El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el sábado que seguirá las conversaciones con la Junta de Control Fiscal (JCF) antes de decidir qué hará con el proyecto de enmiendas al Código de Rentas Internas.
“Mi meta es poder darle un alivio a nuestro pueblo, por lo que estaré haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrlo. En la carta, la Junta abre la puerta para poder lograr algún tipo de negociación, por lo que antes de decidir el próximo paso a tomar, estaré propiciando conversaciones entre nuestros equipos fiscales en busca de un alivio contributivo para nuestra gente”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.
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“Estoy en desacuerdo con la Junta tanto en cuanto al costo como en cuanto al impacto en nuestra economía del proyecto de alivio contributivo que nuestro pueblo merece y que promovería el desarrollo económico sostenible que queremos para Puerto Rico. Hemos tenido múltiples reuniones con el equipo de la Junta y le hemos brindado nuestros estimados y nuestros números, los cuales siempre han estado más acertados que los números de la Junta. Sin embargo, la Junta continúa oponiéndose al alivio por sus proyecciones a largo plazo, que incluyen que en 5 años el gobierno federal nos eliminaría gran parte de los fondos que recibimos bajo el programa de Medicaid. No obstante, nosotros estamos convencidos de que, al igual que ha ocurrido anteriormente, el Congreso mantendrá un financiamiento adecuado para el Plan Vital”, añadió.
El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel anticipó el sábado que si el gobernador firma el Proyecto de la Cámara 1839, utilizarán todos los mecanismos disponibles para frenar su implantación.
“La Junta se reserva todos sus derechos, incluido el de emprender acciones para anular el Proyecto de la Cámara 1839 en caso de que se promulgue en violación de PROMESA. Esperamos que tales acciones sean innecesarias”, dijo Skeel en declaraciones escritas.
“La Junta determinó que el Proyecto de la Cámara 1839, el cual representa uno de los mayores recortes contributivos en la historia reciente de Puerto Rico, y que llega a tan solo un año de que Puerto Rico emerge de su quiebra, perjudica y frustra los propósitos de PROMESA. En consecuencia, el Gobierno tiene prohibido promulgar, implementar o hacer cumplir la medida”, añadió.
No obstante, Skeel le informó al gobernador que están dispuestos a reunirse “con él y la Asamblea Legislativa para trabajar juntos en identificar los recursos que permitan un posible alivio contributivo no recurrente que beneficie a los contribuyentes en este año fiscal, en el marco de las prioridades de gasto ya establecidas por el Gobierno”.
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“La Junta de Supervisión exhorta al gobernador a no firmar el Proyecto de la Cámara 1839, y a colaborar con la Junta de Supervisión y la Legislatura en el desarrollo de una medida que brinde un alivio contributivo inmediato de manera fiscalmente responsable, así como una reforma contributiva integral que sea consistente con el Plan Fiscal y con el proceso presupuestario”, sostuvo Skeel.
Según Skeel, el Proyecto contributivo reduciría los ingresos del Gobierno en unos 750 millones de dólares este año fiscal y en unos 3,000 millones de dólares en cinco años.
