El exfiscal Pedro Berríos, quien anteriormente sirvió en la División de Integridad Pública, aseguró que es posible crear un Tribunal Especial para investigar a los responsables de la crisis en Puerto Rico.
Esto ante la propuesta del candidato a la gobernación por la Alianza PIP-MVC Juan Dalmau, de establecer un tribunal especial para procesar a los responsables de la deuda y quiebra de Puerto Rico, en un intento por abordar la crisis económica que condujo a la legislación federal PROMESA.
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El licenciado reconoció la posibilidad de que, en caso de victoria en las elecciones y con el apoyo legislativo, Dalmau podría legislar la creación de un cuerpo investigativo. Sin embargo, señaló que la viabilidad de procesar penalmente a los implicados depende en gran medida de la recopilación de pruebas y la jurisdicción de los presuntos delitos.
En entrevista con Metro Puerto Rico se le consultó a Juan Dalmau, acerca de alguna propuesta innovadora que pudiera causar un impacto inesperado en las elecciones generales de Puerto Rico, similar a movimientos que han desafiado la tradicional hegemonía política en otros países, Dalmau mencionó la posibilidad de enjuiciar a los implicados en la crisis que condujo a la Ley PROMESA y la formación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Deberíamos instaurar un Tribunal de Verdad y Justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel”, planteó.
“Los hallazgos de carácter penal deben ser remitidos al Departamento de Justicia para su procesamiento, basándose en delitos que estuvieran vigentes en el momento de cometerse los actos”, afirmó Berríos. “La dificultad para probar este tipo de delitos radica en la recopilación suficiente de pruebas y en la existencia de delitos que no hayan prescrito”.
Berríos también señaló que, aunque una comisión de verdad y justicia, como la propuesta por Dalmau, podría dirigirse hacia la rectificación histórica y la transparencia, procesar penalmente a los responsables podría resultar más desafiante. “Dependerá de la capacidad de recopilar pruebas suficientes y de que el Departamento de Justicia proceda con el procesamiento”, añadió.
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El exfiscal también mencionó la posibilidad de establecer salas especializadas en el sistema judicial para abordar estos casos, similar a las existentes para delitos como la violencia doméstica, el narcotráfico y casos de salud mental,
“Crear un tribunal especial no es para usarlo criminalmente contra nadie, sino para aplicar los estatutos penales vigentes en el momento de cometerse los delitos”, expresó Berríos. “La Constitución estatal y federal prohíben la creación retroactiva de delitos, y establecer un tribunal especial sería contravenir este principio constitucional”.
Además, señaló que este órgano tendría que operar dentro de los marcos legales existentes al momento de los hechos. “Legislar para establecer un tribunal o convencer a los tribunales existentes para crear uno especializado en estos casos sería un desafío, ya que los tribunales tienen su autonomía”, agregó.
El exfiscal sugirió la posibilidad de crear un brazo investigativo, similar a una agencia especializada, con fiscales del Departamento de Justicia, en lugar de un tribunal específico. “Podrían considerar algo similar a una unidad investigativa especializada, pero deberían tener autoridad fiscal para hacerlo”, explicó.
De igual forma, destacó la necesidad de respetar los límites legales y constitucionales al abordar esta propuesta, subrayando que no se puede crear una instancia judicial para enjuiciar casos retroactivamente.
