SAN SALVADOR (AP) — Amnistía Internacional denunció el martes una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos en El Salvador y alertó sobre una gradual sustitución de la violencia de las pandillas por violencia estatal, cuyas víctimas siguen siendo personas de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechados por la criminalidad.
“El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador en los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de derecho ha llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo en conferencia de prensa, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
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Acompañada de varias representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de El Salvador, Piquer presentó el informe de Amnistía Internacional, basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas.
El reporte documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública; la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso, “el uso sistemático de tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales”.
Dicen que, en el marco de la aplicación del régimen de excepción, vigente desde el 22 de marzo de 2022, han verificado cómo las autoridades salvadoreñas “han restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo en derecho a la vida y la prohibición de la tortura”.
Amnistía Internacional reveló que tuvo acceso a las bases de datos de organizaciones de sociedad civil y según su análisis, demuestra que las víctimas de las detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: “un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas”.
Piquer criticó la implementación de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas, con la que el gobierno sostiene que ha bajado sustancialmente el índice de criminalidad con una actividad casi nula de las pandillas que por años habían aterrorizado al país.
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En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
En 2023, la Policía Nacional Civil contabiliza 195 homicidios entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, un 67% menos que los 598 del mismo período del año anterior.
