Las autoridades dieron a conocer este jueves, que los sistemas de la alcaldía de Río Grande fueron blanco de un ataque cibernético.
De acuerdo al reporte policial, los hechos fueron reportados a eso de las 9:00 de la mañana y se estima un daño de 75 mil dólares al sistema.
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Según el oficial de Informática del municipio, el ataque fue detectado el pasado lunes cuando notaron la falta de datos en los monitores, confirmándose posteriormente como un ataque de hackers que introdujeron un virus y corrompieron el portal y contenido municipal.
Agentes del Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajardo, junto a la división de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, están llevando a cabo la investigación del incidente.
Acusan a joven puertorriqueña por 13 amenazas a escuelas y hospitales de Texas
Victoria Gabriela Rodríguez Morales fue acusada por un gran jurado federal el miércoles, por supuestamente realizar trece amenazas interestatales entre mayo y octubre de 2023, dirigidas a escuelas, hospitales y la ley en Uvalde, Texas.
El fiscal federal, W. Stephen Muldrow, expresó la intolerancia de su oficina hacia las amenazas ilegales, especialmente “aquellas dirigidas a víctimas del tiroteo masivo en Uvalde, Texas”.
“Realizar amenazas de violencia, en cualquier contexto, es un comportamiento inaceptable. Las amenazas a escuelas y otras instituciones públicas constituyen un delito federal”, dijo por su parte, Joseph González, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, en declaraciones escritas.
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Según la acusación, Rodríguez-Morales usó Gmail, Instagram, Facebook y Kick.com para emitir sus amenazas. Entre estas, incluyó amenazas de disparos en la escuela secundaria de Uvalde y en el colegio Texas A&M, así como de explosivos en hospitales. También amenazó con matar a Kimberly Mata-Rubio, cuya hija fue asesinada en el tiroteo de Uvalde, si ganaba las elecciones a la alcaldía.
Una de las amenazas anteriores de Rodríguez-Morales resultó en el cierre temporal de una escuela en Texas. Cada uno de los trece cargos conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. La sentencia será determinada por un juez de distrito federal tras considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.
La acusación está siendo procesada por la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Jeanette Collazo Ortiz de la División de Crímenes Violentos. La investigación está a cargo de las Divisiones de Ciber y Crímenes Violentos del FBI de San Juan, con colaboración del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Cabe destacar que una acusación es simplemente una alegación y todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
