y que apoyará el nuevo texto porque no quiere ver a Chile como a Colombia, “lleno de delincuencia, de narcotráfico”.
Si la propuesta es rechazada, el presidente Boric adelantó que no habrá un tercer intento. Si es aprobada será un duro golpe para el mandatario y dará paso a un complicado camino en un Parlamento dividido y sin la mayoría necesaria para poder sacar adelante fácilmente las iniciativas que el texto constitucional propone.
“Gane el sí o gane el no habrá pelea todos los días”, dijo Elías Bascur, de 67 años, quien trabaja en un kiosco frente al Palacio de la Moneda del que hace 50 años tuvo que salir corriendo cuando cayó la primera bomba sobre la sede presidencial durante el golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973.
Bascur se quejó de que “esté el gobierno que esté” él tiene que trabajar igual “para una pensión que va ser una miseria” y que votará para evitar la multa que puede superar los 200 dólares.
